Los hoteleros esgrimen una vía en la ley de urbanismo para saltarse la moratoria de Barcelona
El Ayuntamiento ha suspendido durante un año la concesión de licencias de alojamientos turísticos para abrir un debate con empresariado y vecindario y acordar un nuevo modelo turístico por Barcelona. Pero los empresarios no están dispuestos a esperar y han decidido recurrir a los tribunales y forzar una interpretación de la ley de Urbanismo que los beneficia para sacar adelante los proyectos congelados fruto de la moratoria.
Un total de 26 constructoras y empresas del sector del alojamiento han recurrido al TSJC la moratoria de alojamientos turísticos, y algunas piden la suspensión. Además, este viernes, a través de La Vanguardia, el Gremio de Hoteles ha explicado que al menos 18 hoteles y dos pensiones sortearán la moratoria y que el Ayuntamiento deberá autorizar su construcción.
El motivo que esgrimen los promotores para asegurar que podrán sacar adelante sus proyectos al margen de la moratoria es una interpretación del artículo 105 de la ley de urbanismo catalana. Según la versión de estos empresarios, la obtención del certificado de aprovechamiento urbanístico (el documento que delimita los usos permitidos de un suelo) les da derecho a una licencia.
Por el contrario, la teniente de alcaldesa de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha considerado que los certificados permiten presentar un proyecto de licencia en los siguientes seis meses, pero que esto no significa que los promotores tengan derecho a una licencia. “Son los técnicos lo que tendrán que ver si se cumplen los requisitos”, indicó.
Fuentes jurídicas consultadas por Catalunya Plural insisten en que hay que diferenciar el certificado de aprovechamiento urbanístico de la licencia. Así, sostienen que el certificado de aprovechamiento urbanístico no garantiza automáticamente poder hacer un hotel u otro tipo de alojamiento turístico. Pero las mismas fuentes añaden que una vez ya se ha solicitado la licencia es difícil que cualquier ayuntamiento la rechace, siempre que se ajuste a la ley.
Problemas en el terreno legal
En la mente del vecindario de Barcelona más afectado por la masificación turística todavía está el caso del hotel de la calle de las Magdalenes –en una finca que ocuparon varios miembros del actual consistorio– un ejemplo de las dificultades para que prevalezcan los intereses de la ciudadanía cuando los empresarios turísticos llevan el conflicto al terreno legal. El Plan de usos de Ciutat Vella que aprobó el gobierno de izquierdas en 2010 quiso dejar sin efecto las licencias de obras y actividades concedidas, pero los tribunales acabaron condenando al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 900.000 euros al promotor, además de permitirle la construcción del hotel.
Sanz ha insistido en que la voluntad del Ayuntamiento es que el modelo turístico de la ciudad se decida colectivamente entre administración, vecindario y empresariado, y recordó que los ciudadanos de Barcelona consideran la saturación turística como el segundo problema de la ciudad después del paro. También ha reafirmado la hoja de ruta del gobierno municipal en turismo, que pasa por la presentación dentro de diez días de la “foto fija” del conjunto de alojamientos afectados por la moratoria y por el Plan Especial de Alojamientos Turísticos que se está elaborando y que se prevé aprobar inicialmente en marzo del año que viene.
Aunque el programa electoral de Barcelona en Comú incluía una moratoria de alojamientos, la fecha no se anunció previamente para evitar que se repitiera una avalancha de solicitud de licencias, tal y como ocurrió en el mandato anterior con los apartamentos turísticos. El anterior gobierno municipal de Xavier Trias había dado pistas sobre su intención de suspender la concesión de licencias para apartamentos turísticos, y anunció definitivamente la medida tres días antes de su entrada en vigor. Esto provocó que se legalizaran 676 pisos turísticos el día antes de que se empezara a aplicar legalmente la suspensión. En total, el 20% de los 9.606 pisos turísticos legales que hay a día de hoy en Barcelona se regularizaron dos meses antes de la moratoria decretada por Trias.
