Barcelona impone sanciones de 315.000 euros a pisos vacíos de la Sareb, BBVA y Santander
El Ayuntamiento de Barcelona refuerza la vía de la sanción a los pisos vacíos de grandes propietarios. El consistorio ha anunciado este lunes, después de enfrentarse por la mañana a la Sareb con acusaciones de acoso inmobiliario, que ha impuesto sanciones de 315.000 euros a dos pisos de esta entidad en el distrito de Sant Martí y uno del BBVA y uno del Santander en el distrito de Nou Barris. Se trata de sanciones que se imponen en aplicación de la ley catalana por el derecho a la vivienda de 2007, que pretende poner en circulación los pisos que llevan más de dos años vacíos. Esta sanción todavía puede ser recurrida por las entidades.
El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha anunciado también que quieren acelerar el proceso sancionador. Hasta ahora, antes de aplicar la sanción final, el Ayuntamiento daba varios avisos que consistían en tres multas coercitivas a los propietarios que tenían pisos desocupados. Primero, una de 5.000 euros, después una segunda de 10.000 y una tercera de 15.000. Finalmente si en este tiempo no se resolvía la situación de desocupación de la vivienda, se aplicaban las sanciones de 315.000. Este proceso podría durar hasta 18 meses. Con el cambio que quiere implantar el consistorio, después de la primera multa de 5.000 euros se pasará directamente a la sanción definitiva. Al ahorrarse los otros dos pasos intermedios, el consitorio estima que el proceso podría no superar los 12 meses.
Desde el año pasado se han iniciado 207 expedientes, de los que 27 están en proceso de algún tipo de multa. Además de los cuatro que han llegado a esta sanción máxima de 315.000 euros, hay otros dos que han llegado a la tercera multa. Otros ocho expedientes van por la segunda multa (de los que cinco han presentado recurso) y 13 están en la primera (de los cuales 10 han presentado recurso). El Ayuntamiento no ha cobrado todas las multa impuestas, pero pretende utilizar la vía ejecutiva para hacerlas efectivas.
“Nuestro objetivo no es recaptar dinero sino que se le dé a la vivienda su uso social”, ha asegurado Montaner. Por eso reivindica el uso de la ley de 2007, así como los seis meses en que pudieron aplicar la ley 24/2015, impulsada por la PAH y luego suspendida por el Tribunal Constitucional. “La 24/2015 nos daba un mecanismo de presión que era poder forzar la cesión de los pisos, pero seguimos teniendo los recursos de la ley de 2007”, asegura. En el proceso sancionador, algunos pisos se han puesto en circulación o se han cedido al Ayuntamiento para incorporarlos a su parque de vivienda. Desde la Unidad Contra la Exclusión Residencial aseguran que si tras la sanción los inmuebles siguen en situación de desuso se podría llegar a la expropiación.
