Los manteros de Barcelona se organizan frente a la presión del gobierno de Ada Colau
Pape Diop es senegalés y lleva seis años en Barcelona trabajando de mantero. “En la calle no hay futuro, cargando cada día una maleta de 20 o 30 quilos, tienes muchos problemas físicos”, cuenta junto a su manta dentro de la estación de tren de Passeig de Gràcia. Espera ahí con los fulares que vende en la principal arteria comercial de la capital catalana a que pase la policía. “Eso es normal, cuando pasa la policía nos vamos hasta que se van”, dice, pero lamenta la presencia constante de agentes de paisano estos últimos días, que les requisan la mercancía y pueden ponerles una denuncia. Con el cambio del código penal, el top manta vuelve a ser considerado un delito, por lo que los vendedores que no tienen permiso de trabajo tienen antecedentes si los denuncian y no pueden regularizar su situación.
Los vendedores ambulantes pasan por unos meses difíciles. La oposición y la derecha mediática los ha usado como arma arrojadiza contra el gobierno de Ada Colau desde la toma de posesión del equipo de Barcelona en Comú. Estos tampoco han reaccionado como esperarían los manteros. A principio de septiembre, después de todo un verano de tensión, la Guardia Urbana desplegó a los antidisturbios para echar a los vendedores de la estación de metro de Plaça Catalunya, en una situación de tensión en la que se vieron afectados policías, vendedores y turistas.
En medio de esta situación, nació el Sindicato Popular de Manteros, trabajadores autorganizados que, con el apoyo de movimientos sociales de la ciudad, luchan por tener condiciones de vida digna. Diop es uno de ellos, que se cifran en cerca de 200 vendedores de la zona más turística de la ciudad. “La gente está muy motivada, esperando que algo cambie después de muchos años en el top manta, sufriendo la represión policial”, dice. Reclaman poder tener una zona donde vender su mercancía de forma legal o alternativas para regularizar su situación. Al fin y al cabo, recuerda el mantero sindicalista, llegaron aquí esperando un trabajo digno.
Más presión policial
Desde los incidentes de septiembre y las posteriores manifestaciones la venta ambulante del centro de la ciudad se había centrado en la zona del puerto de la ciudad, con cada vez más intensidad, según los vendedores, porque la Guardia Urbana enviaba ahí a manteros de otros puntos de la ciudad. Mientras el ayuntamiento busca una respuesta social a una situación que, aseguran, no es un problema de orden público sino de “precariedad vital” de personas que no tienen otra alternativa. Sin embargo, desde el pasado 9 de noviembre un despliegue conjunto de la Guardia Urbana, la Policía Portuaria y los Mossos d'Esquadra impide que desplieguen sus mantas, y por si la presencia policial no fuera suficientemente disuasoria, un camión cisterna moja el suelo de la zona varias veces durante el día.
“Hay gente que no ha salido de su casa a vender en 10 días, pero seguro que van a salir, porque no podemos estar sin trabajar”, asegura Diop. Es de los pocos valientes que desde el martes se atreve a volver a vender con un grupo de 10 o 12 manteros más en la zona del Passeig de Gràcia. Salen unas tres horas al día y venden poco, asegura. “Noviembre es baja temporada, pero estamos muy preocupados por poder trabajar en Navidad para poder tener algo, porque enero, febrero y marzo son los peores meses, hay poca gente y hace mucho frío”.
Autoorganización para buscar soluciones
Ante tal panorama, la tensión entre los vendedores ambulantes crece, empujada por la necesidad de trabajar. El lunes se manifestaron por el centro de la ciudad exigiendo respuestas y el miércoles celebraron una asamblea del sindicato. Cerca de 100 manteros buscaban soluciones en una asamblea multilingüe, donde los africanos hablaban en wólof, los indoasiáticos en urdu y un pequeño grupo de activistas que les dan apoyo desde el colectivo Tras la Manta en castellano.
El ayuntamiento, explicaron, no les ha ofrecido soluciones para poder vender. El lunes, tras la manifestación, manteros y activistas se reunieron con el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, para buscar respuestas con poco éxito. A pesar de las propuestas sociales del consistorio, los trabajadores le insistieron en que es fundamental reducir la presión policial.
Tanto activistas como fuentes municipales aseguran que anteriores gobiernos de la ciudad pactaban con los manteros en qué zonas y a qué horas podían estar. El gobierno de Barcelona en Comú, sin embargo, encuentra una presión que lo ha disuadido de seguir actuando de esta manera. Se ha tenido que enfrentar ya a votaciones en que toda la oposición menos la CUP les ha exigido más contundencia. Desde la semana pasado, sin embargo, cuentan con el apoyo de ERC.
Vendedores y activistas, mientras tanto, buscan soluciones alternativas. Una de las ideas planteadas en la asamblea del pasado miércoles fue buscar el apoyo de espacios y colectivos sociales para organizar mercadillos en los que los manteros puedan trabajar a pesar de no poder estar en la calle. En paralelo buscan otras vías de presión institucional para desarrollar propuestas concretas que solucionen su situación. “Ningún gobierno puede aguantar a cien negros organizados”, decía uno de los vendedores africanos en la asamblea.
