Esta alerta ha surgido a raíz del informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que ha determinado el químico glifosato como posible causante de cáncer en personas y plenamente demostrado en animales de laboratorio. Cuestión ésta que durante largos años ha sido negada por la transnacional Monsanto y por el gobierno de EEUU (promotor en Colombia de las fumigaciones a raíz del Plan Colombia).
Igualmente la Defensoría del pueblo colombiana ha dado a conocer un informe sobre los efectos nocivos de estas fumigaciones en el departamento del Putumayo, en la cuenca amazónica, en el que certifica los graves daños a la salud, a los recursos naturales, los cultivos alimentarios y de subsistencia de las comunidades, al deterioro de suelos y ecosistemas, y la desaparición de especies animales que no se recuperarán.
Las comunidades campesinas e indígenas ya hace años que vienen protestando enérgicamente contra las fumigaciones. A mediados de 2014 tuvieron cortada durante 17 días la vía que conecta los pozos petroleros del Corredor Puerto Vega-Teteyé, al sur del caudaloso río Putumayo, resistiendo los intentos para desalojarlos del brutal ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía). Líderes de los resguardos de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón interpusieron una acción de tutela a la Corte constitucional, que ha tenido como primer resultado este informe de la Defensoría del Pueblo.
Pero cuál es el trasfondo de las fumigaciones?
Es cierto que en muchas zonas del campo colombiano se cultiva la coca, y que en el Putumayo también se cultiva. Pero hay que entender que la política de fumigación del gobierno colombiano, financiada en una tercera parte por el gobierno estadounidense, no es una solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito. Si los campesinos y campesinas en muchas ocasiones siembran la planta de la coca, es porque la economía campesina está abandonada por las políticas gubernamentales, abocadas en promover la agroindustria depredadora y a construir carreteras para sacar del territorio el expolio que grandes empresas nacionales y transnacionales hacen de los recursos naturales, minerales e hidrocarburos; si cultivan la hoja de coca es porque las comunidades sólo pueden comercializar sus productos sacándolos a peso o en mula por trochas intransitables, y en estas condiciones sigue siendo más fácil y más rentable económicamente comercializar unos kilos de hoja de coca que no unos kilos de banano o de café.
La política antidroga de los gobiernos colombianos han focalizado su atención, no en las sustancias precursoras o el procesamiento de la hoja de coca, ni en la distribución de la droga o el blanqueo del dinero que genera, ni en las grandes organizaciones criminales que la mueven, que penetran el estado y la economía, sino en los pequeños cultivadores de la hoja de coca, que con ella malviven como pueden. Y consecuentes con esta política han hecho de las fumigaciones aéreas la principal herramienta de erradicación de los cultivos de uso ilícito, sin atender ni poner medios para hacer políticas eficaces de sustitución voluntaria de cultivos de coca por otros cultivos que den para vivir a las comunidades que trabajan la tierra, políticas que vayan acompañadas del tiempo necesario para implementar otros cultivos y de la construcción en los territorios de infraestructuras y redes de comercialización.
Matar de hambre comunidades campesinas e indígenas para entrar las petroleras
Pero, además, en el Putumayo, como en otras zonas del país, hay intereses no explicitados ni admitidos. Hay una decidida apuesta gubernamental para convertirlo en uno de los principales departamentos productores de petróleo del país. Los pozos se extienden por todo el departamento, y el extractivismo ha entrado acompañado de una profunda militarización. La Brigada 27 del ejército colombiano, en la que están integrados también los Batallones Especiales Energético Viales 9, 11 y 21, protege toda la infraestructura petrolera, tiene bases dentro mismo de los pozos petroleros, de las baterías de distribución, del oleoducto trasandino y sus ramales, controlan todas las vías de comunicación y tienen estrechamente vigiladas a las comunidades indígenas y campesinas que allí viven. Esta militarización ha dado seguridad a la extracción de petróleo, pero no ha frenado las violaciones de los derechos humanos en las poblaciones campesinas e indígenas, ni ha impedido la actuación del paramilitarismo, hechos todos estos que no forman parte de sus objetivos.
Por el contrario, las comunidades están viviendo una política de acoso y violación de derechos humanos constante, también por las propias fuerzas armadas, para que desalojen el territorio, para que dejen de ser un estorbo a la expansión del extractivismo petrolero.
Un caso paradigmático de ello es la comunidad de la vereda del Piñuna Blanco, que tuvimos la oportunidad de visitar el pasado noviembre. Todos los habitantes de la vereda se vieron obligados a confinarse en un pequeño espacio de su territorio, amenazados por el hambre, porque la fumigación indiscriminada, intencionadamente, había estropeado todos sus campos para abastecerse de alimentos, del pancoger, y había destrozado todos sus cultivos productivos. Plantaciones de cacao levantadas con muchos años de esfuerzo quedaban destrozadas al pasar la avioneta fumigadora. Incluso los habían fumigado a ellos mismos, a sus propias casas. Y todo en un contexto en que la petrolera Gran Tierra quiere atravesar el río Piñuna Blanco para instalar nuevos pozos de petróleo en la otra ribera.
Como es también el caso de la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, en la frontera con Ecuador, un proyecto de vida campesina donde 700 familias conviven con los pozos petroleros de Amerisur Resources y de Colombia Energy, que ha visto como era sistemáticamente fumigada, sin que se pusieran en funcionamiento planes, líneas de comercialización y de transporte para poder subsistir sin la hoja de coca.
Mientras miles de camiones tanques llenos de petróleo atraviesan el territorio, las poblaciones campesinas e indígenas ven la contaminación que deja la extracción petrolera, las carencias en infraestructura, salud, educación y servicios públicos que tienen que seguir sufriendo y como las fumigaciones arruinan sus medios de vida, sus cultivos, las fuentes de agua. El glifosato cae a chorro en tierras con cultivos ya sean de uso ilícito, pancoger o proyectos productivos de palmito, pimienta, cacao, plátano o yuca, que, incluso, en algunos casos han sido financiados por el propio gobierno o la propia USAID, la agencia de cooperación norteamericana.
Hay que entender así las fumigaciones, no como una política para disminuir los cultivos de uso ilícito, sino en muchos casos, más allá también del Putumayo, como una estrategia para eliminar los medios de vida y de alimento para obligar por el hambre a desalojar territorios codiciados por el extractivismo. Esta estrategia perversa combinada de militarismo y matar de hambre y de enfermedades a las comunidades es una forma criminal de obligar al desplazamiento forzado en Colombia. Es por ello, que ante la evidencia del carácter totalmente nocivo del glifosato la respuesta que el gobierno colombiano se está planteando, no es una política para favorecer la economía campesina y para posibilitar realmente la sustitución de los cultivos ilícitos, sino para poder continuar la política de fumigaciones pero eso sí, sustituyendo el glifosato por otros agro-tóxicos que aún no tengan la mala fama de éste. Pero como dicen las poblaciones del campo, ¡paren ya de fumigarnos!
