Barcelona presiona a las compañías para que paguen el 50% de la factura de la pobreza energética
El Ayuntamiento de Barcelona tiene claro que el agua, el gas y la luz deben estar garantizadas y que la lucha contra la pobreza energética es una política prioritaria, pero también cree que las energéticas deben corresponsabilizarse firmando convenios con la administración. El gobierno de la ciudad ha amenazado este lunes a las compañías de suministros básicos con dejar de pagar las facturas de aquellas familias más vulnerables si las empresas no colaboran con la administración.
Actualmente, el consistorio paga este gasto con fondos propios y argumenta que los entes públicos no tienen que pagar las consecuencias de la gestión de empresas privadas, en este caso las energéticas.
El Ayuntamiento ha presentado este lunes una serie de medidas al amparo de instrumentos como los servicios sociales, el Código de Consumo de Catalunya o la Ley 24/2015, para que las empresas energéticas se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética. Para empezar, el Ayuntamiento quiere que las compañías paguen, como mínimo, el 50% del coste que supone la pobreza energética en la ciudad; se trata de cerca de un millón y medio de euros de facturas impagadas.
El consistorio ha insistido en que “hacen falta acuerdos entre compañías y administraciones para convenios de descuento y condonación de la deuda”. “Tienen que asumir parte de la responsabilidad de la carga”, ha dicho la teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz.
Ortiz ha lanzado este lunes un ultimátum a las compañías para que, tal y como expone la Ley 24/2015, las energéticas firmen un convenio con la administración, los llamados protocolos. Si las compañías no se avienen a colaborar, “podrían quedar excluidas de la contratación” con el consistorio, ha amenazado la teniente de alcalde.
El Ayuntamiento ha instado a las administraciones locales a “desarrollar” la ley contra la pobreza energética para hacer “efectiva” la aplicación. En la misma línea, ha recordado que las energéticas que tienen la “obligación” de informar de forma transparente a los consumidores sobre las tarifas sociales que ya existen.
Más puntos de asesoramiento
El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento abrió cuatro Puntos de Atención a la Pobreza Energética (PAPE) en diferentes distritos de la ciudad. El consistorio valoró la prueba piloto, de cinco meses de duración, como un éxito y ahora abrirá algunos de estos puntos de forma definitiva en diez distritos de Barcelona.
Las oficinas de asesoramiento cambiarán la nomenclatura –Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) de ahora en adelante– pero mantendrán las funciones: combatir la situación que sufren los hogares que no tienen la capacidad de pagar una cantidad de energía suficiente para satisfacer las necesidades domésticas básicas, o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de los ingresos a pagar la factura energética.
El proyecto de extensión de los PAE tendrá un presupuesto de 4 millones de euros para los próximos dos años y supondrá la contratación de 100 personas formadas para ser asesores energéticos a través del programa Làbora, de planes de empleo para personas en situación de paro de larga duración; la gestión de los PAE se llevará a cabo desde empresas del tercer sector.
