El 80% de las quejas por la crisis en Barcelona provienen del distrito de Nou Barris
No hay barrio en Barcelona que refleje de modo más dramático los efectos de la crisis económica que Nou Barris. En Verdún, Roquetes, Torre Baró y Ciutat Meridiana, por citar sólo algunos de los escenarios de esta zona, se concentran muchas de las familias que tienen serios problemas para acceder a una vivienda de protección social o para pagar la suya. Lo asegura la Síndica de Barcelona (defensora del pueblo) tras observar la procedencia de las 326 reclamaciones que atendió entre enero y junio de este año. La cifra, récord, quintuplica el número de demandas atendidas por Maria Assumpció Vilà el año pasado (61).
La mayoría de esas quejas (279) tienen que ver con la vivienda de protección social. La minoría (47), con los servicios sociales básicos. Los ciudadanos, procedentes en un 80 por ciento de Nou Barris, denuncian sobre todo, las dificultades para inscribirse en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial; que se les deniegue un vivienda de emergencia; la falta de ayudas para pagar la hipoteca y el alquiler, y la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible.
Aunque en menor medida, los demandantes también se quejan del tiempo de espera para conseguir una prestación de alimentos, de la escasez de recursos sociales básicos, de la falta de acceso a becas escolares, ya sean de alimentación o de material, y de la retirada de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
El cariz y el número de reclamaciones ha llevado a la Síndica a asegurar, en el informe presentado hoy, que “las desigualdades están creciendo mucho en Barcelona” y que “cada vez son más los ciudadanos que sufren una situación de pobreza”. Vilà se une así a las múltiples voces que, desde hace tiempo, denuncian esta preocupante realidad.
Según datos del Plan de Inclusión de Barcelona (2012-2015), la distribución de la renta familiar per cápita entre los 73 barrios de la capital catalana evidencia que 18 de ellos (entre los que se cuentan Vallvidrera-Tibado-Les Planes, Sarrià, Les Tres Torres, Sant Gervasi-Bonanova y Sant Gervasi Galvany) disponen de una renta muy alta, alta o media-alta. En los 55 restantes –la mayoría en Nou Barris, pero también en Trinitat Vella y Besòs Maresme-, ésta es media-baja, baja o muy baja.
El informe de Vilà señala también que, ante las dificultades para pagar su vivienda o para acceder a una de carácter social, algunas familias han optado por ocupar pisos –como sucede en Ciutat Meridiana-, trasladarse a casa de algún familiar o compartir piso con otras familias. Muchas otras continúan en riesgo de desahucio y, por tanto, de exclusión residencial y social.
La Defensora atribuye a la crisis económica y a la gestión que se está haciendo de ella el crecimiento de las desigualdades. Y señala los recortes en la RMI llevados a cabo por la Generalitat como punto de inflexión y desencadenante de no pocas de estas situaciones de riesgo.
Así mismo, Vilà denuncia la intención del Consorcio de la Vivienda de Barcelona de suprimir, en su nuevo reglamento, la obligatoriedad de reservar, al menos, el 10 por ciento de las viviendas sociales para personas y colectivos vulnerables. La Generalitat ya lo hizo en 2011.
En su documento, Vilà apunta la necesidad de que el Ayuntamiento de Barcelona establezca como prioridad en sus presupuestos para 2014 “la dotación de vivienda digna para todas las personas en situación de riesgo de exclusión social”. Y de que cree una renta garantizada de ciudadanía que asegure una vida digna a las personas más desfavorecidas.
La Síndica también critica el reglamento de viviendas de protección social por considerar que no da solución a los miles de familias necesitadas y porque “no se adecua a la realidad social que se está viviendo”. Al tiempo, sugiere la creación de un nuevo reglamento de solicitantes de vivienda de emergencia que dé rápida respuesta a todas las situaciones de grave necesidad.
