Reclaman responsabilidades a la Generalitat por el suicidio de una presa que denunció maltratos

La Generalitat deberá responder por la muerte de Raquel E.F., interna en la prisión de Brians I que se quitó la vida el 11 de abril de 2015, después de que el centro Iridia por la defensa de los derechos humanos haya presentado una reclamación patrimonial por el caso. El escrito presentado por el abogado Andrés García Berrio en nombre de la familia reclama a la administración catalana, competente sobre la prisión de Brians, una indemnización al entender que hay un perjuicio a la familia sobre la que la administración tiene responsabilidad. El siguiente paso será llevarlo a instancias internacionales, al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y a la Relatoría Especial para la Tortura y los Malos Tratos de la ONU.

El caso de Raquel E.F., barcelonesa de 38 años con dos hijos, se remonta al año pasado y ha sido avanzado por el Anuari Media.cat. La interna estaba condenada a 8 años por tres delitos de robo, en prisión desde 2009, y cumplía condena en régimen de segundo grado. Según los datos de los que dispone Iridia, el 31 de julio 2014 es aislada por primera vez, con motivo de una falta. En aquella ocasión, Raquel E.F. pasó 14 días en aislamiento, el máximo que permite el reglamento penitenciario. El aislamiento es un régimen en el que los presos pasan unas 21 horas encerrados y en soledad, con solo dos horas de patio o actividades, en celdas aisladas en un departamento especial conocido como DERC (Departamento Especial de Régimen Cerrado). La interna regresó a la celda normal de segundo grado al acabar la sanción máxima, el 14 de agosto.

Pero el día 27 de septiembre volvieron a expedientarla, regresando a aislamiento. Allí va acumulando sanciones, alargándose la situación de aislamiento hasta el 3 noviembre, cuando la pasan a primer grado. El primer grado es un régimen especial, legalmente destinado para casos muy concretos de alta peligrosidad y por el tiempo mínimo necesario hasta que remitan las circunstancias de peligrosidad especial. En el caso de Raquel E.F., el régimen de aislamiento con 21 horas de encierro se aplicó de forma ininterrumpida desde el 27 de septiembre hasta su muerte, el 11 de abril. La presa pasó en el régimen más duro del sistema penitenciario prácticamente los últimos 9 meses de su vida.

Un calvario penitenciario

Según se recoge en la documentación postal que envió y recibió la interna, a la que ha tenido acceso Catalunya Plural, Raquel E.F. iba dando cuenta de su mala situación personal y psicológica, llegando a transmitir sus pensamientos suicidas. Sus familiares y allegados eran conscientes de su estado, por lo que le escribían para darle ánimos y decirle que evitara esos pensamientos y que siguiera luchando.

Las cartas van subiendo de tono en orden cronológico, a medida que el tiempo en internamiento transcurre. El día 5 de abril está fechada la penúltima carta enviada, en la que relata un intento de suicidio después de que las funcionarias le hubieran aplicado la “contención mecánica”. Este protocolo, que según recoge el reglamento penitenciario solo debe darse en situaciones “excepcionales y urgentes”, consiste en atar con correas de brazos y pies del interno a una cama. Según contabiliza Iridia, a Raquel E.F. pudieron atarla hasta en 11 ocasiones.

El calvario penitenciario de Raquel E.F. acabó en la madrugada del 10 de abril, cuando se suicidó en su celda de aislamiento mediante ahorcamiento. Dejó escrita una carta dirigida “al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº 2 de Barcelona”, en la que expresaba la dureza que el departamento de aislamiento estaba teniendo para ella y relataba el último episodio de presuntos maltratos por parte de las funcionarias. Según explica Raquel en su última carta, dos días antes había estado “muy nerviosa” y golpeando la habitación hasta encontrarse bien, cuando se puso a hablar con otra interna de una celda vecina.

En ese momento, siempre según su narración, dos funcionarias entraron en su estancia con escudos de plástico, la tiraron al suelo y la esposaron. Después le realizaron la “contención mecánica” durante 3 horas. “Al soltarme, en el cacheo, casi me caigo, y una funcionaria me quiso ayudar, pero me asusté y sin darme cuenta la eché hacia atrás. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más, y 25 horas en A.P. [aislamiento provisional]”, explica la misiva.

Reclamación a la Generalitat

El abogado Andrés García Berrio, del centro Iridia, asegura que la reclamación que han interpuesto ante la Generalitat de Catalunya tiene como objetivo el resarcimiento al que la familia tiene derecho, además del comienzo de un procedimiento para que el caso sea revisado. “Entendemos que este caso debe volver a examinarse para impulsar una revisión profunda de las condiciones en las que están los internos y una modificación en lo que está fallando”, asegura.

Según opina García Berrio, en el caso de Raquel E.F. hay “demasiados elementos” que hacen pensar en carencias de garantías. Entre ellas el abogado señala el hecho de que el psiquiatra que la revisaba cada semana “no activase el protocolo de prevención de suicidios, que la hubiera sacado automáticamente de aislamiento”, las “evidencias punitivas” en la aplicación de la contención mecánica, algo prohibido expresamente y que sin un control adecuado puede ser considerado un mecanismo de tortura, o la mera situación de aislamiento durante el transcurso de casi 9 meses, “cuando se sabe que aislamientos mucho más cortos producen efectos psicológicos irreparables”, explica.

El abogado, experto en vulneraciones de derechos humanos, recuerda que el encadenamiento de sanciones tan duras como la sufrida por Raquel E.F. se convierten en verdaderos círculos viciosos punitivos. “Estas situaciones comienzan como un elemento de castigo, el problema es que una vez se entra en esta dinámica, con falta de garantías y castigos arbitrarios, muchos ya no salen”, explica.

Justicia, a la espera del expediente

Fuentes del Departament de Justicia consultadas por Catalunya Plural aseguran que hay un expediente abierto sobre el caso de Raquel, que un año después continúa sin concluir y con información reservada. Según afirman, este expediente, que la actual administración “hereda” de la anterior, está en proceso de investigación y recopilando la información necesaria, por lo que el Departament esperará a tenerla toda para tomar medidas, en el caso que consideren que hace falta. Aseguran que “prefieren no entrar” en sí hubo cambios de personal o se tomaron medidas de algún tipo en el centro penitenciario a raíz del caso.

Además, recuerdan que el nuevo director general de Serveis Penitenciarios, Amand Calderó, activó una auditoria interna del Departamento Especial de Régimen Cerrado, los regímenes de aislamiento, para “asegurarse de estar trabajando desde una perspectiva del tratamiento”. Señalan además que de los 8.800 internos en el sistema penitenciario catalán, el 2% están en el DERC cumpliendo primer grado.