“Hay que limitar el precio de la vivienda para proteger a los consumidores y al mismo mercado”
Si hay una bandera clara del gobierno de Ada Colau es la vivienda, el ámbito al que se dedicaba la alcaldesa antes de dar el salto a la institución. La última campaña institucional que llena las calles de Barcelona dice precisamente que “la vivienda es un derecho como una casa”. Sin embargo, tras más un año de gobierno Colau, la situación en Barcelona no es de las mejores. Si bien los números muestran una mejor respuesta a la emergencia habitacional y los casos de desahucios, los precios de los alquileres se han disparado hasta llegar a batir el récord de los años de burbuja inmobiliaria y el acceso a una vivienda se hace más difícil. Mientras, la presión turística no cesa y sigue inflando los precios.
Ante esta situación, la alcaldesa reclamó hace meses a la Generalitat y el Estado legislación para poder limitar los precios de los alquileres en la ciudad. Detrás de la propuesta y de las políticas de vivienda de la ciudad está Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento. Jurista, consultor en materia vivienda y exviceconsejero de vivienda del gobierno vasco, Burón fue uno de los fichajes del gobierno municipal para hacer realidad esa apuesta.
Según los últimos datos los precios del alquiler en Barcelona han llegado a niveles de récord, por encima del 2008. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
En la ciudad de Barcelona se dan varias cosas a la vez, algunas ocurren en otras zonas urbanas, y otras son más específicas. En primer lugar, somos una ciudad como otras que ha sufrido la crisis, el incremento de la desigualdad y los desahucios y la emergencia habitacional en un sentido amplio, este es un frente de trabajo y de batalla En segundo está que en el Estado español ha habido una devaluación interna, en vez de devaluar la moneda hemos devaluado los salarios. Eso en una ciudad como Barcelona, donde hay mucha apetencia por las viviendas y por los alquileres, con mucha gente compitiendo por el mismo tipo de recursos supone una disociación entre la capacidad adquisitiva y los precios, y tenemos una crisis de accesibilidad. Esto está ocurriendo en más lugares, no sólo está ocurriendo en Barcelona, pero aquí ocurre con una crudeza especial. Finalmente un tercer elemento es que, como otras ciudades, esta es una ciudad envejecida, que se está envejeciendo más, y para la que ni el mercado ni el Estado tenemos respuestas habitacionales.
Eso a nivel general. ¿Qué ocurre que es propio de Barcelona?
Barcelona es la cabecera de una región metropolitana, y es tramposo hacer reflexiones sólo sobre su término municipal, porque el 1,6 millones de habitantes de la ciudad hay que leerlos en un contexto de 3 millones del área metropolitana, o incluso de 4 millones y pico en un contexto de región metropolitana. Ahí tenemos algunos problemas añadidos, porque las viviendas ocupadas, los desahucios, los suelos disponibles o las capacidades económicas no se reparten de una manera homogénea, y lo que todavía no hay es una política pública metropolitana de vivienda.
¿Cómo se responde a la situación actual?
Primero hay que decir que el Ayuntamiento de Barcelona siempre fue bastante activo en materia de vivienda. No se puede decir que tengamos una política de vivienda pública municipal y un servicio público de vivienda bien estructurado, potente, como lo pueden tener otras ciudades europeas, pero si miramos a escala del Estado español es de las que más rápido y con más creatividad ha tratado de desarrollar cosas. Lo que pasa es que ahora con el reto que tenemos lo que se trata es de hacer mucho más en términos cuantitativos y cualitativos, porque hay que desarrollar instrumentos nuevos, y muy rápido, cosa que en vivienda es complicado. Trabajamos con los suelos, trabajamos con urbanismo, hacemos edificios y gestionamos alquileres, y trabajamos con la gente de servicios sociales. Es un pack que impide ser extraordinariamente rápido.
Más allá de estas dificultades, ¿qué se está haciendo?
Primero, estamos en todo lo que tiene que ver con emergencia habitacional. Tenemos un equipo de personas especializado en la detección de casos de desahucios, en la paralización de los mismos, en la negociación con los propietarios para intentar conseguir salidas, temporales o definitivas, en la misma vivienda en la que están o en otras, a través de ayudas públicas al alquiler o del parque público, u otras soluciones. Lo que estamos haciendo ahora mismo es garantizar que en todos los casos que somos capaces de seguir, nadie va a la calle. Hay una solución, temporal o definitiva, mejor o peor, de más o menos calidad, pero eso está garantizado. Ese equipo, que se llama la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), tiene muchos instrumentos pero hay uno nuevo que es muy potente, que es que hay muchas más ayudas al alquiler de las que teníamos en el pasado. Es una política que tenemos consorciada con la Generalitat pero por primera vez, y creo que somos la primera ciudad relevante en el Estado español que lo hace, hay unas ayudas que son 100% financiadas por el Ayuntamiento. Ese pack de equipo y un instrumento como son las ayudas al alquiler estamos convencidos que evita muchos desahucios.
¿No hay más desahucios ahora?
Ahora tenemos más desahucios que en el pasado, porque están mejor rastreados, porque hay más y porque los atendemos mejor, pero si no tuviésemos esas ayudas al alquiler todavía tendríamos muchos más desahucios. Ese es un frente de trabajo.
Pero también hay que responder a las situaciones que no son de emergencia.
Otro frente de trabajo es que en la ciudad tenemos 10 mil viviendas públicas o de entidades del tercer sector en alquiler a precios inferiores a los del mercado, en una ciudad en la que hay 280 mil unidades convivenciales que son inquilinos y que tiene 684 primeros domicilios. A ese respecto no somos una ciudad europea. Sí somos una ciudad europea o centro europea en el porcentaje de alquiler, que es el 30% del total del mercado. Es de los más grandes, sino el más grande, de todo el Estado, pero después el tamaño del parque público y el parque de alquiler sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado es diminuto. 10.000 sobre 280.000 es la nada, y 10.000 sobre 684.000 es todavía menos.
¿Qué soluciones hay a esta falta de vivienda a precios asequibles?
El reto es ser capaces de tener un servicio público de vivienda y unas entidades del tercer sector e incluso algunas entidades profesionales y mercantiles que seamos capaces de articular una oferta de 100.000 viviendas de alquiler a precios inferiores a los del mercado; alquiler moderado, alquiler social, alquiler público, … No puedes pasar de 10.000 a 100.000 viviendas en tres minutos, pero lo que sí vamos a hacer, y en eso estamos, es poner el Patronato Municipal de Vivienda a la máxima capacidad productiva que podamos. Cuando asumimos la gestión el patronato era capaz de producir unas 250-300 viviendas al año. Hacia el 2018 vamos a alcanzar una capacidad productiva de 1.250 viviendas al año, y después la idea es no caer bruscamente sino poder estabilizarnos en un nivel de entorno a 1.000.
¿Con estas cifras crees podrá el Ayuntamiento impactar en los precios del mercado?
Supongamos que el Ayuntamiento dispone de presupuestos en el futuro, que la Generalitat mejora su situación económica y puede invertir más e incluso que desarrollamos algunas alianzas con el tercer sector y algunas entidades mercantiles. No pasaremos inmediatamente de 10.000 viviendas a 100.000, así que costará mucho tener capacidad de incidencia sobre el mercado. Tienes que tener más o menos un tercio de la masa del mercado para poder influir en los precios y ser un operador que cuente, y eso va a tardar años.
¿Y entonces?
La reflexión que te hacen ciudades que tienen unas políticas públicas de vivienda muy maduras, en las que se han invertido mucho dinero y donde se han hecho las cosas bien, es que a pesar de todos esos esfuerzos hace falta también una normativa de ámbito estatal –porque afecta a la propiedad y a la libertad de empresa– que prevea dos elementos. Por un lado, índices de precios de referencia, producidos por la administración pero muy sólidos técnicamente y respetados por todo el mundo, en los que se diga que para una determinada zona, con un determinado número de metros cuadrados, de viviendas de una edad determinada, con cierto tipo de calificación energética, el precio razonable del mercado sería este. Por lo tanto, el inquilino no debería pagar más, salvo que quiera hacerlo por esa vivienda en concreto. Y el arrendador debe saber que si arrienda por encima de ese precio tiene un margen de beneficio superior al que da el mercado.
¿Disponer de un índice indicativo de precios resuelve el problema?
Esto en muchas ciudades por sí mismo ya modera los precios, si eres capaz de elaborar un índice de prestigio que se conozca por todo el mundo. Pero hay ciudades que han dado un paso más –ese es el segundo elemento– y lo que dicen es: en ciertos contextos temporales, en ciertos lugares de la ciudad y en ciertas condiciones socioeconómicas, hay que limitar el precio del alquiler, tanto para los nuevos contratos que se firmen como para las actualizaciones de contratos en vigor. Esto último es importante porque en muy buena parte de Europa los contratos de alquiler son de largo plazo. Esta situación que tenemos nosotros de contratos de tres años es rara, lo habitual son contratos de 10 o 15 años, o de por vida, como en Alemania.
Pero regular los precios no está en manos del Ayuntamiento.
No, nosotros no podemos hacer este viaje solos, porque es una competencia estatal y porque seguramente tendrá que hacer algo también el Parlament de Catalunya, hay competencias que pueden ser compartidas. Viena, por ejemplo, que tiene cien años de política pública de vivienda, que tiene vivienda pública, cooperativa, del tercer sector, y son los principales arrendadores de vivienda de la ciudad, donde casi todo el mundo vive de alquiler, tienen más de 400.000 unidades que no son de mercado. Hasta Viena defiende la idea de que en determinados momentos, en determinados lugares los precios no pueden fluctuar libremente y tiene que haber límites. Los dos sistema que marcamos de referencia son Berlín, que lleva más tiempo, y París, que es más nuevo y hay que ver como evoluciona. Hay ciudades europeas grandes, atractivas, que concitan la llegada de mucha gente y que hacen que el territorio y las viviendas sean un bien muy escaso y muy cotizado, que lanzan la idea de proteger a los consumidores, sí, pero también el mercado.
¿Proteger el mercado?
Que el mercado no entre en una espiral inflacionista y especulativa que en algún momento explotará. Esta es una idea que compartimos. Y esto suele salir menos en el debate público, pero es muy importante la protección del mercado. Un mercado en el que los precios crecen al 10% o 20% todos los años antes o después revienta. Tenemos experiencias en relación al ladrillo, ya reventó el mercado de las hipotecas y el de la compraventa. Si algo tiene un crecimiento anual muy por encima del crecimiento del PIB, es que es un mercado sobrecalentado. Podemos esperar a que reviente el mercado de alquiler y que los contribuyentes paguen los platos rotos, como ya se hizo antes, o podemos tratar de enfriarlo, que es lo que no se hizo.
¿Cómo se concretarían en Barcelona los modelos de Berlín o París?
El modelo alemán, por ejemplo, es muy complejo, porque es un precio por metro cuadrado en función de la localización, de la edad y del equipamiento de la vivienda, con lo cual es un índice que no es sencillo de crear. No es tan sencillo como decir “en toda la ciudad de Barcelona, tantos euros el metro cuadrado”, porque depende de todos estos factores. Pero la idea es que deberíamos construir ese índice de referencia, y esa sí es una cosa que puede hacer la ciudad de Barcelona sola. Nadie nos prohíbe que hagamos un estudio del mercado y que a los consumidores les recomendemos unos precios mientras no sean vinculantes. Pero la idea sí sería utilizar todos esos factores –localización, tamaño, edad y estado de la vivienda– para recomendar al mercado unos precios. Lo que no podemos hacer solos es el siguiente paso, otorgarle a ese índice consecuencias jurídicas. Esto es una cuestión que tiene que hacer el Parlament y sobretodo las Cortes.
¿Con una ley catalana de arrendamientos urbanos, de la que se está hablando ahora, se podría establecer esta limitación de precios?
Hay margen de maniobra para hacer cosas, pero la tesis que defendemos nosotros es que si se va a llegar a las últimas consecuencias –el modelo de París y el modelo de Berlín– en los dos casos hay una ley estatal que ha autorizado previamente que las ciudades realicen ese tipo de esquemas. Y en nuestro caso yo creo que es bastante evidente que si limitas el precio al que se puede sacar rendimiento a un bien económico como es la vivienda estás limitando el derecho a la propiedad y estás limitando la libertad de empresa. Eso es innegable. Pero la Constitución permite limitarlos si hay intereses adicionales en juego, como el interés general, y otros derechos constitucionales afectados. Y en nuestro caso está afectado el derecho a la vivienda, pero también el derecho al acceso a los servicios sociales, a la educación o a la sanidad, porque en realidad de nuestro domicilio después depende el acceso a todo el paquete de servicios públicos. Con lo cual, no se trata de disminuir hasta la mínima expresión unos derechos constitucionales y maximizar los otros, se trata de buscar un cierto equilibrio.
Mientras tanto, la elaboración de un índice de precios de referencia sí está en manos del consistorio. ¿Hay alguna previsión?
Deberíamos de ser capaces de presentar en sociedad un modelo en el 2017. Ahora bien, también creo que tenemos que medir nuestras posibilidades. El Ayuntamiento de Barcelona será proactivo, hará una propuesta, que será técnicamente bien estructurada, abierta al debate, pero algo tendrá que decir el INE, el Institut d'Estadística de Catalunya, el Govern, el Gobierno del Estado, … Podemos lanzar la piedra al estanque y avanzar el debate, pero no puede ser una tarea sólo del Ayuntamiento de Barcelona. Seremos proactivos y habrá noticias durante el 2017, pero necesitamos compañía en el viaje. Compañía de otras ciudades, que es algo que también estamos trabajando, y de expertos, de los institutos oficiales de estadística de la administración.
Ante la propuesta de limitación de precios, algunos colectivos de propietarios han dicho que a lo mejor ya no les saldría a cuenta alquilar.
El índice de referencia tiene que estar muy buen construido técnicamente y la limitación de precios tendría que permitir un rendimiento tal que el activo, la vivienda, se pueda mantener: que si hace falta rehabilitación se tiene que pagar, y que el propietario tenga un rendimiento. Ahora, entre el más de 20% de rendimiento y el 5% o el 10% hay bastante margen de maniobra. Una caracterización caricaturesca y muy despectiva que se suele hacer de este tipo de reflexiones es decir: “Ah, ustedes quieren volver al decreto Boyer o a la congelación de alquileres de Franco”. En una situación de postguerra, con un parque destrozado y sin empresas capaces de hacer viviendas, lo que hizo el franquismo en su día fue de facto limitar severamente los precios. Con lo cual es verdad que la gestión de esos activos económicos se volvió no interesante, y daban unos rendimientos que no permitía ni siquiera rehabilitar y mantener las viviendas en condiciones de buen uso. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que en una ciudad alguien puede obtener un 20% y pico de beneficio este año, otro 20% y pico el año siguiente y después vender la vivienda y desaparecer. Ese es el ciclo mental que tienen muchos inversores. O en cambio puedes obtener, por ejemplo, todos los años un rendimiento del 7% o el 8% en los próximos 15, 20 o 30 años. Este segundo modelo de negocio es más razonable, como mercado en si mismo y también para que la gente pueda acceder a unos alquileres que pueda pagar.
Eso está lejos de sacar la vivienda del mercado.
La idea no es: cómo la administración no es capaz de producir suficientes alquileres baratos y como el mercado está alocado, vamos a prohibir que el mercado exista. No es eso lo que están haciendo en París o en Berlín. La idea es: la administración tiene que hacer todo lo que está en su mano pero, aún así, en el caso de relaciones de fuerza en mercados dónde la parte privada es muy grande, en algunos casos hay que proteger al mercado de sí mismo, para que el mercado funcione bien a largo plazo y para que la gente pueda vivir en la ciudad. Porque en el caso de Barcelona y del área metropolitana lo que va a provocar si no es que ninguno podamos vivir en nuestra ciudad, y que Barcelona sea un emisor de población a otros municipios del área metropolitana. Y no vamos a emitir primero la población de más nivel económico. Vamos a emitir primero la población con niveles económicos más débiles o con futuros laborales más frágiles. No es razonable que toda esa gente se vaya moviendo por el área metropolitana como consecuencia de un mercado que no funciona correctamente.
Hemos hablado de soluciones a más largo y medio plazo, como la construcción o una necesidad legislativa. ¿Qué respuestas pueden tener ahora mismo personas que a lo mejor no están en situación de emergencia, pero tienen sueldos bajos y tienen dificultades para acceder a un alquiler con los precios disparados?
De entrada las ayudas al alquiler, porque no tienen porque ser sólo para las personas en riesgo de exclusión social que están a punto de perder la vivienda. Si progresivamente fuéramos disponiendo de fondos suficientes para hacer de eso una política generalizada estaríamos convergiendo con la Unión Europea. Porque estos países que tienen mucho parque de alquiler público o privado sin ánimo de lucro, a la vez también tiene una política de ayudas directas al alquiler fuerte. Las dos cosas se combinan. Nosotros haremos todo lo que podamos, pero claro, las posibilidades presupuestarias de la ciudad son limitadas, y deberíamos poder tener más dinero para ayudas al alquiler financiadas por las tres administraciones: la estatal, la autonómica y la municipal. Y después hay otra gran reflexión, que en el caso de Barcelona hay que matizarla mucho, sobre la movilización de viviendas vacías.
¿Por qué hay que matizarla?
Hay viviendas que están vacías, que necesitan rehabilitación, que están insuficientemente utilizadas, que se puede mejorar su estado y su uso. Pero esto en otros lugares es mucho más cierto que aquí por varias razones. De entrada, porque la banca, cuando explotó la burbuja, aquí tenía menos vivienda que en otros lugares, y la que tenía la ha comercializado más rápidamente, porque el mercado paró menos tiempo, con lo cual en términos relativos hay muy pocas. La banca puede tener entre 3.000 y 5.000 viviendas en la ciudad. Son muy poquitas en términos relativos. En otros municipios puede representar una parte muy importante de la solución de los problemas a futuro. Pero en una ciudad con 684 mil primeros domicilios, que la banca tenga 3.000 o 5.000 viviendas estructuralmente no es un factor clave.
¿Y más allá de la banca?
El conjunto de las viviendas vacías en la ciudad asciende a algo más de 30.000 según algunos estudios municipales. Hay otros estudios que dicen puede haber hasta 80.000. Aunque nos pusiéramos salomónicos y dijéramos que son 50.000, esas viviendas deben ser objeto de la política pública, sin duda, pueden ser un instrumento adicional para solucionar problemas, sí, pero no van a ser un instrumento central como en otras ciudades. En Barcelona tenemos una parte pequeña del stock total vacía, lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer censo de viviendas vacías, que no tengamos que ofrecer ayudas a la rehabilitación y a la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible y que en los casos en los que se incumpla la normativa vigente no impulsemos procedimientos sancionadores, y en todo eso estamos. Pero hay que contextualizarlo. Para la ciudad por ejemplo a día de hoy es más importante estructuralmente y a futuro la política de rehabilitación que la política sólo de movilización de vivienda vacía. Ahora bien, son dos políticas que se tocan, porque las pocas viviendas que no están en alquiler o en venta ahora mismo en la ciudad es que tienen problemas; o de localización, o de estado, o temas de herencias entre los hermanos y hermanas, …
No hemos hablado de cómo se contabilizan los pisos turísticos en este escenario.
Hay una cifra oficial que es el número de viviendas que han recibido licencias. Este es cierto. Después todos tenemos acceso a una cosa que se llama internet y podemos buscar en los portales y sabemos que la realidad no es la del número de licencias, que hay bastantes viviendas de uso turístico que no tienen licencia. Hay estimaciones diversas de si son dos veces o tres veces la oferta legal, y es evidente que es un factor que afecta. El establishment económico a día de hoy todavía dice que son dos mercados diferenciados, segmentados, que no hay ninguna conexión entre uno y otro, y que los propietarios que alquilan una vivienda para uso turístico y obtienen una rentabilidad de 3.000 o 5.000 euros al mes, son un mercado, y que la gente que alquila su vivienda para obtener 800, 900 o 1000 euros al mes son otro mercado.
Pero esto no tiene ningún sentido.
Es ciencia ficción. En una ciudad como Barcelona la oferta es escasa y la demanda es abundantísima, de fuera de la UE, de la UE, de todo el Estado español, de parte de Catalunya y de la propia ciudad. El territorio es finito y las disponibilidades son limitadas. Pues es evidente que estos recursos tienen un valor altísimo, y si los estás poniendo en alquiler turístico los estás detrayendo del alquiler habitacional normal y corriente. Es así y lo dicen ahora mismo también los estudios y estadísticas, pero por otra parte todo el que vive en Barcelona y pasea también lo ve. Yo veo en mi calle viviendas en las que durante cuatro meses ha habido mucha gente, y no tenían licencia turística, y son viviendas podrían estar alquiladas como lo está la mía todo el año, y en mi barrio el precio del alquiler sube como consecuencia de la presión. Pero tampoco podemos hacer la lectura de que el precio del alquiler en Barcleona es caro sólo por las viviendas turísticas irregulares. Es un factor muy importante, pero no es el único. La ciudad es atractiva en si misma, y hay mucha gente con capacidad de compra que llega a la ciudad y quiere estar unos días, unas semanas, unos meses o unos años. Hay un poco de todo, es un contexto complicado.
Paralelamente a todo esto, el Ayuntamiento está fomentando otro modelo de propiedad de la vivienda.
En Barcelona, en Catalunya y en España nos hemos acostumbrado a que, en materia de vivienda, la administración o no te da nada, o te da una vivienda que es indiferenciable de la del mercado. Es de la misma calidad o de más, a precio de construcción, y tú no haces nada. Más allá de que es un derecho que tienes, y entras en un registro y pasas por unos procedimientos de adjudicación. Eso hay que seguir haciéndolo, pero en el resto de la UE no es la única solución. Hay vecinos que se agrupan, tienen un proyecto, ponen su tiempo, su dinero, buscan financiación, apoyo técnico, y después a la administración también le piden ayuda, suelo, acompañamiento técnico, subvenciones, … pero lo que montan son cooperativas de vivienda. Básicamente significa que la administración y los ciudadanos cooperamos para satisfacer un derecho de una manera en que el ciudadano asume mucho más protagonismo en el pago, pero también en el diseño de dónde va a vivir el día de mañana. Sería pasar del solicitante de vivienda protegida escrito en un registro, al cooperativista que se mueve y le pide a la administración una parte del esfuerzo. Nosotros estamos muy comprometidos con eso también, por muchas cosas. Por el ahorro, por el empoderamiento del ciudadano, por el hecho de que en ese caso no sólo se construye vivienda sino que se teje comunidad, …
¿Cómo están impulsando estas cooperativas?
La ciudad tiene dos experimentos en marcha y ahora vamos a pasar de la experimentación a la producción en serie. Ahora en breve licitaremos seis suelos y lo seguiremos haciendo a futuro. La idea es que queremos construir una pequeña red de cohabitatge, que si es exitosa después entendemos que tendrá un cierto carácter multiplicador e iremos a más. Esto de abajo arriba. La otra cosa que queremos hacer, que hay en el resto de la UE y que habría que tratar de darle una vuelta aquí en Barcelona, es que en otros lugares hay entidades privadas muy profesionales, que trabajan en materia de vivienda, que o bien no tienen ánimo de lucro o bien tienen un ánimo de lucro limitado. Alquilan vivienda no a precio social pero tampoco al precio del mercado, y se llaman housing associations. Eso no existe ni en Barcelona, ni en Catalunya, ni en España y estamos comprometidos con lanzar la primera housing association aquí. Aceptamos que es una estrategia de arriba abajo, porque aquí estamos hablando de poner el capital, de hacer una cierta inversión, tener suelos, y queremos hacer una cierta combinación de las dos estrategias. De abajo arriba y de arriba abajo.
Hace unos días se presentó el proyecto de cooperativas de vivienda a los vecinos de la Barceloneta, y las dificultades del proceso dejaban la sensación de que no era para todo el mundo. Los casos que están en marcha, de gente que lleva tiempo trabajándolo como Sostre Cívic y la Borda, no parecen tan extrapolables.se presentó el proyecto de cooperativas de vivienda a los vecinos de la Barceloneta
Es cierto que hay barreras. Por ejemplo, la gente que tenemos en riesgo de exclusión social o muy cerca de la exclusión social no se puede plantear esto, tiene un montón de problemas, y tiene el día a día y tiene que sobrevivir. Es un camino para gente de clase media, no hace falta que sean ricos, pero requiere dos cosas, no sólo renta, sino que requiere un cierto capital cultural. No es para todo el mundo hoy, pero claro, hay ciudades dónde hay 100.000, y cuando es así ya se hacen como churros, porque la ciudad asume que eso es un camino para acceder a la vivienda y que requiere una serie de cosas. La idea sería pasar de la experimentación, con esos dos proyectos en marcha, a la, entre comillas, “industrialización”. Cuanto más prototipemos, menos barreras de entrada habrá. Primero porque el camino se conocerá, segundo porque sabremos exactamente qué nivel de renta, de endeudamiento y de esfuerzo requiere, y después porque la masa crítica hace que las cosas bajen de precio. Cuando haya más será más fácil hacerlo y será más barato. ¿Eso quiere decir que puede acabar siendo el cohabitatge una solución habitacional para todo el mundo? No, porque ni siquiera en Estocolmo es para todo el mundo. Pero claro, no es lo mismo que de esas 100.000 viviendas de alquiler a precios asequibles que necesitamos, las 100.000 las tenga que hacer la administración, que sea la propietaria y las tenga que mantener con presupuesto, o que, por ejemplo, 35.000 de esas sean de cooperativas y housing associations. Sería otro contexto, que es por ejemplo el contexto de Viena. El municipio de Viena es el mayor arrendador de Europa, es tan grande que ha tenido que dividir su parque en tres sociedades municipales distintas, pero más de un tercio de la oferta en la ciudad la realizan las asociaciones de cooperativas y las housing associations. El problema es que no tenemos un siglo. Ellos eso lo han hecho con un siglo y con una morterada de dinero. Nosotros no tenemos el siglo y seguramente no tendremos la morterada de dinero, pero hay que ir construyendo los instrumentos.
