Teniendo todavía presente el último ataque a la libertad de expresión (en forma de brutal asalto contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo), y ante las masivas movilizaciones en defensa del derecho a escribir y publicar libremente, resulta palpable el compromiso de la ciudadanía con las libertades públicas como valor irrenunciable para el funcionamiento de las sociedades democráticas.
Sin embargo, este duro golpe a los valores que representan la libertad para expresarse sin condiciones adquiere forma de embestida conjunta al combinarse con las nuevas medidas planteadas por diferentes gobiernos europeos. Charlie Hebdo ha supuesto una oportunidad para desplegar el siguiente episodio de la guerra contra el terror, legitimar nuevamente la suspensión indefinida de determinados derechos para paradójicamente poder defenderlos con mayor efectividad: los primeros planes de la Comisión Europea pasarían por ejemplo por el registro y retención de una gran cantidad de datos personales de los pasajeros aéreos que entren o salgan de Europa durante un periodo de hasta cinco años, un total de 42 campos de información que incluyen la dirección personal, el correo electrónico, el teléfono, los datos bancarios, el historial detallado de vuelos e incluso los hábitos alimentarios del individuo, que serían guardados en una gran base de datos centralizada a cargo de las policías europeas.
Por otra parte, la declaración conjunta de diferentes ministerios del Interior europeos en relación al ataque (entre los cuales se encuentra el que dirige Jorge Fernández Díaz) comporta que esta amenaza adquiera una magnitud mayor: en nombre de “la libertad de expresión, los derechos humanos, el pluralismo, la democracia, la tolerancia y la ley”, y por contradictorio que pueda parecer, se “luchará contra la radicalización, notablemente en Internet” (o lo que es lo mismo, se intensificará el control sobre las comunicaciones del global de la ciudadanía con el pretexto del radicalismo). Los tres principios de la era Orwell, “la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza”, se complementan hoy con otros tres planteados por Dave Eggers en su reciente novela “El Círculo”, los cuales apuntan que “los secretos son mentiras, compartir es querer, la privacidad es un robo”.
Semejante posicionamiento por parte de los responsables de Interior implica por una parte otro paso más para legitimar la vigilancia masiva contra la población civil (una política que en palabras del antiguo agente de la National Security Agency americana, Edward Snowden, se ha mostrado incapaz de atajar un solo ataque pese al elevado intrusismo en materia de privacidad que supone el retener comunicaciones de forma indiscriminada), y por otro, señalar y cercar a los sectores críticos de nuestras sociedades: en Reino Unido, el nuevo proyecto de ley antiterrorista pretende que las universidades “asuman responsabilidades en la lucha contra la radicalización”, y comuniquen a un “programa externo de anti-radicalización” (bajo amenazas de tipo legal) información sobre los estudiantes que podrían ser seducidos por “ideas extremistas”, incluyendo el “extremismo no violento”. En caso de aplicarse, las consecuencias de esta ley sobre la libertad académica (y sobre las universidades como lugar de formación de personas críticas con el mundo en el que viven) serían obvias: restricciones en materia lectiva (¿quién se atrevería a impartir clases sobre Georges Sorel, Günther Anders, Karl Marx, Walter Benjamin...?), de expresión (¿acaso alguien opina libremente sabiendo que “todo lo que diga puede ser utilizado en su contra”, como si se encontrara en una detención permanente?), expedientes disciplinarios abiertos por el simple hecho de opinar... en definitiva, medidas que transformarían la naturaleza de las universidades de “centros de conocimiento” a “focos de delación de elementos subversivos”, a la manera del mccartismo y sus “cazas de brujas” en los años cincuenta del pasado siglo.
Por pesimista que pueda parece este escenario, estas son solamente algunas de las medidas que los gobiernos europeos tienen previsto llevar a cabo en los próximos meses. Lo más paradójico del asunto reside en que a la vez que nuestros representantes anuncian que “no permitirán que los terroristas consigan sembrar el odio, el miedo y la división en nuestras sociedades” y piden “fomentar el diálogo”, se disponen a implementar una serie de medidas completamente autoritarias aprovechando la situación favorable, sin ningún tipo de debate ni posibilidad de réplica.
De la conducta gubernamental posterior a los atentados derivan por lo tanto dos observaciones fundamentales: por una parte, que al querer rediseñar toda prisa el marco legal en clave represiva (con el espectro de Charlie Hebdo aún planeando), los terroristas sí han tenido éxito en su objetivo de “sembrar el odio, el miedo y la división” en Europa (el gobierno francés ya ha difundido, con el título de “contra el terrorismo, todos unidos y todos vigilantes”, un decálogo para “detectar la radicalización yihadista”), y, por otra, que nuestros líderes han optado por hacer justamente lo contrario de lo que millones de personas pidieron al salir a la calle el pasado 11 de enero: garantizar que la libertad de expresión pueda seguir siendo un valor indispensable en la articulación de una sociedad democrática. Que los que dicen “no ceder” ante el chantaje que supone el terrorismo no persistan en seguir concediéndole victorias al desmantelar sin reparo nuestros derechos democráticos. La amenaza a nuestras libertades persiste (y ha aumentado exponencialmente) tras los atentados, tengamos esto en cuenta tanto para ahora como para lecciones futuras.
