Barcelona y el Gobierno se cruzan reproches por la reapertura del CIE

La tensión institucional entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno central por la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca se ha mantenido este viernes. Para justificar el caso omiso que hizo el ministerio del Interior al cierre del CIE que ordenó el Ayuntamiento, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la política migratoria y la expulsión de extranjeros en situación irregular es competencia del Estado y no de las administraciones locales.

Santamaría ha aseverado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, puede “decir todo lo que quiera”, pero que a ella no le compete decidir cómo se gestiona el CIE. Rápidamente le ha contestado la alcaldesa en Twitter, donde ha asegurado que el consistorio  “tiene competencias en materia de licencias y también de Derechos Humanos y las ejercerá”.

Sáenz de Santamaría ha abordado desde una perspectiva de competencias entre administraciones el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona decretado por la alcaldesa de Barcelona y la posterior reapertura del mismo por parte de la Delegación del Gobierno, sin tener en cuenta la voluntad mayoritaria tanto del Parlament de Catalunya como del Ayuntamiento de Barcelona.

La vicepresidenta ha explicado que el Ayuntamiento tiene competencias en materia de apertura o mantenimiento de las instalaciones, pero entre ellas no figura la gestión de la política migratoria. Esa es una competencia del Gobierno central, que “tiene la obligación de llevar a cabo la expulsión de ciudadanos en situación irregular que tiene que cumplir y para eso tiene que haber centros”. Asimismo, ha emplazado al consistorio que dirige Ada Colau a “cumplir la normativa”.

Por su lado, el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha defendido la legalidad de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el respeto a los derechos humanos en esos centros en España en el marco de una ley que ha definido como “extraordinariamente garantista”. Precisamente la constatación de la vulneración de los derechos de los internos por parte de un juzgado de Barcelona fue el motivo que provocó el cierre por obras del CIE de la Zona Franca.

Este jueves, cuando finalizaron las obras, la Delegación del Gobierno anunció que reabría el CIE, contraviniendo el cierre que había ordenado el Ayuntamiento un día antes por falta de licencia.

En declaraciones  a Catalunya Ràdio, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Diversidad, Jaume Asens, ha reiterado la estrategia mostrada ayer por el consistorio para revertir la reapertura del CIE. “No dudaremos en aplicar multas y precintar el centro”, ha dicho, y ha avisado de que si el Gobierno “no obedece, tendremos que recurrir al juez”. El conflicto está servido.