Les entidades sociales denuncian el exceso de recortes de los cinco años de Artur Mas
La acción social de los gobiernos de la Generalitat presididos por Artur Mas entre los años 2010 y 2015 reciben mala nota por parte de las entidades del tercer sector. La apelación del presidente y de los responsables de Bienestar Social a los incumplimientos financieros comprometidos por el gobierno español para justificar los recortes es aceptada, en parte, por los representantes de estas entidades pero consideran, asimismo, que el ejecutivo catalán ha realizado ajustes injustificados y ha dedicado demasiado dinero a otras cuestiones menos prioritarias.
El suspenso en la gestión social afecta tanto al gobierno catalán como al español. Teresa Crespo, presidenta de ECAS, que agrupa a unas noventa entidades de acción social, considera que los años de gobierno de Mas han coincidido “con un periodo de crisis que se ha caracterizado por unas políticas restrictivas para reducir el déficit público”. Crespo considera que, pese a existir un diálogo con la Administración, no se han llevado a cabo “las reformas que eran necesarias ante las nuevas necesidades existentes y las nuevas demandas sociales”. A título de ejemplo, Crespo señala no se ha resuelto el tema de la reforma o la nueva ley de la Renta Mínima de Inserción y no se ha aprobado tampoco la alternativa de la iniciativa legislativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía. “Las políticas activas de empleo están en mínimos, con una disminución de la inversión de un 65%”, añade.
Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector Social, que aglutina a cerca de tres mil entidades no lucrativas, coincide en destacar que, en la legislatura que acaba, el Tercer Sector ha disfrutado de una interlocución fluida con el Govern. Asimismo, destaca que el ejecutivo ha intentado solucionar muchos de los retos planteados, particularmente en los ámbitos de la vivienda y del bienestar social“. ”Desgraciadamente los instrumentos institucionales y económicos actuales, se han mostrado claramente insuficientes para atender satisfactoriamente el conjunto de demandas sociales“, matiza.
Desde el Colegio de Trabajo Social de Catalunya, Mercè Civit, de la Comisión de Servicios Sociales Básicos, afirma que “hemos asistido a unas importantes recortes en los ámbitos de los servicios sociales, la educación, la salud y los derechos de las mujeres entre otros, que han hecho crecer las desigualdades y que una parte de la población viva peor”. Civit destaca que esta situación ha generado un aumento de la demanda, lo cual “ha provocado un colapso que, en muchos casos, ha impedido que los servicios sociales desarrollaran las funciones que les son propias y los ha empujado hacia el asistencialismo y la contención de situaciones de emergencia social”. Para ella, “más allá de las consecuencias en la atención a las personas, esto ha ocasionado un retroceso en la incipiente consolidación de los servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar”.
Discapacitados y dependientes, perjudicados
Dos de los colectivos más perjudicados por las restricciones presupuestarias son el de las personas con discapacidad y el de los teóricos beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Andrés Rueda, presidente de la Asociación Profesional de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD), califica de “mala” la gestión social de los gobiernos de Artur Mas, “especialmente al final de la primera legislatura y especialmente en esta última, en la que se ha bajado el número de beneficiarios en casi 20.000 personas”.
También es mala la valoración de Antonio Guillén, presidente de ECOM, federación de más de 175 entidades de atención a las personas con discapacidad: “Es negativa por los recortes económicos que tanto España como la Generalitat de Catalunya han llevado a cabo, con modificaciones legislativas que han supuesto un recorte de derechos importantes y han perjudicado a muchas personas. Ha habido una pérdida global de derechos en estos años”.
Las fuentes consultadas coinciden en decir que la infancia es uno de los colectivos más perjudicados durante este periodo. Recuerdan que hay 360.700 niños en situación de pobreza. El aumento del paro y las restricciones decididas por el gobierno catalán en la prestación de la Renta Mínima de Inserción han influido notablemente en este incremento de la pobreza infantil. Mercè Civit añade que las personas paradas de más de 45 años “son las que tienen más dificultades para encontrar un nuevo trabajo y, además, agotan las prestaciones sociales”. Dentro de los grupos perjudicados por la crisis y su gestión política Civit también incluye a las familias monoparentales, las personas con discapacidades, las mujeres víctimas de la violencia machista y los jóvenes “con un 50% de paro y sin perspectivas”.
Que no se haya priorizado el gasto social es una queja común a todos los interlocutores. “Se ha intentado mostrar un interés prioritario por las políticas sociales, pero la realidad es que no se han efectuado las inversiones que hacían falta. El esfuerzo no ha sido suficiente”, señala Teresa Crespo, aunque reconoce que “se ha hecho trabajo interno para racionalizar el sistema que espero que a la larga dé sus frutos”. Oriol Illa destaca que “durante estos últimos años, el Gobierno ha ido resolviendo las emergencias, pero ha quedado demostrado que el sistema falla y ya no sirve”. Andrés Rueda es contundente: “Las prioridades del Gobierno no pasan por priorizar el ámbito social y sólo mueve ficha bajo presión y, aún así, lo hace de forma muy cicatera”.
Concentrar las prioridades
El presidente de ECOM considera que no se ha priorizado bien. “En momentos de dificultades económicas se debe hilar muy fino donde se recorta y prever las consecuencias. Deberían haber tocado presupuestos en ámbitos que no afectaran sectores sociales, colectivos ya de por sí vulnerables. Había que dejar crecer, aunque fuera muy poco, el sector social; no dejar que las personas cayeran bajo el umbral de la pobreza (que es lo que ha pasado). Si además de educación y sanidad, a las personas más vulnerables les retiras los apoyos, llegas a tocar hueso”, valora.
Antonio Guillén imputa la mayor parte de los recortes “a la infra-financiación del Estado a la Generalidad” pero cree que ésta “debería destinar más recursos a hacer viable que las personas con discapacidad sufrieran menos los efectos negativos de la crisis”. Desde ASCAD, Andrés Rueda, opina que la justificación de los recortes hecha por el Gobierno catalán basándose en esta financiación limitada “tiene parte de verdad y parte de mentira”. “La dependencia está infradotada económicamente. Ambos gobiernos tienen parte de razón y ambos manipulan. En consecuencia, no son leales con los ciudadanos dependientes y estamos todos siendo utilizados como instrumento de chantaje y presión”, señala.
Para Oriol Illa, “es evidente” que el Estado no cumple con muchos de los compromisos de financiación con Catalunya en cuanto a políticas sociales. “La financiación de la Ley de la Dependencia es el principal ejemplo”, afirma. Resalta que “cerca del 70% del presupuesto de la Generalidad se dedica a políticas sociales. Es cierto que es un buen porcentaje pero ha resultado insuficiente para atacar el aumento de las desigualdades en nuestro país”.
La presidenta de ECAS, Teresa Crespo, entiende que “es cierto que Catalunya tiene una financiación injusta” y que “con más recursos económicos se podría dedicar una cantidad mayor a inversión social”. Responsabiliza al Govierno español de la la reducción de la financiación para la Ley de la Dependencia, pero acusa a ambos gobiernos de optar “por políticas de reducción del gasto social en lugar de proporcionar los instrumentos para paliar las consecuencias de la crisis, lo que ha tenido un impacto durísimo sobre la población en general, pero muy especialmente sobre los colectivos más vulnerables”.
