Vecinos de Barcelona se la cuelan a Airbnb y alquilan un piso turístico ilegal para denunciarlo
La riada de turistas que va y viene de la plaza del Rei de Barcelona se para y le hace fotos a una pancarta que cuelga de un pequeño edificio. “La ciudad no está en venta”, reza la tela. Hay aplausos en la calle. Es el punto y final de una acción que los vecinos del barrio Gótico de Barcelona han llevado a cabo este martes y que venían planeando desde hace semanas. Dos barceloneses han reservado un piso turístico ilegal anunciado en Airbnb. Pero no para comprobar qué siente un visitante que viene a Barcelona por primera vez, sino para lograr que el Ayuntamiento lo cierre. Los inspectores municipales también estaban avisados. Es la primera acción vecinal de este tipo que se hace en la ciudad.
Los inspectores han llegado al piso veinte minutos después que los falsos turistas realizaran el check-in. Efectivamente, la vivienda no dispone de licencia para ser un piso turístico, por lo que procederán a decretar su cese de actividad. Esto no quiere decir que el piso deje de funcionar inmediatamente. Algunos de los 71 pisos turísticos ilegales que han cerrado este verano fueron detectados durante el mandato de Xavier Trias.
Por solo dos noches en el piso ilegal anunciado en Airbnb, los turistas barceloneses han pagado 484 euros (pedirán que se les devuelva el dinero), lo que da cuenta de lo suculento que es el negocio de los pisos turísticos y de por qué ningún propietario se ha acogido al plan del Ayuntamiento para condonar la multa a cambio de convertir su piso turístico ilegal en vivienda social.
El objetivo de los vecinos con esta acción es desmontar el relato de que Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico, que argumentan que los alquileres que se pagan a través de sus páginas webs permiten a muchos vecinos llegar a final de mes.
Si bien esto es cierto en algunos casos, en especial en los alquileres de habitaciones, en otros, como el de este piso de la bajada de Santa Clara, la falta de control de Airbnb sobre las licencias de los pisos que anuncia posibilita un negocio ilegal y tremendamente lucrativo para los grandes propietarios de vivienda. De ahí que el Ayuntamiento haya avisado a Airbnb con sanciones de hasta 600.000 euros si sigue anunciando en su web pisos sin licencia, multas que la plataforma ha anunciado que recurrirá.
Los vecinos van un paso más allá y cuestionan el modelo de negocio de la plataforma. “Airbnb no propone un modelo de economía colaborativa, sino de economía especulativa”, ha afirmado Daniel Pardo, miembro de la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS). Pardo también ha previsto que los vecinos Barcelona, igual que ha hecho la ABTS este martes, “se aprovecharán de las debilidades de Airbnb para perseguir este hurto inmobiliario”.
Los vecinos llevaban tiempo con el piso ilegal localizado. El propietario tiene otros seis pisos turísticos sin licencia en el mismo bloque, otro en el Born y otros cuatro en un edificio del Poblenou. Se anuncian en Airbnb pese a no disponer de licencia, y en una página web propia en la que se deja claro que los alquileres son a partir de 31 días.
Esta es una de las estrategias de los propietarios, ya que se sanciona cuando se ha comprobado que el turista alquila el piso ilegal menos de un mes. Hay muchos más trucos para librarse de una multa: poner el número de licencia de un piso legal en el anuncio de uno ilegal, avisar a los inquilinos para que, si viene una inspección, digan que son amigos del propietario pero que ahora él no está en casa... Y no solo hay argucias legales: algunos vecinos denuncian amenazas y agresividad de los propietarios cuando descubren que en frente de su casa hay un piso turístico ilegal.
La acción de este martes tiene la firma de la Assamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) y la Xarxa Ciutat Vella, dos colectivos vecinales que cuestionan el relato de éxito turístico que venden el empresariado barcelonés y algunos partidos políticos. Por contra, se centran en las consecuencias negativas para el vecindario: subida inasumible de los alquileres, uso exclusivo turístico del espacio público, y vecinos expulsados de sus barrios.
Este último fenómeno es especialmente constatable en los barrios del distrito de Ciutat Vella, el mismo que el piso turístico denunciado este martes. En zonas censales del Gòtic hay el doble de plazas turísticas que población residente. Quien ha tomado nota de la acción de este martes es la concejal del distrito, Gala Pin, que ha mencionado un tuit de la ABTS que narraba la argúcia vecinal para cerrar un piso turístico sin licencia.
