Ocupan oficinas de Gas Natural, Endesa y Agbar para exigir soluciones a la pobreza energética
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha ocupado este miércoles oficinas de las principales empresas suministradoras de gas, electricidad y agua -Gas Natural, Endesa y Agbar- para reivindicar medidas efectivas contra los cortes que sufren las familias en situación de pobreza. “Llega el invierno y queremos soluciones ya”, aseguraba Eloi Badia, de la APE en Barcelona.
Sus reivindicaciones van dirigidas tanto a las compañías como a la Generalitat, con lo que han terminado esta jornada de protesta ante el Parlament de Catalunya. Aunque hasta ahora compañías como Endesa y Agbar han ofrecido algunas medidas para solucionar algunas situaciones personales, la plataforma lo considera insuficientes. “Después de negociar con Endesa nos ofrecieron respuestas para los casos que llevábamos nosotros, pero no hicieron ninguna campaña informativa”, dice Badia.
María Campuzano, también de la APE, asegura que el decreto contra la pobreza energética que aprobó el Parlament de Catalunya el año pasado para evitar los cortes de suministro en invierno “endeudó más a las familias” y no aportó una solución al problema. Había una moratoria de cortes, pero las familias seguían acumulando recibos impagados. Ahora, además, el decreto ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional y la APE espera respuestas efectivas. “De momento el gobierno ha anunciado que destinará una partida a esta problemática, pero no sabemos nada más”, lamenta Campuzano. La Generalitat se había comprometido a mejorar la ley y había pactado hacerlo hasta finales de septiembre, pero las entidades aún esperan respuesta.
Llamadas amenazadoras
Carmen, una afectada, asegura que el mismo día de la suspensión por parte del TC comenzó a recibir llamadas amenadoras. “Te dicen que no les importa tu vida y te amenazan con acciones judiciales si no pagas”, explica. Ella y sus hijos viven con 426 euros al mes en un piso de protección después de sufrir un desahucio. Tiene recibos de agua, luz y gas acumulados a los que no puede hacer frente.
La APE denuncia que los precios de la energía y el agua han subido un 60% desde 2007 y se han doblado en la última década, situándose el coste de la energía en España en un 30% por encima de la media europea. Por otra parte, los ingresos del 10% más pobre de la población pasaron de 4.664 euros por persona en 2007 a 2.685 euros en 2011, aseguran.
Según los datos que presenta el APE más de 320.000 familias sufren pobreza energética en Catalunya, lo que representa un 10% de los hogares catalanes, y en cambio sólo 800 personas se acogieron al decreto ahora suspendido.
Ningun corte sin comprobación
Entre las medidas planteadas por la Alianza está el principio de precaución: que no se ejecute ningún corte sin un informe de servicios sociales que compruebe que no se dejará a la familia en situación de exclusión. También piden que no sea la administración la que asuma los costes de las ayudas, sino que las compañías garanticen el mínimo de servicios para la población.
Otro elemento básico para la Alianza es poner en marcha campañas informativas para dar a conocer todas las posibilidades a las que pueden acogerse las familias. Y también piden transparencia. Para conocer la magnitud del problema, piden la publicación de DAES de cortes o Anuta concedidos. Por otra parte, piden una auditoría de los costes. “Nos están colocando a las facturas costes como las indemnizaciones de Castor”, denuncia Badia.
Conjuntamente con la Alianza y las PAHs catalanas, han organizado acciones en otros puntos del Estado las PAHs de Asturias, Vallecas, Granada, Lanzarote, Camp de Túria y Berriozac.
