Las ONG catalanas reclaman un centro contra la vulneración de derechos por parte de transnacionales
Más de 3.000 empresas catalanas operan en el exterior directamente a través de más de 7.000 filiales. No obstante, no existen instrumentos que obliguen a las transnacionales a respetar los derechos humanos ni que puedan sancionar su conducta. Así lo han constatado este viernes los diversos participantes de las jornadas sobre derechos humanos y empresas transnacionales que se han celebrado en el Parlament de Catalunya, organizadas por la Federación Catalana de ONG (laFede), la Taula per Colòmbia y la plataforma Pobresa Zero-Justícia Global.
Precisamente con el objetivo de poner remedio a esta situación y velar para que las empresas catalanas que operan en el exterior respeten los derechos humanos, plataformas de ONG han propuesto la creación de un organismo público para una internacionalización responsable. El 'Centro de evaluación de los impactos de las empresas catalanas en el exterior' -así se denomina- tendría forma de organismo público, carácter independiente y plena autonomía. La finalidad del centro, tal como se explica en la propuesta, es la de “asegurar una acción exterior catalana pública y privada referente a nivel internacional en términos de coherencia con el respeto del derecho internacional de los derechos humanos”. En el organismo participarían miembros del Govern, el Parlament, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones para el desarrollo, la paz y los derechos humanos.
Entre las diferentes funciones, el centro incorporaría criterios por el respeto a los derechos humanos en los procesos de contratación pública en los distintos niveles de la Administración en Catalunya o haría propuestas de normas vinculantes -a través del Parlament- para la actuación de empresas catalanas en el exterior. En caso de verificar incumplimientos de la legislación en términos de derechos humanos, el organismo también contaría con un mecanismo para fomentar la suspensión de todo tipo de apoyo público -como recibir subvenciones o participar en concursos de contratación pública- a la empresa. La propuesta ha sido recibida con buena predisposición por parte de todos los grupos parlamentarios en el Parlament. “Trataremos de estudiarlo y comprometernos con el máximo de presupuesto posible”, ha asegurado en la clausura de las jornadas Manel Vila, director general de cooperación al desarrollo de la Generalitat.
“La necesidad de que exista un lugar donde las denuncias puedan llegar y las podamos investigar tiene que ver con la inspección pública, con el control. Esto permitirá saber si tienen razón o no las memorias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas transnacionales” , ha apuntado Juan Hernández, investigador del Observatorio de multinacionales en América Latina (OMAL).
El caso emblemático del grupo catalán TCB en Colombia
Durante las jornadas se ha presentado también el informe de la visita de la delegación catalana en Buenaventura. El documento, elaborado tras el viaje a Colombia para fiscalizar una empresa catalana, expone el caso del impacto de la empresa TCBuen -de la que es socio mayoritario el grupo catalán Transport de Contenidors de Barcelona (TCB)- en las comunidades locales. Este medio, que acompañó a la delegación durante la visita, publicó en su momento el reportaje 'Comunidades locales denuncian abusos de una empresa catalana en el principal puerto de Colombia'.
El caso de TCBuen es sólo uno de los múltiples casos en los que la globalización y los macroproyectos -con la complicidad de empresas catalanas- han llevado a la comunidad local de Buenaventura a autodenominarse 'víctimas' del desarrollo que supuestamente acompaña las grandes inversiones en el exterior. “Lo que vimos en Buenaventura no era una perversión del sistema, era el sistema”, ha dicho Tono Albareda, vicepresidente de la Fede y miembro de la delegación que viajó a Colombia.
“[En Buenaventura] constatamos un nivel de obscenidad que es el resultado de las políticas neoliberales. A las comunidades locales se les ha negado el mantenimiento de su estilo de vida por culpa de los macroproyectos”, ha denunciado la diputada de la CUP Gabriela Serra -también parte de la delegación que viajó a Colombia- durante la presentación del informe.
Sobre el caso del grupo TCB en Buenaventura, la diputada ha expuesto las recomendaciones de la delegación. En este sentido, ha recomendado a la empresa, entre otras acciones, no iniciar ninguna otra fase de ampliación mientras no se haga la Consulta Previa a las comunidades locales -tal como establece la ley colombiana- y que se reparen los daños colectivos e individuales causados por su actividad. También ha instado al estado colombiano a hacer un plan de inversión social para Buenaventura y poner especial énfasis en el saneamiento básico, la sanidad y la educación en la ciudad.
“El dramático caso de Buenaventura no es un caso aislado, responde a un mecanismo de la arquitectura jurídica de la impunidad que permite que estos casos no tengan una medida de excepción”, ha asegurado de forma tajante Juan Hernández. “Las víctimas de las multinacionales son unas víctimas invisibles”, ha recordado.
