La intervención policial no logra impedir la participación en las urnas en Catalunya

El Gobierno central había prometido que no habría votaciones en Cataluña en el referéndum de independencia convocado por la Generalitat. Al final, y en condiciones técnicas excepcionales y no homologables a las situaciones habituales en una jornada electoral normal, la red de colegios estuvo abierta en su mayoría y miles de catalanes pudieron depositar sus papeletas.

Las mayores dificultades finalmente fueron técnicas. La Generalitat se vio obligada a aprobar un censo electrónico único con el que cada elector podía elegir el centro en el que votar, algo que no estaba contemplado en la ley del referéndum aprobada por el Parlament. La comprobación se terminó haciendo a través de una aplicación que se caía con frecuencia.

Las urnas aparecieron de madrugada antes de la apertura de los colegios en uno de los grandes éxitos de la Generalitat. La Policía, la Guardia Civil y el CNI no pudieron dejar a la organización sin esos elementos fundamentales para cualquier votación. Los mossos tomaron nota de la existencia de personas en el interior de los colegios a partir de las seis de la mañana, la hora en que el TSJC había ordenado que quedaran desalojados. La policía catalana tomó la decisión de no sacarlos por la fuerza y se limitó a levantar acta de los hechos.

Fue en ese momento cuando el Ministerio de Interior ordenó el despliegue de los miles de policías y guardias civiles para impedir por la fuerza las votaciones. Esa entrada de agentes se produjo en varios colegios de las tres provincias, en varios casos sobrepasando a las personas concentradas para permitir las votaciones.

El Instituto Jaume Balmes fue uno de los primeros lugares que recibió la visita policial en pleno centro de Barcelona. Según testigos presenciales, a las 8.35 de la mañana decenas de antidisturbios de la Policía Nacional llegaron al centro y rodearon a las personas que esperaban la apertura del instituto a las nueve de la mañana.

A partir de ahí, se vivieron varios momentos de tensión cuando los antidisturbios empezaron a sacar una a una a la gente que permanecía en el suelo frente a la puerta del centro. Testigos denunciaron que los agentes habían golpeado a los concentrados.

Algunos de los incidentes más graves se produjeron en el instituto Pau Claris de Barcelona, donde los policías sacaron a patadas y empujones de la escalera de acceso al centro a las personas que estaban en el suelo.

Otro de los colegios intervenidos fue el que correspondía por censo al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en el colegio de Sant Julià de Ramis (Girona), rompiendo cristales y desalojaron de las inmediaciones del recinto a las decenas de personas que estaban concentradas en la puerta.

Eso no impidió votar a Puigdemont, que votó en la localidad de Cornellà del Terri, en Girona. El sistema de censo único permitió que Puigdemont pudiera votar en una localidad diferente a la que le tocaría por distrito censal.

A las 9.30, los agentes de la Policía Nacional irrumpieron en el colegio Ramon Llull de Barcelona para requisar urnas, situado a pocas manzanas del instituto Jaume Balmes que había sido uno de los primeros en ser intervenidos.

Tras el desalojo de la escuela Ramon Llull, los antidisturbios actuaron una calle más abajo, en el cruce entre la calle Diputación y Sardenya. Varios de los manifestantes mostraron pelotas de goma. Entre ellos, el diputado de la CUP Albert Botran.

También se registraron cargas en otros puntos como Sant Julià de Ramis o en Sant Carles de la Ràpita, en Girona. Según los servicios de emergencias, se han producido 38 heridos.

Votaciones en el 73% de las mesas

La versión del Gobierno catalán es que la actuación policial no había impedido que se produjeran las votaciones en la mayoría de colegios. El conseller de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, aseguró que en el 73% de las mesas se estaba votando.

Los principales problemas en estos centros de votación se produjeron por fallos en el sistema informático habilitado por la Generalitat, según pudo comprobar este diario. Turull hizo un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar, aunque pidió “paciencia” ante “los ataques y bloqueos” informáticos del Estado al sistema informático del 1-O.

En concreto, los fallos se centraban en la aplicación que usan las mesas para gestionar el censo. El origen del problema se desconoce por el momento, aunque todo apunta a que la web ha sido desactivada por la Guardia Civil, ya que en la página aparece el texto “Judicial_Guardia_Civil”. Sin embargo, en otros colegios, incluso del mismo barrio, sí se puede votar.

“La Policía y la Guardia Civil cumplen con el TSJC”

El Ministerio del Interior ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que los agentes de la Policía y la Guardia Civil sí que están cumpliendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y están retirando las urnas de los centros de votación, en un claro mensaje a los Mossos, que se han limitado a levantar actas, pero no a desalojar los locales. Además, la cuenta del Ministerio del Interior también ha tuiteado una imagen de urnas y papeletas que habrían intervenido los agentes.

“Nos vemos obligados a hacer lo que no queríamos hacer”, ha afirmado el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, en una comparecencia ante los medios. Millo ha acusado al Govern de “agitar la calle” y le ha tachado de “irresponsable por poner en riesgo a muchos ciudadanos, incluidos niños y ancianos”.

Defensa y condena de la actuación policial

El Gobierno central daba por fracasado el referéndum antes incluso de que comenzase la votación. Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy consideran que el Estado de Derecho lo ha “desbaratado”, después de que el Gobierno catalán haya cambiado las reglas del juego 45 minutos antes de la votación, liquidando así “cualquier vestigio de respetabilidad democrática”.

El Gobierno de Rajoy ha defendido la actuación de la Policía y la Guardia Civil en Catalunya para impedir la celebración de un referéndum de independencia, que ha calificado de “profesional y templada”. Fuentes del Ejecutivo han subrayado que el único objetivo es retirar material electoral.

Este apoyo se produce después de las críticas de dirigentes independentistas y de Podemos censurando las cargas policiales en los colegios electorales. Así, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha culpado al Gobierno del Partido Popular de esas cargas, con “porrazos, empujones, ancianas arrastradas”, y ha dicho que le “repugna” lo que los 'populares' le están haciendo a la democracia. “Corruptos, hipócritas, inútiles”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

En parecidos términos se ha expresado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha asegurado que “un presidente de Gobierno cobarde ha inundado de policía” la ciudad. También la regidora de Girona, Marta Madrenas, ha criticado la actuación policial y que ha generado momentos de tensión en varias localidades: “Lo digo bien claro: ¡no lo perdonaré nunca!”, ha exclamado.