SOS Racisme denuncia la persecución de la Guardia Urbana de Barcelona contra los manteros
Identificaciones por perfil étnico, atestados ad hoc para justificar actuaciones policiales o la aplicación de la vía penal por una infracción administrativa de venta ambulante no autorizada son prácticas recurrentes de la Guardia Urbana de Barcelona contra los manteros, según ha denunciado este martes SOS Racisme. La entidad ha presentado en su informeVenta ambulante y vulneraciones de derechos un compendio de las actuaciones policiales “irregulares” contra la venta ambulante que han detectado en los últimos años en la capital catalana.
En el estudio se denuncian las actuaciones “abusivas y racistas” de la Guardia Urbana entre 2010 y 2016 que ha recogido la entidad. De los 77 casos de los que dan cuenta en ese período, un total de 44 están relacionados con la venta ambulante no autorizada. Sólo en uno de los casos se ha condenado al policía. Las responsables de SOS Racisme detallan que los casos que afectan a manteros, en 12 se ha producido una agresión física policial por actuación en la venda ambulante y en 18 casos la Guardia Urbana ha procedido a presentar denuncia por atentado contra la autoridad. Ante los datos, remarcan que se trata de una muestra de casos graves de situaciones de vulneraciones de derechos.
SOS Racisme ha puesto como ejemplo el caso de Manel, un mantero que prefiere mantenerse en el anonimato y a quien la asociación ha defendido. Recientemente se le ha absuelto de todos los cargos de los que se le acusaba, un delito de lesiones y otro de atentado a la autoridad, por los que el ministerio fiscal pedía para él cuatro años de cárcel. La asociación asegura que a este mantero se le ha sometido a una persecución policial durante meses.
Los hechos se remontan al pasado 14 de agosto de 2016 cuando la Guàrdia Urbana realizó una actuación contra la venda ambulante. En la operación, que las responsables de SOS Racisme han calificado de “desmedida”, se acusó a Manel de un delito de lesiones y otro de atentado a la autoridad. En aquel momento no se le detuvo ni se le identificó, según cuentan des de SOS Racisme. Se le comunicó semanas más tarde que tenía que comparecer en comisaría ya que había sido identificado mediante fotografías, una práctica que la abogada de SOS Racisme ha destacado que la jurisprudencia fija como irregular. Tras una rueda de reconocimiento, ninguno de los agentes de la Guàrdia Urbana pudo identificarlo.
En ese mismo mes de agosto se le acusó de estar vendiendo en la zona de las Ramblas, hecho que él negaba ya que ese día, a causa de la lluvia, estaba vendiendo en otra zona de la ciudad. La identificación de Manel se hizo entonces, de nuevo, “por reconocimiento fotográfico”. En mayo de 2017 se le comunicó, pasados unos meses, un delito de atentado a la autoridad.
“Queremos pensar que estas acusaciones se hacen porque lo confunden con otra persona, no queremos pensar que a esta persona la policía la conoce y se le esté imputando delitos de manera intencionada”, ha denunciado la responsable del servicio de Atención y Denuncia de SOS Racisme, Alícia Rodríguez.
La abogada de SOS Racisme, Lorena Antón, apunta cómo “el atestado policial deja constancia que la identificación no se hace al momento” y que en estos casos los juzgados de instrucción no cuestionan cómo se han hecho las identificaciones. Denuncia, además, que ante los testimonios policiales no se tiene en cuenta la versión de los vendedores ambulantes. La indefensión es mayor cuando los testimonios son otros vendedores ambulantes, porque por miedo, dicen, “desisten de hacer una declaración contraria a la versión de la policía”.
A pesar de esta situación, SOS Racisme celebra poderse reunir con el Ayuntamiento de Barcelona. “Con este Gobierno nos hemos podido sentar, es la primera vez” asegura Cuevas, que sin embargo pide al consistorio que analicen la realidad de la venda ambulante y “que cesen estas actuaciones racistas y abusivas”.
