La Sindicatura eleva a más de 200 millones el dinero público inyectado en Spanair
¿Cuánto dinero público se volcó en Spanair? Como mínimo, 211,25 millones de euros. La Sindicatura de Cuentas ha publicado este jueves un informe en el que detalla las ayudas que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona prestaron a la aerolínea entre 2009 y 2012 a través de aportaciones de capital y de préstamos directos e indirectos a otros accionistas de Spanair.
El análisis del entramado societario por el que viajaba el dinero público para financiar una aerolínea ruinosa concluye que el montante de fondos públicos volcados en Spanair va de los 211,25 a los 252,79 millones de euros. La Sindicatura no proporciona la suma total de capital público inyectado en la aerolínea debido a la diversidad de sociedades de la administración que participaron en Spanair y a la combinación de participaciones públicas y privadas.
La diferencia de cuarenta millones se explica por dos motivos. El primero, la consideración de los fondos aportados por Fira de Barcelona, uno de los integrantes del consejo de administración de Spanair. La Sindicatura ha aceptado las alegaciones de la Fira, que argumenta que las inversiones que realizó en Spanair por valor de 25,5 millones de euros procedían de fondos propios, por lo que no pueden considerarse inversiones públicas. No obstante, en el accionariado de Fira de Barcelona participan tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona.
Además, durante el último año de actividad de Spanair hay otros 16,04 millones de euros aportados entre el consorcio Turisme de Barcelona, la Fira y empresas dependientes de la Generalitat a la empresa que controlaba el 86,09% de Spanair que la Sindicatura califica como “otras aportaciones”, y que en el informe no figuran ni como préstamos ni como aportaciones de capital.
La cantidad de dinero público inyectado en la compañía aérea ha aumentado a medida que se han conocido cálculos al respecto. Un primer intentó de dilucidar el montante de fondos aportados por las administraciones en Spanair lo realizó el año pasado el Anuari dels Silencis Mediàtics que edita el Grup Barnils, que lo cifró en 173 millones. Durante el juicio por el concurso de acreedores de la compañía las estimaciones llegaron a los 185,5 millones. Hoy el informe de la Sindicatura eleva la cantidad hasta, al menos, 211,25 millones.
La participación de la administración catalana durante cuatro años en Spanair fue el último intento para salvar a la compañía y, de paso, intentar situar al aeropuerto de El Prat como referencia internacional. Las sucesivas aportaciones a Spanair coincidieron con los primeros recortes de gasto social realizados por el último gobierno tripartito y el primer ejecutivo liderado por Artur Mas.
Los intentos no evitaron el fracaso: Spanair cesó su actividad el 27 de enero de 2012, dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros, y el 30 de enero de aquel año presentó concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros. El cierre de la aerolínea se precipitó tras la negativa de Qatar Arways a entrar en el accionariado de la empresa, motivada por la denuncia de una asociación de aerolíneas ante la UE para determinar si los recursos públicos inyectados en Spanair podían considerarse ayudas de Estado.
No obstante, según el juzgado mercantil número 10 de Barcelona, la compañía tendría que haber solicitado el concurso como máximo el 31 de agosto de 2011. El juez consideró que la situación de insolvencia de la aerolínea se agravó durante estos cinco meses, período en el que, no obstante, las administraciones siguieron inyectando dinero en Spanair.
Casi todos los miembros del último Consejo de Administración de Spanair, entre ellos su expresidente Ferran Soriano, la empresa de la Generalitat Avançsa, y también la sociedad Fira de Barcelona e Inversions Turístiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, fueron condenados el pasado mes de septiembre a dos años de inhabilitación para gestionar patrimonios ajenos.
La sentencia, actualmente recurrida por los condenados ante la Audiencia Provincial de Barcelona, calificó como culpable el concurso de Spanair y condenó a Soriano, a los miembros del consejo de administración y a Avançsa a pagar solidariamente 10,8 millones de euros.
Además del recorrido judicial, el fiasco de Spanair también se trató en una comisión de investigación en el Parlament. CiU, PSC y ERC rechazaron a principios de mes que de la actuación de la Generalitat en la aerolínea se tuvieran que derivar responsabilidades políticas, como sí lo estimaron ICV-EUiA, PP y Ciutadans.
