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El número dos de Ada Colau negocia con ERC cómo abrir los colegios en Barcelona el 1-O

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont

Yeray S. Iborra

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Govern de la Generalitat sobre cómo se producirá la votación del referéndum son ya un hecho. Fuentes del ejecutivo municipal y también del autonómico confirman los contactos, que están capitaneados desde Barcelona por el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, y desde el Govern por “miembros de ERC”, según apuntan fuentes cercanas consultadas por este medio.

Dichas conversaciones son seguidas de cerca por Esquerra Republicana en Barcelona. No así por los socios de gobierno de la alcaldesa Ada Colau, el PSC. El entorno de su jefe de filas en el consistorio, Jaume Collboni, ha confirmado que los socialistas no participan en las gestiones entre ambas administraciones.

Precisamente este martes los alcaldes y concejales del PSC de más de 350 municipios catalanes han impulsado un manifiesto para avisar de que no se amedrentarán pese a las “amenazas” por el referéndum del 1 de octubre.

De todos modos no parece que la estrategia de Colau ponga en peligro su pacto de gobierno con los socialistas, tal y como ha dejado claro Pedro Sánchez, quien ha confirmado que el acuerdo entre el PSC y BComú en el Ayuntamiento de Barcelona no se romperá sea cual sea la posición del consistorio respecto al referéndum.

La premisa del Gobierno de Ada Colau respecto a las urnas en Barcelona el próximo 1 de octubre, caballo de batalla con el Govern los últimos días, sigue vigente: el objetivo es garantizar la votación y, a su vez, proteger a los funcionarios municipales.

Así lo ha refrendado la propia Colau ante los micrófonos de Carne Cruda este martes. La alcaldesa ha reiterado su disposición “a hacer todo lo posible” para facilitar la participación de quienes quieran votar, aunque ha insistido en que su “obligación” es “preservar la institución y a sus trabajadores” tras la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.

Con tal propósito, una de las vías que el Gobierno municipal explora es la de que sea la propia Generalitat la que disponga sus locales para la votación. “La gran mayoría son de la Generalitat”, según ha aclarado Pisarello este martes. La estrategia complementa la respuesta del consistorio a la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado viernes: Barcelona no está dispuesta a ceder sus locales para el referéndum del 1-O pero sí en cambio quiere garantizar la participación en la votación.

El consistorio destaca que, de los 260 colegios (más de 1.300 mesas electorales) que se utilizan en unas elecciones regulares en la capital catalana, un “70% no serían cien por cien de titularidad exclusivamente municipal”. Lo que significa que la mayoría de los colegios también estarían participados por la Generalitat. Su gestión depende del Consorcio de Educación de Barcelona, integrado en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento.

Precisamente este martes, el mismo día en que se iniciaba el curso escolar, el Govern ha optado por cesar al presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, que a su vez es secretario general de la conselleria de Enseñanza. Asumirá el cargo directamente la nueva consellera, Clara Ponsatí, que entró en julio en el Govern por su compromiso con el 1-O.

La propuesta del Gobierno de Colau de que sea la Generalitat quien disponga sus locales no es nueva. En el municipio tarraconense de Altafulla, donde el diputado de En Comú Podem en el Congreso y miembro de EUiA, Fèlix Alonso, gobierna junto a Convergència, también han pedido al Govern que abra los locales de los que dispone en la localidad.

Pese a que el ejecutivo catalán tiene sobre la mesa diferentes alternativas si finalmente Barcelona no cede sus locales habituales, el Govern sigue insistiendo a Colau en que ceda los colegios. Así lo ha dicho el conseller de la Presidencia Jordi Turull, que ha pedido a la alcaldesa que ponga de su parte para añadir “garantías” al referéndum convocado para el 1-O. “El Govern quiere que el máximo número de gente posible pueda ir a votar allí donde está acostumbrada a votar”, ha zanjado.

A la presión del ejecutivo de Puigdemont se han sumado en las últimas horas dos campañas por Internet en favor de que Colau ponga los locales a disposición de la Generalitat. 70.000 firmantes han pedido a la alcaldesa que permita votar en locales municipales. Los promotores de dichas campañas, tramitadas mediante la plataforma de peticiones por Internet Change.org, han informado en un comunicado de que se han reunido con Colau en el despacho de presidencia del Área metropolitana de Barcelona y le han entregado personalmente las peticiones.

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