¿Quién apuesta por la desobediencia para salvar el 9-N?

En medio del proceso soberanista, una idea ha llegado a lugares donde no se la encontraba habitualmente: la desobediencia. Ante la suspensión cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional –que ya era previsible antes de que se materializase– en el Parlament se llegó a plantear la cuestión de la desobediencia civil en apoyo a la consulta. El solo hecho de que se haya hablado en estos niveles es una victoria para algunas de las personas que la defienden. ¿Pero quién apuesta por practicarla?

“La Asamblea Nacional y Òmnium plantean que hay que votar sí o sí, pero no veo a nadie que esté planteando una estrategia de desobediencia más allá de la Acampada 9-N, los estudiantes y los funcionarios que se ofrecen al Govern para desobedecer”, considera el profesor Jordi Mir, director del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UPF y especialista en desobediencia civil.

La plataforma Independència per Canviar-ho Tot (“Inependencia para cambiarlo todo”), impulsada por las organizaciones de la izquierda independentista ha sido la primera en tensar la cuerda en un momento en que parece que el futuro de la consulta del 9-N esté sólo en manos del Govern y los partidos del pacto por el derecho a decidir. Estas organizaciones, que pocos años atrás eran las principales protagonistas de las movilizaciones por la independencia, quieren ir un paso más allá de las que ahora marcan el ritmo del proceso. Joan Sebastià Colomer, uno de los portavoces en Barcelona de Independència per Canviar-ho Tot, considera que “la reacción general ha sido de callar y dejarlo todo en manos de los políticos, pero esta tranquilidad obligada no nos beneficia para nada”.

Varios intentos de acampada

El martes, después de la gran concentración convocada por la ANC y Òmnium en la plaza Sant Jaume, estos colectivos marcharon en manifestación hasta la delegación del Gobierno en Barcelona y decidieron acampar ahí. Aquella noche los Mossos les quitaron las tiendas de campaña y finalmente los echaron. Al día siguiente volvieron y se encontraron la manzana donde está la delegación completamente rodeada por antidisturbios. “Esto ya fue una victoria, porque queríamos alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado”, dice Colomer.

El miércoles decidieron cambiar de ubicación y han estado instalados de jueves a sábado en la plaza de Catalunya. Hacia la una de la madrugada del jueves al viernes, un gran despliegue de antidisturbios de los Mossos y la Guardia Urbana irrumpió en la plaza para llevarse las tiendas de campaña, pero los manifestantes durmieron al raso y se quedaron hasta la noche del sábado. “Ocupamos las plazas para reivindicar un espacio desobediente donde hacer charlas y debates”, explicaba el viernes Maria Rovira, también portavoz de la campaña.

Rovira explica que la acampada ha atraído el apoyo de diversos colectivos sociales. En la asamblea del jueves, un asistente que se presentaba como libertario aseguraba que “los anarquistas somos poco amigos de las elecciones, pero menos aún del poder” y por ello mostraban su apoyo a la consulta. “Los que nos encontramos aquí somos sobre todo anticapitalistas, pero nos tenemos que abrir a todos los que quieran votar el 9-N”, decía otra. El discurso general era que el 9-N es una conquista de la movilización social y que sólo la desobediencia podrá garantizarlo. En la asamblea del sábado decidieron levantar el campamento porque consideraban alcanzado el objetivo de lanzar un mensaje de desobediencia.

Controversias sobre la movilización

Jaume Marfany, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana, considera que la acampada “es un error”, aunque remarca que cada partido u organización es libre de hacer lo que quiera.“Lo que esperan precisamente nuestros adversarios es que utilicemos según qué acciones y actividades que les permita decir que, más allá de saltarnos la norma constitucional, se está utilizando una cierta violencia, aunque no física”, dice.

“Puede llegar un momento en que sí tengamos que tensar mucho la cuerda, y en que el Estado español tal vez esté dispuesto a impedir incluso con la fuerza que celebremos la consulta”, admite Marfany. Pero de momento, dice, “deberíamos seguir haciendo vida normal, que quiere decir seguir haciendo campaña y gritando a la gente a votar”.

Quien tiene experiencia con acampadas por la independencia es Alfons López Tena, presidente del Consejo Nacional de Solidaritat. El entonces diputado acampó en 2011 con los miembros de su partido a las puertas del Parlamento en defensa de la “Ley de proclamación de independencia” y también se encontraron la intervención policial. Hoy se muestra contrario tanto a los unos como a los otros. “La línea que llevan los que llevan este proceso –CiU y Esquerra, y también ICV-EUiA y las CUP– es la de hacerlo de acuerdo con España, y ya se ha visto que es completamente inviable, han pasado dos años haciendo propuestas de premisos, de hacer una ley, y finalmente han topado con la realidad”, sentencia.

En cuanto a las movilizaciones en la calle, considera que “el papel de la ANC y Òmnium desde el primer día es apoyar el gobierno, no han sido nunca unos actores autónomos”, y que por tanto “es normal” que en estos días no apuesten por la desobediencia en la calle. En cambio, en el caso de los que sí apuestan por ella, como la acampada, denuncia “líneas contradictorias” entre las organizaciones de la izquierda independentista, que acampan y son expulsadas por la policía autonómica, “mientras Arrufat y Fernández se reúnen con Mas y el jefe de la policía en el Palau de la Generalitat”. Asegura, sin embargo, que desde su partido estarían dispuestos a participar en una acción de este tipo “si es seria y bien organizada y se hace de forma continuada, si lo que se quiere hacer es como en Hong Kong, y ante los responsables de hacer el referéndum: Mas y Junqueras”.

Desobediencia institucional

En lo que están de acuerdo todos los actores del tablero es que la convocatoria del 9-N, se considere desobediencia o no, debe correr a cargo de las instituciones. Desde la acampada, Maria Rovira explica que la desobediencia que plantean desde la calle debe servir como herramienta de presión, pero que hace falta “una desobediencia por parte del Govern”. Desde la ANC, Marfany asegura que “la consulta sólo puede ser válida y reconocida si realmente es una consulta organizada por el gobierno de Catalunya con todas las garantías democráticas”. López Tena también remarca que “esto es un referéndum oficial”, y no puede ser como la consulta organizada por la gente en Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009, de la que participó.

“Nosotros también recibimos la prohibición de un juzgado porque la abogacía del Estado planteó que se suspendiera la consulta en Arenys de Munt y también se presentaron medidas cautelares para que no se pudiera hacer”, explica Josep Manel Ximenis, promotor de la consulta y más tarde alcalde del municipio por la CUP. “Pero continuamos tirándola adelante, porque considerábamos que era lo que había que hacer, y que en todo caso fueran ellos quienes sacaran las urnas, pero que no fuéramos nosotros los que nos negáramos”, dice. La sentencia llegó dos años más tarde, con la consulta celebrada, “y sólo decía que no podíamos usar edificios municipales para celebrarla”, apunta.

En cuanto a la convocatoria del 9-N, Ximenis remarca que “el Parlament ha nombrado a los miembros de la Comisión de Control de la consulta y ya hemos visto que no ha pasado nada”. “Tenemos que seguir en esta línea, porque, como ya vimos en Arenys de Munt, difícilmente alguien podrá ir contra la democracia”, reivindica.

Jordi Mir remarca que desde el Govern y los partidos implicados –a excepción de la CUP– “no tienen la intención de transmitir la imagen de desobedientes más allá de dar una imagen de fuerza, y prefieren hablar de la astucia” para encontrar salidas legales. Efectivamente, ante las preguntas de la prensa tras la cumbre entre partidos de este viernes, el convergente Jordi Turull declaraba que la convocatoria de consulta “debe entenderse como un acto de obediencia al pueblo de Catalunya”. En la misma línea se posiciona la ANC. “Nosotros no desobedecemos al TC porque en cierto modo no lo reconocemos, de la misma manera que sabemos que estamos dentro del Estado pero queremos salir de él. Queremos obedecer al pueblo de Catalunya, que quiere votar”, dice Marfany.

Ximenis, aunque también apuesta por el mensaje de “la obediencia al pueblo”, remarca una idea propia de la desobediencia civil: “Sí hay leyes que regulan la democracia, pero éstas deben ser justas y satisfacer los ciudadanos, y cuando hay una ley que es injusta la obligación de los ciudadanos es no cumplirla”.

Estudiantes y funcionarios desobedientes

Las otras iniciativas que apuestan por la desobediencia se encuentran en ámbitos sectoriales.La plataforma Estudiantes 9-N ha conseguido reunir las principales organizaciones estudiantiles –incluso las que habitualmente mantienen posiciones antagónicas en las universidades– alrededor de la idea de desobediencia para garantizar la consulta del 9-N. Por ello convocan una huelga de estudiantes los próximos 7 y 8 de octubre.

“Lo que entendemos es que cada parte de la sociedad, desde su ámbito, debe empezar a trabajar para hacer efectiva la desobediencia por el referéndum y como estudiantes vimos que lo que teníamos más a mano era hacer una huelga”, explica Mercè Amich, portavoz nacional del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC). La plataforma está en conversaciones con las instituciones universitarias para que ellas mismas impulsen el cierre. “El decanato de Historia de la UB ya se ha adherido a la huelga y el lunes tenemos reunión con el rectorado de la UPF”, explica Amich.

Mientras la acampada convocada por la izquierda independentista mantenía un carácter más identitario, su sindicato de estudiantes se ha centrado en un frente unitario, aunque no descartan el componente social. “En Estudiantes 9-N hay muchas tendencias y sensibilidades, pero hay unos puntos de mínimos y reivindicamos el derecho a decidir, pero también el derecho a decidir en la educación, y tener un país más libre y democrático, y una educación pública, gratuita y de calidad”, apunta la portavoz del SEPC. Desde la Asociación de Estudiantes Progresistas (AEP), otra de las organizaciones participantes, su coordinadora Carla Ten asegura que “apostamos mucho por la desobediencia no sólo en relación con la consulta sino con la LEC, la LOMCE o la Estrategia Universidad 2015”.

Finalmente, otro frente de desobediencia es el de los funcionarios. Mientras que el Govern suspendía el dispositivo y la campaña de la consulta argumentando querer proteger a los trabajadores de la Generalitat de amenazas de sanciones e inhabilitaciones, se ha generado un movimiento de funcionarios que se ponen a disposición del Govern para desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional. Desde su posición de trabajadores de la administración se ponen a disposición para trabajar por la consulta.

“De momento nadie está siendo desobediente”

Aunque reconoce estas iniciativas que trabajan por la desobediencia, el profesor Jordi Mir asegura que “de momento nadie todavía está siendo desobediente”. “Seguramente el tiempo que llevamos desde el 15-M es el momento en que más se habla de desobediencia, pero otra cosa es si esta desobediencia la intentamos aplicar y asumimos lo que representa ser desobediente, o si en cambio construimos un discurso de la desobediencia pero lo que queremos es intentar hacer las cosas por una vía distinta a la prevista”, apunta.

Mir plantea el discurso pleno de la desobediencia civil. “En Martin Luther King o Gandhi había proyectos con una desobediencia muy meditada, que intentaba sustituir una legalidad por otra y asumía que lo que se estaba proponiendo representaba un choque frontal que podía implicar procesos judiciales o penas de cárcel”, dice. Y añade que en el contexto actual “hay un mensaje muy utilitarista en que sólo se propone la desobediencia en el ámbito que nos interesa, pero un sólido proyecto que proponga la desobediencia no puede dejar de lado todos los otros ámbitos en los que se podría desobedecer”.