La Fiscalía se querella contra el concejal de Urbanismo de Xavier Trias por contratos irregulares
La Fiscalía ha presentado este viernes una querella contra Antoni Vives, el que fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias, por supuestamente contratar de forma ilegal al cantante de 'Los Sírex' en la empresa municipal Barcelona Regional. Le atribuye los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y falsedad documental.
En un escrito, el fiscal Emilio Sánchez Ulled acuerda interponer una querella ante los juzgados de Barcelona al constatar que Barcelona Regional tuvo en nómina a dos empleados próximos a la “órbita” de CiU que no desempeñaban en la entidad ningún servicio: Antoni Miquel Cerveró (“Leslie”), cantante de 'Los Sírex', y Jesús Arévalo Bravo, exalcalde convergente de Cervelló (Barcelona). Sus remuneraciones, según el fiscal, ascendieron hasta los 200.000 euros.
La contratación presuntamente ilegal de esos dos empleados de Barcelona Regional, “completamente desconocidos” en la entidad y sin que se les conociera “ubicación o trabajo alguno” según el fiscal, es la única irregularidad de las actividades de la empresa que el ministerio público considera que podría ser delictiva.
De hecho, la Fiscalía señala en su querella que ambos empleados de Barcelona Regional estaban “directamente vinculados a Antoni Vives”, que fue presidente del consejo de administración de la empresa durante el gobierno de Xavier Trias por su condición de concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de Hábitat Urbano de Barcelona. El último de los querellados es Guillermo Hugo Müller, que ostentó el cargo de director general de Barcelona Regional.
Archivados los contratos con los Pujol
Por contra, la Fiscalía ha archivado la investigación sobre la actividad de la empresa Barcelona Regional durante el mandato de CiU que incluía las adjudicaciones a firmas controladas por Pere Pujol, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. El gobierno de Ada Colau lo llevó al ministerio público al apreciar posibles irregularidades en las contrataciones de la entidad.
Una vez analizados los expedientes de contratación, que ascendieron a 4,5 millones entre 2012 y 2015, el ministerio público concluye que los contratos de Barcelona Regional con la empresa de Pere Pujol incluyen “vicios puramente formales, sin que los mismos denoten una palpable arbitrariedad en la decisión adjudicadora”, lo que no permite “ir más allá de su consideración como meras irregularidades administrativas”, por lo que no constituyen ilícito penal.
Similar es el diagnóstico que el fiscal hace de la gestión Barcelona Strategical and Urban System (BSUS), herramienta que Barcelona Regional utilizaba para actuar en el ámbito internacional, con actividades de prospección comercial en el extranjero y que fue calificada como “un éxito” por parte de Xavier Trias.
Tras recordar que las pérdidas acumuladas por BSUS entre 2009 y 2014 ascendieron a 719,2 millones de euros, el fiscal resuelve archivar el caso al descartar que su gestión fuera delictiva, pese al “ruinoso resultado económico global de dicha actividad”.
