La Fiscalía presenta la querella contra Mas por el 9N

La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9N. También se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos.

El texto deja claro que la consulta fue “planificada, auspiciada y financiada” por la Generalitat, que con ello habría incurrido en una conducta “incompatible” con la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido cautelarmente la celebración del proceso participativo. En estos “actos de impulso” del 9-N habrían participado, “de manera personal y directa”, los tres querellados, según recoje el documento de la Fiscalía.

La Fiscalía hace relación de todas las actuaciones que llevó a cabo la Generalitat pese a la suspensión del 9-N, con las que argumenta que los querellados incurrieron en delitos de “desobediencia grave”. Menciona la distribución de urnas y papeletas, el envío de cartas a través de Unipost, la convocatoria de reuniones en los centros educativos para pedir colaboración, el mantenimiento de la web y la publicidad institucional e incluso el papel durante el propio 9-N de la vicepresidenta Joana Ortega, que se encargó de informar de la participación.

Por lo que respecta a los demás delitos, el texto justifica el de obstrucción a la justicia porque el impulso del 9-N, dice, “obstruye la vigencia de los mandatos del TC”. La prevaricación vendría dada por la “persistencia” de la Generalitat en “sobreponer su propia visión partidista de la realidad” sobre su deber de ejercer sus funciones de acuerdo a la legalidad. Por último, la malversación de fondos públicos se produciría con las partidas que se destinaron a pagar, entre otras cosas, el despliegue de los Mossos o el mantenimiento de la publicidad.

La querella se ha presentado al mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y va firmada por el Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. Todos los fiscales superiores catalanes ya anunciaron su rechazo a esta denuncia, pero aseguraron que acatarían la decisión de la Fiscalía General.

Una vez registrada la querella el TSJC debe conformar la sala de admisiones -integrada por el presidente del Alto Tribunal y otros dos magistrados-, que se encargará de estudiar si se admite a trámite o no la denuncia. En caso de que se admitiera, uno de los dos magistrados se convertirá en juez instructor, y en sus manos estará la potestad de pedir todas las pruebas y trámites que considere oportunas.

Los partidos proconsulta se autoinculpan

Los partidos proconsulta se autoinculpanPoco antes de que se registrara la querella, los portavoces de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP en el Parlament han enviado una carta conjunta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la que destacan “la asunción por parte del Parlament de todas las responsabilidades que puedan derivar” del proceso participativo del 9 de noviembre.

En la carta los partidos de los firmantes “admiten ser los mandantes y coautores de las acciones que se imputen a los miembros del Govern derivadas de la organización y ejecución” del 9N. Recuerdan que el Parlament aprobó el 13 de noviembre una moción por la que asumía de forma colectiva las consecuencias del proceso participativo y que rechazaba que se exigieran responsabilidades por vía judicial.

Firman la carta, escrita en catalán y en castellano, los portavoces de los partidos proconsulta en la Cámara catalana: Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC), Dolors Camats (ICV-EUiA) y David Fernández (CUP).