Entidades sociales exigen al Govern medidas efectivas contra la pobreza energética
El Govern de la Generalitat tiene pocos días para cumplir su compromiso de enmendar el decreto de medidas contra la pobreza energética aprobado el año pasado. El decreto, considerado un fracaso por la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social, que han comparecido este viernes, planteaba medidas de apoyo a las familias que durante los meses de invierno no pudieran hacer frente a las facturas de luz, agua y gas.
El decreto, sin embargo, sólo obligaba a las compañías a no cortar el suministro durante los meses de invierno. La deuda de las familias durante estos meses sigue acumulándose y deben hacer frente una vez pasada la tregua. “Nos encontramos con un sobreendeudamiento de las familias”, asegura Nuria Salas, de la Mesa del Tercer Sector. Reivindican que sean las suministradoras las que asuman la deuda de las familias en situación de vulnerabilidad. “Ante los grandes beneficios de estas empresas, apelamos a su responsabilidad social”, dice.
Una de las principales quejas de las entidades sociales es la falta de información por parte de la Generalitat. “Sabemos que un 10% de las familias catalanas –320.000 hogares– sufren pobreza energética, pero desconocemos cuál es la deuda de las familias y cuántas se han podido beneficiar del decreto”, denuncia Salas. “Estamos en un proceso de mejora del decreto que desconocemos qué efecto ha tenido”.
Mínimos en cada hogar
Eloi Badia, de la Alianza Contra la Pobreza Energética, asegura que “no podemos tener unos servicios básicos que no sean universales”. Por eso las entidades quieren que el decreto garanticen unos suministros mínimos a todos los hogares. Calculan que cada casa debería disponer de 100 litros de agua por persona y día y 2.000 kWh anuales de electricidad, teniendo en cuenta necesidades especiales según las condiciones de los hogares.
Para que no se produzca ningún corte de suministro a personas en situación de vulnerabilidad, reclaman que las empresas responsables deban comunicar la situación de impago a servicios de sociales. Actualmente las compañías pueden ejecutar los cortes sin conocer la situación del hogar. La Alianza denuncia también la desinformación por parte de las empresas y reclaman que informen a los clientes de todas las posibilidades que les ofrece la ley.
El próximo lunes el gobierno convoca la mesa sobre la pobreza energética, en la que participan estas entidades, para tratar la nueva ley, aunque su compromiso era presentar el texto de la ley el martes 30 de septiembre.
Una batalla con muchos frentes
Mientras trabaja esta mesa, la Alianza actúa en múltiples frentes. El pasado marzo ocuparon una oficina de Endesa para exigir medidas colectivas para responder a la problemática. Desde entonces han establecido un sistema de atención a las personas vulnerables. También han puesto en marcha un asesoramiento colectivo al estilo del de la PAH para atender a las personas que se encuentran con esta problemática. Por otra parte, está en trámite en el Parlamento una ILP catalana por el derecho a la vivienda y contra la pobreza energética, por la que esperan poder empezar a recoger firmas en octubre.
Eduard Milan, de la Asamblea de Parados de Barcelona, que forma parte de la Alianza, explica que el asesoramiento colectivo avanza desde el pasado julio. Comenzaron dando difusión a las reuniones quincenales a través de las entidades vecinales, la PAH y los colectivos de parados, y ahora ya hay núcleos de asesoramiento en el Vallès, el Bages y el Baix Llobregat. Milan lamenta que por el momento la gente se acerca mayoritariamente cuando se encuentra en situaciones más extremas -ya han sufrido cortes o servicios sociales les dice que no les puede ofrecer ninguna sol·lució-, pero de momento las personas afectadas están encontrando respuesta a sus problemas a la Alianza.
