El Colegio de la Abogacía respalda a la letrada denunciada por Junts por su informe sobre machismo

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha defendido la “libertad en el ejercicio profesional” de la letrada a la que Junts denunció por injurias por su evaluación del machismo en el partido. La institución se posiciona así tras recibir una petición de amparo de la abogada, quien considera que Junts se querelló contra ella como represalia por hacer su trabajo.

La ampara colegial es el último episodio del caso, pendiente de si el juez archiva las pesquisas una vez la abogada y los otros dos expertos en género denunciados por Junts (un psicólogo y una trabajadora social) ya prestaron declaración. Varias comisiones y profesionales de la abogacía respaldaron a los profesionales.

En su resolución, la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía acuerda garantizar la “libertad en el ejercicio profesional, la protección del derecho a la defensa y la preservación del secreto profesional” de la letrada, en los términos previstos en la normativa colegial. Para velar por esos derechos, la junta acuerda hacer “seguimiento” del caso, a través de la comisión de relaciones con la administración de justicia del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

La abogada, al igual que los otros investigados, negó en su declaración ante el juez que su informe buscara injuriar al partido, como mantiene Junts, y defendió que su trabajo se ajustó al protocolo antiacoso del Parlament, suscrito por todas las formaciones. El dictamen que terminó en el juzgado es el primero realizado a instancias de la Cámara desde la aprobación del protocolo.

Las trabajadoras y el trabajador denunciados son expertos independientes designados por la Oficina de Igualdad de la Cámara catalana y trabajan para una fundación a la que el Parlament externaliza las investigaciones sobre machismo. El protocolo del legislativo catalán les obliga a realizar un informe cada vez que un empleado o diputado denuncia una situación de acoso machista. 

En su informe, las profesionales concluyeron que la denuncia de machismo de la exdiputada de Junts Cristina Casol –expulsada de la formación tras la denuncia– no debía prosperar ya que no cumplía con todos los requisitos que marca el protocolo antimachista del Parlament, si bien detectaron una “situación sistémica” de machismo en el grupo parlamentario así como un “reparto de tareas asociado a los roles patriarcales tradicionales” y un “menosprecio hacia las acciones de sensibilización y formación en materia de género”.

Ambas expresiones fueron consideradas por Junts como un delito de injurias al valorarlas como “afirmaciones gravemente ofensivas sin fundamento ni motivación” contra el grupo parlamentario y el partido en su conjunto.