La PAH impulsa una nueva ILP por el derecho vivienda y contra la pobreza energética a nivel catalán
Recogieron 1.402.854 firmas –cuando necesitaban 500.000– para presentar un proyecto legislativo que garantizara la dación en pago, la paralización de los desahucios por motivos económicos y el alquiler social y el Congreso finalmente no aprovó ninguna de las tres medidas. ¿Qué hace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca después de esta experiencia? Seguir insistiendo. Ahora a nivel autonómico con una iniciativa legislativa popular de “Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética” que presentan en el Parlament de Catalunya conjuntamente con la Alianza Contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC.
“Ahora el gobierno de Catalunya tiene que dejarse de excusas”, apunta Guillem Domingo, de la PAH. Han formulado las demandas de la ILP que presentaron a nivel estatal en clave de competencias que tiene la Generalitat y reivindican que el gobierno autonómico tiene capacidad para dar respuesta a sus principales reivindicaciones. De hecho, Vanessa Valiño, directora del Observatorio DESC, remarca que todas las medidas que propone la ILP “son compromisos ya asumidos por el gobierno catalán con tratados internacionales, normativas europeas, la Constitución española y el Estatut”.
Hoy se ha entrado la propuesta al Parlament y la Mesa tiene quince días para aprobarla. Los impulsores calculan que a finales de septiembre o principios de octubre podrían empezar a recoger firmas. Dispondrán de cuatro meses para recoger 50.000 y se muestran confiados. “De la ILP estatal se recogieron alrededor de 500.000 firmas en Catalunya, así que creemos que será fácil, sobre todo con el apoyo ganado”, asegura Domingo. Después corresponderá al Parlament admitirla a trámite y que pase el proceso de deliberación correspondiente.
La ILP se articula en cuatro bloques de medidas: segunda oportunidad, evitar el desalojo, respuesta a la pobreza energética y alquiler social.
Medidas de segunda oportunidad
“El primer bloque es para evitar la esclavitud por deuda, con medidas de segunda oportunidad que ya existen en otros países de Europa y que entran dentro de las competencias de defensa de los derechos del consumidor que tiene la Generalitat”, explica Valiño. Son medidas que concretamente pretenden estipular una fórmula de dación en pago, que la deuda de la persona afectada quede saldado con la subasta de la vivienda.
El artículo 2 pretende evitar los desahucios que puedan conducir a una situación de falta de vivienda. En el caso de las familias que logren la dación en pago, establece que podrán seguir en su casa durante cinco años con un régimen de alquiler social.
En esta línea también tienen en cuenta a las personas que no pueden pagar el alquiler. “A los desahucios hipotecarios se están sumando los de alquiler con cada vez más peso, en 2013 representaron un 67% de los 16.008 desahucios que se produjeron en Catalunya”, explica Domingo. Por eso piden el alquiler social también para aquellas personas que vivan en pisos de “grandes tenedores de vivienda, como entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos”, apunta Valiño. “Somos conscientes de que los propietarios particulares no deben pagar una crisis que no han provocado, y en estos casos reclamamos todas las ayudas para hacer frente al alquiler”, aclara.
Respuesta a la pobreza energética
Un tercer bloque establece medidas para evitar la pobreza energética. “No se entiende el derecho a la vivienda digna sin el acceso a los suministros básicos”, asegura María Campuzano, de la Alianza Contra la Pobreza Energética, que recuerda que la factura de la luz ha subido un 60% desde 2008 y la del agua un 66%, mientras que el Síndic de Greuges –el defensor del pueblo en Catalunya– apunta que en 2011 193.000 hogares catalanes no podían asumir el gasto de mantener la vivienda en una temperatura adecuada.
Por ello el texto propone que las administraciones garanticen el derecho al acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas de las personas en situación de vulnerabilidad y establece que los costes de este mantenimiento sean cubiertos por las suministradoras. Desde la Alianza reivindican que estas empresas, que registran grandes beneficios con la gestión de estos servicios públicos, asuman estos gastos, que en algunos casos ya empiezan a asumir las administraciones locales.
Alquiler forzoso de pisos vacíos
Finalmente, para garantizar el derecho a la vivienda, proponen que aquellos pisos en manos de entidades financieras que lleven más de dos años en desuso sean puestos forzosamente en régimen de alquiler social en favor de familias o personas que estén en situación de vulnerabilidad. “No tenemos un problema de falta de vivienda sino de entender la vivienda como un activo financiero para especular”, apunta Valiño, que remarca que este tipo de medidas ya están incluidas en una ley de 2007 que algunas administraciones empiezan a aplicar para primera vez con la presión de la PAH.
