El fin de la moratoria hotelera parcial en Gràcia acelera las conversaciones por el plan de alojamientos turísticos
La aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) sólo tiene dos posibles fechas. La primera, la que más le gustaría al gobierno de Barcelona, sería este 27 de enero, en el primer pleno del año. La segunda, una posibilidad que no descarta el consistorio dependiendo de cómo avancen las negociaciones con los grupos estos días, durante el pleno de febrero.
El PEUAT no podría tardar más en aprobarse si el Ayuntamiento –tal como ha recogido este diario– quiere poner en marcha el plan antes del fin de la suspensión de licencias del plan de usos del barrio de Gràcia, en marzo.
La fecha de Gracia marca el vencimiento de moratorias parciales más cercano, pero no es el único caso. Un mes después, en abril, el Poble Sec pasará por el mismo proceso: admitirá de nuevo, de forma indiscriminada, nuevos alojamientos turísticos si el Ayuntamiento no lo remedia. “El objetivo del PEUAT implica afrontar de forma conjunta toda la regulación sobre los alojamientos turísticos”, dictaba el consistorio en la presentación del plan, unos meses atrás. La meta inicial del consistorio puede quedar soterrada si el PEAUT no se aprueba próximamente.
Una cuestión añadida, pero que preocupa menos el consistorio de Barcelona por plazos, es la moratoria hotelera decretada en julio de 2015 –el paso previo a la elaboración del mismo PEUAT, y que ya fue prorrogada por un año. La moratoria hotelera de Colau caducará en julio de este 2017.
Si bien el año no terminó con buen ambiente en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, con una aprobación de presupuestos por la vía de la cuestión de confianza, al parecer tampoco será fácil llegar a acuerdos en los inicios del 2017. “Se están cerrando algunos puntos”, han destacado fuentes municipales a Catalunya Plural, en referencia a las negociaciones sobre el PEUAT, que estos días se precipitarán después del parón navideño.
Si las previsiones se cumplen, el PEUAT hará sudar sangre al gobierno de Colau hasta su aprobación definitiva en el pleno. No será ninguna novedad; meses atrás, Colau se vio obligada a retrasar la aprobación del plan por la falta de consenso. El texto recibió las críticas de la oposición, de los empresarios y de los vecinos. El consistorio contó cerca de 130 alegaciones al plan. La Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible llegó a considerar irreal la bajada “natural” de presión turística que proponía el PEUAT.
En el terreno político, el PSC fue uno de los grupos municipales más críticos con el plan. No dudó, incluso, a alinearse en contra de las políticas turísticas de BComú junto a Ciutadans, CiU o el PP. Ahora, la posición de los socialistas se ha ablandado con el pacto de gobierno, aunque su forma de entender el turismo, como una fuente económica, chirría con la idea del equipo de Colau.
En cuanto al resto de socios potenciales de Colau para la aprobación del plan, las posturas siguen en la misma línea que antes del verano. CiU, ERC y Ciutadans se han mostrado partidarios a limitar los alojamientos en zonas saturadas, sí. Pero no queda tan claro dónde poner el freno a este freno de nuevos alojamientos. Si bien Ciutat Vella, con las licencias paradas por un año, es fuente de consenso, el resto de la ciudad se tendría que negociar.
Grupos como Esquerra confían, además, que el Ayuntamiento dedique recursos a combatir los alojamientos turísticos ilegales. Por su parte, el consistorio recuerda que estos “esfuerzos” ya se están haciendo.
La cifra de órdenes de cierre de pisos turísticos ilegales se disparó tras el “plan de choque” que el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha el pasado mes de julio: en sólo dos meses se hicieron efectivas 615 órdenes de cese. Barcelona, además, ha mantenido activa una política sancionadora contra las empresas que ofrecían alojamientos turísticos ilegales. Airbnb y HomeAway recibieron hace unas semanas multas de 30.000 euros por su actividad.
