“Muchos de los que se dedican a la política creen que su ejercicio lleva garantizada la impunidad”
Carlos Jiménez Villarejo nació en Málaga en 1935. Inició su carrera como fiscal a principios de 1962 en Barcelona. Fue fiscal anticorrupción entre 1995 y 2003, cuando fue cesado coincidiendo con el gobierno de José Maria Aznar. Se presenta como fiscal jubilado, pero sigue asesorando, en mayor o menor grado, a Izquierda Unida e ICV, y estudiando y analizando la corrupción política. Preocupado por la recuperación de la memoria histórica, Jiménez Villarejo ha escrito recientemente un libro, junto con el juez Antonio Doñate, en el que denuncia la pervivencia del franquismo en el ámbito judicial y la existencia, todavía hoy, de más de 100.000 personas desaparecidas.
Oriol Pujol ha dejado sus cargos en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tras su imputación en el caso de las ITV, incluida la Secretaría General, pero permanece como diputado. ¿Qué lectura hace?
Asociaría la imputación de Oriol Pujol en este momento a las cumbres anticorrupción que convocó el President Mas hace un par de meses. Estas cumbres tenían distintos objetivos, pero uno de ellos era acordar que la imputación por un determinado delito no llevara consigo tener que renunciar a un cargo público, salvo que se hiciera un juicio oral contra aquella persona. Ese acuerdo se tomó ante la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ahora ha firmado el auto de imputación de Oriol Pujol, y del fiscal superior de Catalunya, recientemente destituido. Esto hay que situarlo en ese marco. Además de las autoridades judiciales también estaba el síndic de greuges y el director de la Oficina Antifrau. Con esas cumbres, quiso conseguir un cierto respaldo institucional. Creo que fue un acuerdo en el que estaba especialmente interesado. Ya había dos diputados imputados, Xavier Crespo y Ferran Falcó, y era previsible la imputación de Oriol Pujol. Creo que esa decisión fue un error mayúsculo.
¿Por qué?
Cuando hablamos de cargos públicos de esta categoría y de esta naturaleza, creo que la imputación tiene un valor que va más allá de la imputación que pueda dictar un juez de instrucción. En el caso concreto de Oriol Pujol, un tribunal compuesto por tres magistrados afirma que hay indicios diversos y verosímiles de que ha cometido un delito de tráfico de influencias y define perfectamente la conducta, es decir no es un auto carente de fundamento, sino todo lo contrario. Todo está muy bien fundamentado. En el auto se define como él, abusando de su posición de secretario general de CDC y de su posición en el partido, ejerció influencias activas para conseguir unas determinadas ejecuciones administrativas a favor de algunas empresas o personas en el tema de las ITV. Cuando estamos hablando de una persona aforada por ser diputado, sobre la que un tribunal de la más alta instancia judicial de Catalunya, acuerda una imputación, que continúe como diputado, a mí me parece una burla a la ciudadanía de Catalunya, al Parlament y al sistema democrático de Catalunya. Creo que Oriol Pujol ya tendría que haber dejado todos sus cargos, incluido el de diputado.
Vivimos un momento muy crítico en todo lo que hace referencia a corrupción. Cada dos por tres salen a la luz casos nuevos. La ciudadanía tiene la percepción que existe cierta impunidad.
Habría que diferenciar unos casos de otros. Ha habido momentos en que la justicia ha sido activa y eficaz, pero por lo general suele ser tardía. El proceso suele ser más lento de lo que sería exigible y eso lleva a la ciudadanía a la percepción de que la corrupción es impune. Pero no siempre es así. Creo que la respuesta judicial en Baleares, en Mallorca, por parte del juez Castro y la fiscalía anticorrupción ha funcionado. Ha habido muchos procesos, diversas condenas de cargos relevantes del PP, de Unió Mallorquina. Muchas personas han sido expulsadas de sus cargos públicos. En el caso de Urdangarín, con toda la complejidad que tiene un caso como éste, creo que la respuesta está siendo muy activa y eficiente. Otra cosa es que la ciudadanía eche de menos que haya determinadas personas que, ante tan gravísimas imputaciones como las que les hacen a Urdangarín o Millet, el proceso se ralentice y al mismo tiempo nadie haya pisado nunca la prisión, una prisión en virtud de una medida cautelar de prisión provisional. En otros muchos delitos y en personas que no ocupan cargos de responsabilidad, ni social ni política, los jueces no se andan con tantos miramientos. Decretan la prisión provisional y punto. La ciudadanía percibe que hay una aplicación desigual del derecho penal, es decir para los más poderosos hay un tratamiento que si no es complaciente, sí es favorecedor de sus intereses, sin perjuicio que paralelamente se esté investigando, mientras que en otros delitos menores o graves, la respuesta judicial es contundente e inmediata. Esto crea cierta percepción de perplejidad o de sorpresa y al mismo tiempo de descrédito de la administración de justicia.
Hay alguna explicación de por qué se dan tantos casos de corrupción en España. ¿En otros países la situación es tan grave?
Italia es un caso paradigmático. Italia tuvo la fortuna de que a principios de los años 90, una serie de fiscales y de jueces afrontó la corrupción que llenaba el país por completo y afectaba a muchos partidos políticos, como el partido socialista y la Democracia Cristiana. Durante aquellos años se hizo una operación de limpieza penal. Esa operación estaba dirigida por el entonces fiscal Antonio di Pietro. Creo que se dictaron un millar de prisiones provisionales, fueron destituidos de sus cargos públicos miles de autoridades. Se puede decir que se desmontó prácticamente toda la corrupción política que había instalada por aquel entonces en Italia. Desgraciadamente, luego, Italia, tiene añadido el problema de la mafia, aunque también ha sufrido duros golpes con un coste muy grave para los jueces y fiscales que le han perseguido, entre otros Giuseppe Falcone. Se puede decir que ha habido respuestas judiciales enérgicas y efectivas, pero a partir del momento en que una persona como Berlusconi, con muchas causas abiertas no solo por corrupción, sino también por delitos contra la libertad sexual, fue elegido jefe de gobierno y tuvo un respaldo mayoritario en las urnas, la situación se volvió muy preocupante. Ahora bien, fuera de Italia, por lo general, no hay nada que se pueda parangonar a lo que sucede en España.
¿Entonces, cuál es el motivo que se den tantos casos de corrupción?
España está viviendo un momento crítico de ruptura de los principios de la moral y la ética pública en el funcionamiento de las instituciones y de los propios partidos políticos. No creo que los políticos españoles sean mejores o peores que los de otros Estados europeos. En España hay como una semilla que pervive desde la dictadura que ha hecho que muchos de los que se dedican a la política crean que el ejercicio de la función política lleva garantizada la impunidad de cualquier cosa que hagan, cualquier abuso de poder, cualquier ejercicio de influencia indebida. También hay un problema serio con los mecanismos de prevención y de control que han favorecido que la corrupción haya prosperado tanto en España. Los partidos políticos no han tenido la regulación y el control necesario para garantizar un funcionamiento transparente al servicio del ciudadano, fuera de toda contaminación inmoral contraria a la ética pública. Un ejemplo puede ser que órganos de control económico como el Tribunal de Cuentas estén constituidos por personas que han sido nombradas por el Congreso de los Diputados y el Senado y por los propios partidos que tienen que ser fiscalizados. Eso hace que sea un organismo de relativa eficacia, cuando no, de nula eficacia. Por otra parte, por razones internas de organización o por acumulación de asuntos, ejercen su función con mucho retraso y eso hace que sea un órgano de control muy deficiente que no tiene la debida eficacia. También el Tribunal de Cuentas, con independencia de que no tiene la estructura necesaria para garantizar un control objetivo del funcionamiento de los partidos políticos y de su financiación, desde hace varios años no hace más que hacer recomendaciones y recomendaciones sobre qué habría que hacer para mejorar el funcionamiento de los partidos, recomendaciones que han sido desatendidas de manera sistemática por PP y PSOE, y los partidos nacionalistas, CiU y PNV.
Prosiga con su análisis.
Por otro lado, la regulación del sistema de partidos políticos y de su financiación es nefasta a pesar de la reforma de 2007 y de la reforma de finales del año pasado. Desde que se restauró la democracia hasta el año 2007, en España se podían hacer donaciones anónimas a los partidos políticos, lo que era una fuente inmensa de corrupción. Por un lado, se ocultaba la titularidad de quien concedía grandes sumas, como está viendo ahora en los llamados pápeles de Bárcenas, y por otro no se podía saber si esos proveedores o donantes de los partidos políticos (particularmente a PP, CiU y PNV, porque en materia de donaciones anónimas el PSOE está en una posición muy inferior en cuantía) eran favorecidos con contratos, adjudicaciones del sector público, con licencias urbanísticas o con recualificaciones de suelo.
¿Ahora, cuál es la situación?
Ahora, los partidos políticos tienen dos fuentes de financiación, la que se aprueba en los presupuestos generales del Estado, y la financiación privada, que se sustenta en dos pilares. Desde el año 2007, las donaciones no pueden ser anónimas. Quienes hacen las donaciones tienen que ser personas físicas o jurídicas identificadas. Otro pilar de la financiación privada de los partidos son los créditos que otorgan las entidades financieras, es decir el endeudamiento financiero de los partidos políticos. Ante estos dos pilares, la conclusión no puede ser otra que se trata de una situación que aboca a la corrupción. Por un lado, está el problema del endeudamiento financiero. Hay análisis del Tribunal de Cuentas que estremecen hasta qué punto ha llegado el endeudamiento de determinados partidos políticos y como se ha estado permitiendo y aún se permite que las entidades financieras condonen las deudas o los intereses de los préstamos que otorgan a los partidos. Eso crea una subordinación más que evidente de los partidos políticos hacia las entidades financieras. Por ahí pasan todos los partidos en mayor o menor cuantía. Por otra parte, admitir la financiación a través de donaciones a fundaciones o asociaciones vinculadas a los partidos no es más que una forma tramposa de seguir financiando a los partidos. Las fundaciones o asociaciones, por más que no sean el propio partido, han sido creadas por estos y están dirigidas por ellos de manera totalmente controlada.
¿Cuál es el coste de la política en España?
La política se ha convertido en una actividad que presupone un alto coste económico. Algunos actos electorales han costado 200.000, 300.000 o 400.000 euros. En el momento que vivimos, desde un punto de vista económico y social me parece un escarnio. Nadie ha tomado cartas en el asunto para conseguir rebajar los costes de la política. Se puede, por ejemplo, concentrar la campaña electoral en una semana, centrarla en las redes sociales, en las teles públicas y privadas, con controles rigurosos, y nada más. El coste económico de la política en España ha representado un despilfarro gigantesco que estamos pagando todos los ciudadanos, en parte a través de las subvenciones públicas que reciben, y en parte porque los partidos se están convirtiendo en rehenes de la grandes entidades financieras que otorgan unos créditos que van destinados a costear unos actos y campañas que cuestan miles de euros. Todo eso conduce a una situación en la que los partidos están funcionando y están controlados en función del interés económico con que tienen que afrontar la siguiente campaña. Los jueces y tribunales tenían que haber actuado en este ámbito desde el principio con mucha mayor eficacia. No creo que sea una falta de mecanismos penales. Pienso que hay una utilización demasiado moderada de los mecanismos legales cuando se trata de dar respuestas a la corrupción, especialmente a la corrupción política.
¿Hay falta de recursos?
Los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional son los que tienen más recursos. También disponen de ellos la Fiscalía Anticorrupción. Fuera de esos, los jueces y fiscales no tienen a veces los recursos necesarios para afrontar investigaciones complejas, societarias, económicas, etc. Pese a eso, se han conseguido respuestas penales. En Barcelona, concretamente, se han conseguido respuestas en casos penales importantes con los recursos de que se disponía, que tampoco eran excesivos. Por ejemplo, se investigó el caso Pallerols, aunque la conclusión del proceso fuera un desastre. También se investigó el caso de Turisme de Catalunya, y el fraude en la inspección de Hacienda de Barcelona se investigó y se juzgó debidamente. Ha habido casos vinculados a la corrupción política y económica que se han llevado de manera eficaz. Pero salvo excepciones muy señaladas, la respuesta es lenta e ineficaz. Hay un problema de orden penal y es obligado un cambio de estrategia. Los delitos de corrupción no son delitos contra la Administración. Los delitos de corrupción, especialmente los cometidos por autoridades y cargos públicos electos o designados por cargos electos, son delitos contra el sistema democrático, contra la Constitución, y tendrían que estar situados en un marco normativo o legal distinto. La Administración no es lo que se perjudica, el perjudicado es el servicio al interés general que marca la Constitución. Lo que se altera es el sistema democrático. Y por eso creo que hay que darle un enfoque distinto a los delitos de corrupción en el Código Penal.
¿Creo que también ve un problema en los plazos de prescripción?
Son muy cortos. Se parte del criterio tradicional que ha presidido la regulación de la prescripción como causa de extinción de la responsabilidad penal, y que es que el transcurso del tiempo puede hacer de alguna manera cesar el reproche social que se produciría en el momento que el delito se llevó a cabo respecto a la fecha en que se descubre. Pero, claro, aquí estamos hablando de otro tipo de delitos, que si se situaran en el marco de delitos contra la Constitución otro gallo cantaría. Día a día, lo que se constata es que los delitos de corrupción, se descubran cuando se descubran, no generan menos reproche social que cuando se cometieron, todo lo contrario, generan más reproche. La ciudadanía entiende, y es la realidad, que se trata de los delitos muy complejos de descubrir, tanto por las condiciones, planificación y ejecución, como por la sistemática ocultación de pruebas. Hacen falta unidades especialidades de los cuerpos policiales para descubrirlos. Puede pasar, por tanto, que cuando se descubren, los plazos del delito hayan prescrito. Habría que extenderlos. La mayoría de delitos prescriben a los cinco años. Es un disparate. Habría que establecer un plazo mínimo de 15 años. Eso beneficiaría la persecución efectiva. Recuerdo el caso del que fue presidente del gobierno balear, Gabriel Cañellas. Los hechos estaban acreditados y fue absuelto por prescripción del delito. Otro caso que se ha beneficiado de la prescripción del delito hace referencia a la criminalidad financiera. César Alierta, cuando era presidente de Tabacalera, hizo una operación en bolsa y valiéndose de información privilegiada ganó de manera ilícita unos 300 millones de pesetas de la época. Fue llevado a juicio. Tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Supremo reconocieron que el delito se había producido pero que había prescrito. Uno llega a la conclusión que todo está pergeñado, tanto desde el punto de vista del Código Penal como desde el punto de vista del funcionamiento de los tribunales, para que nadie se siente en el banquillo de los acusados, y cuando son acusados los delitos prescriben. Es una especie de crisis profunda del sistema penal en un sistema democrático.
¿Cree usted que si, finalmente, se demuestra una vinculación del PP en el caso Bárcenas habría que convocar elecciones?
He conocido el caso Bárcenas a través de la publicación de los llamados papeles de Bárcenas sobre una presunta caja B. La caja B no la ha inventado Bárcenas, la inventó Jordi Pujol en Banca Catalana. En cualquier caso, la existencia de contabilidades paralelas ocultas o cajas B no es ninguna innovación en el panorama económico y político español. Pero en todo caso si de todas estas actuaciones resulta que el PP se ha estado financiando de forma irregular e ilícita durante casi 20 años, a través de donaciones anónimas y que en los llamados papeles de Bárcenas se reflejaban con siglas, abreviaturas y otras expresiones difíciles de descifrar. Si, además, parece que algunos de esos fondos pudieran haber ido a altos cargos del PP, fueran o no a los actuales miembros del gobierno, incluido el presidente. Y si el partido gobernante se sustenta sobre pruebas bastante sólidas de financiación irregular constante, y sobre todo con las respuestas absolutamente lamentables y falsas que se han dado por parte de la secretaria general, la señora Cospedal, creo que ese partido tendría que convocar elecciones anticipadas.
Vivimos un momento político particularmente crítico.
El sistema político español atraviesa una crisis que no ha sido creada únicamente por los problemas de la presunta financiación ilícita del PP. Un ejemplo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha declarado la legislación hipotecaria española injusta por mantener cláusulas abusivas y otras consideraciones. Lo más grave, sin embargo, es que el tribunal de la UE está fundamentando su argumentación en una directiva comunitaria muy antigua, de hace 15 años. Que los distintos gobiernos españoles no hayan incorporado a la legislación hipotecaria esas medidas, que tenían como finalidad proteger a los que estaban sujetos a préstamos hipotecarios, cuando está en juego el derecho a la vivienda, que es un derecho básico, creo que es una irresponsabilidad muy grave. Ha generado daños terribles, humanos y sociales, en algunos casos irreversibles. Ante esas sumas de dinero de partidos financiados de manera oscura e irregular, de gobiernos que no cumplen mínimamente las convenciones internacionales ni las directivas comunitarias en materia de ejecuciones hipotecarias, la gran pregunta es si todo esto puede continuar así o hará falta convocar algún proceso electoral. Ya veremos si la ciudadanía tiene algo que decir en todo este proceso que se avecina los próximos meses. La convención contra la corrupción de la ONU, de la que España forma parte, establecía taxativamente que se tipificara como delito el enriquecimiento ilícito de las autoridades públicas por no corresponder con los ingresos que legalmente estaban acreditados. Pero en España no solamente no se ha incluido en el Código Penal esa recomendación de Naciones Unidas, sino que ni siquiera nadie la ha planteado.
Con la que crisis económica y política tan galopante que estamos viviendo, parece increíble que la gente no se lance a la calle.
Creo que en Madrid la ciudadanía sale a la calle de manera habitual, tanto por temas sanitarios como educativos. Esa es la impresión que yo tengo. En Barcelona también se producen frecuentes manifestaciones. Pero hay un problema y es que, ante una crisis tan profunda como la que se está viviendo, se produce una desprotección de la ciudadanía a nivel laboral, sanitario, educativo, a todos los niveles. Creo que eso, por una parte, debería conducir a una movilización activa exigiendo soluciones democráticas, y por tanto a otra concepción del estado democrático, pero también es cierto que hay parte de esa población que está sometida a pérdidas de trabajo, de los pocos servicios que todavía le quedan y que pueden ayudarle en sus necesidades. Eso genera temor, dudas. Además, la situación viene alimentada por una estrategia lingüística neoliberal que es que no hay alternativas y que tiene su origen en la señora Thatcher. Las movilizaciones que se están produciendo, la mayor parte de ellas, están convocadas por los sindicatos, otras son espontáneas empujadas por los sectores más afectados por la crisis, pero al mismo tiempo hay un clima subterráneo de temor, de miedo, de desafección ante una situación que no sabe por dónde puede acometerse o cómo puede solucionarse.
Usted considera que los recortes en sanidad y educación son anticonstitucionales y que la gente se tiene que organizar.
Sí. En Catalunya se presentó una querella criminal por parte de una serie de asociaciones cívicas contra el conseller Boi Ruiz y todo su equipo directivo por varios temas. Uno era por su vinculación con las patronales sanitarias privadas, y al mismo tiempo porque hay artículos en el Código Penal que sancionan a quien impide el ejercicio de los derechos cívicos. Sostengo que derechos cívicos son también los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura y a las pensiones. Cuando se ha planteado eso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la respuesta ha sido negativa y lo ha hecho en unos términos que resultan incomprensibles: los derechos cívicos solo se refieren a los derechos de participación política, a los derechos de reunión, asociación, manifestación, etc. Y no es cierto. Hay todo un derecho internacional de los derechos humanos que habla que los derechos humanos van desde el derecho a la libertad de expresión hasta el derecho a la salud. Son derechos que condicionan aquello que está en la Constitución y que es el libre desarrollo de la personalidad. Por mucho que digan que una persona tiene derecho a planificación, reunión y asociación, que es lo que el TSJC ha dicho que eran derechos cívicos sobre todo, si no tiene derecho a la salud y no le salvan la vida cuando está enfermo no sé de qué manera se podrá garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Si no se tiene garantizado el derecho a la salud cómo se van a tener garantizados otros derechos. Las privaciones de derechos esenciales a la ciudadanía son impedimentos objetivos a los derechos cívicos, porqué los derechos cívicos son indivisibles y universales. Ahí están todos comprendidos, desde el derecho a la libertad de expresión hasta el derecho a una pensión justa. Son condiciones para vivir dignamente. Incluso diría que es más condición para vivir dignamente tener garantizada la asistencia sanitaria cuando uno tiene una enfermedad mortal que el derecho a la libertad de expresión en ese preciso momento.
¿Qué opinión le merece la consulta por la independencia aprobada por el Parlament de Catalunya? ¿Jurídicamente la ve posible?
Sí, si se hacen las reformas legales necesarias no tengo inconveniente en que se haga. Estaría conforme con ella con toda naturalidad porque realmente hay unos derechos históricos de Catalunya que están reconocidos, y esos derechos históricos justifican que se plantee ese derecho a decidir, pero siempre que se haga en el marco constitucional y legal español. Eso sí que lo tengo clarísimo. Otra cosa sería directamente una violación de la legalidad democrática vigente, cosa que supongo a nadie se le ocurrirá plantear. Es un derecho que se sitúa en el marco constitucional con todas las exigencias que conlleva ese planteamiento y que son una serie de reformas legales aprobadas en el Parlamento español y que luego tendrían su aplicación aquí en Catalunya en el marco de otras leyes autonómicas sobre consultas a la sociedad catalana. En ese marco me parece absolutamente legítimo y razonable el planteamiento.
¿Las reformas que plantea suponen cambiar la Constitución?
Sí, claro. En la concepción de referéndums planteada en la Constitución no están previstos supuestos de esta naturaleza.
¿Y es muy difícil que el Parlamento español apruebe estos cambios?
Dependerá de las mayorías y de los acuerdos políticos que se establezcan entre las fuerzas mayoritarias gobernantes, pero en fin creo que esto lo sabe perfectamente el gobierno de Catalunya actual, que, por otra parte, a mi me parece un gobierno bastante débil. Un gobierno que tiene entre sus diputados a tres imputados por corrupción, y entre ellos el secretario general de su partido, me parece que tendría que tener otros objetivos políticos de limpieza moral y ética en su seno que desplazar la atención hacia otros temas que hoy por hoy son bastante problemáticos.
Siguiendo con la consulta, el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, fue destituido por sus opiniones sobre la consulta.
Me pareció muy mal que fuera destituido. Lo critiqué públicamente. Me parece una agresión a la libertad de expresión de los fiscales. El principio de dependencia jerárquica que caracteriza constitucionalmente a los fiscales no puede afectar nunca al ejercicio del derecho a la libertad de expresión que todos los ciudadanos tienen y se les debe garantizar. Otra cosa es una actuación profesional, ahí sí que funciona el principio de dependencia jerárquica. Como fiscal siempre ejercí mi derecho a la libertad de expresión y otros compañeros también. Jamás en democracia, en dictadura era otra cuestión, fui advertido, ni se me llamó la atención por mis opiniones, que a veces eran muy críticas incluso con el propio fiscal general del Estado. Por tanto, me ha sorprendido mucho una medida tan drástica e injusta. Pienso que es un instrumento más de esas expresiones autoritarias del poder que está utilizando habitualmente el PP y que en este caso la ha utilizado el fiscal general del Estado respecto al fiscal superior de Catalunya, una persona de ideología más bien conservadora, pero que, al mismo tiempo, es un buen profesional. Tenía perfecto derecho a expresarse, y lo que decía era razonable. Planteaba hacer la consulta siempre que se hicieran las reformas legales necesarias, lo mismo que yo digo.
Recientemente ha escrito con el juez Antonio Doñate el libro Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial. ¿Parece increíble que siga existiendo esa pervivencia después de casi 40 años de la muerte del dictador? Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial. ¿
Hay muchas referencias. En España hay más de 100.000 desaparecidos todavía, cuyos restos se desconocen donde están o por lo menos no han sido exhumados ni identificados. Si eso no es un residuo del franquismo, ¿qué otra cosa lo puede ser? Son personas desaparecidas, que no tienen parangón con las dictaduras militares suramericanas. El médico forense Francisco Echevarría ha participado en la exhumación de 300 fosas comunes y extrajo aproximadamente los restos de 3.000 personas. En su informe, dice, que casi todas esas personas presentaban signos de violencia, particularmente en el cráneo, con orificios producidos por armas de fuego. Y en ese informe, que ocupa 400 páginas, habla de la absoluta ausencia judicial en todos esos procesos de exhumación. Lo dice una persona que ha estado realizando tareas de excavación, de exhumación y de identificación de restos y que es una autoridad mundial. Como ejemplo puedo decir que Echevarría fue llamado por el gobierno de Chile para identificar las causas de la muerte de Víctor Jara. La respuesta judicial en estos casos de personas desaparecidas ha sido prácticamente nula en España, con algunas excepciones, que se cuentan con las dos manos.
Supongo que todavía hay más ejemplos de restos del franquismo en la justicia.
La persecución del juez Garzón, a parte de su persecución concreta y su expulsión de la carrera judicial, una medida arbitraria e injusta, tiene otro significado aún más grave que la propia expulsión y es que las víctimas del franquismo han quedado abandonadas de toda posibilidad de perseguir los delitos como lo que son: crímenes contra la humanidad. Y, por tanto, si son crímenes contra la humanidad tenían que haber continuado siendo perseguidos por la Audiencia Nacional tal como hizo el juez Garzón. Lo contrario es un error mayúsculo, de una cobardía atroz. Y eso es lo que hizo la sala segunda del Tribunal Supremo, que dijo que quien quiera buscar a sus muertos que los busque en las partidas judiciales allí donde estén las fosas comunes y esos supuestos restos. Me parece una indignidad que un tribunal haya dicho semejante cosa. Lo han hecho magistrados de todos los colores.
Supongo que en el ámbito de la justicia militar, la situación es parecida.
La sala de lo militar del Tribunal Supremo ha rechazado todos los recursos que se han planteado para pedir la anulación de los consejos de guerra y las condenas que se derivaron de ello, la mayoría penas de muerte. No estamos hablando de la Guerra Civil, estamos hablando de lo que sucedió después en la dictadura, años 39, 40, 41, 42…. No se ha anulado ni un solo consejo de guerra, aunque algunos magistrados dijeron que eso era inconcebible y que esos consejos de guerra eran nulos de pleno derecho, pero como eran votos minoritarios nunca llegaron a tener reflejo en la votación mayoritaria. Esto ha ocurrido recientemente. Por ejemplo, el rechazo a la pretensión de la nieta del poeta Miguel Hernández de que fuera anulado el consejo de guerra que condenó a muerte a su abuelo es de 2011, y se rechazó con argumentos absolutamente insostenibles. La negativa del entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a interponer un recurso de revisión para anular la condena de Lluís Companys, el President de la Generalitat, fue otro acto de indignidad, incompatible con ser demócrata.
En diversas ocasiones ha defendido al juez Garzón. ¿Cómo lo definiría?
Es una persona que tiene muchos matices. Diría que fue un juez con un afán de justicia, que hizo frente a los poderosos, cuando había que hacerlo, y la mayoría de jueces y tribunales españoles no se atrevían. Tomó la decisión más trascendente que se ha tomado jamás en este país por un juez y que fue llamar criminales a los golpistas del 18 de julio de 1936. Eso no se le ha perdonado nunca, porque los que gobiernan ahora son herederos de aquellos golpistas, con mayor o menor ausencia de esa herencia; de las herencias, realmente, no sé es consciente.
Fue fiscal anticorrupción del 1995 al 2003, ¿cuál fue el detonante de su cese?
Hubo muchos conflictos con el fiscal general de entonces que era un hombre muy estrechamente vinculado al PP y con los ministros de Justicia que si no me equivoco fueron Ángel Acebes y, sobre todo, José Maria Michavila. Pero los detonantes fundamentales fueron la oposición inicial a que la Fiscalía Anticorrupción interpusiera una querella contra César Alierta por el caso de la operación en bolsa. El proceso salió adelante porque hubo una asociación de usuarios, Adicae, que interpuso una denuncia y luego la fiscalía se incorporó cuando el proceso ya estaba abierto. Otro punto de conflicto fue la negativa del fiscal general a investigar el proceso contra el entonces ministro de Industria Josep Piqué por el famoso tema de la venta Ertoil. Allí hubo una actitud cerrada para que no avanzáramos en la investigación como se había acordado. Incluso cuando la junta de fiscales de salas del Tribunal Supremo, de la que no formaba parte, acordó por mayoría absoluta la imputación, se tenía que tomar declaración como imputado a Josep Piqué, a lo que el fiscal general se negó rotundamente. Otro tema fue la declaración como imputado de Berlusconi por el famoso fraude fiscal en Tele 5. Había muchos conflictos. Pero lo que terminó de hacer rebosar el vaso fue el intento de la fiscalía de abrir una investigación y presentar una querella por el famoso caso del tamayazo de la Asamblea de Madrid. Esa fue la última decisión para acabar con esta fiscalía. Teníamos acumulados elementos importantes de carácter económico, societario, para haber abierto una investigación en serio, cosa que hizo el PSOE, pero creo que la querella que planteó estaba equivocada y fue rechazada.
