El claustro de la UPC vota hoy en una sesión extraordinaria la convocatoria de elecciones a Rector. La recogida de las firmas necesarias para iniciar este proceso fue uno de los puntos claves de una crisis institucional que hizo que el mismo rector anunciara que convocaría elecciones anticipadas para octubre. Hoy, sin embargo, se decidirá si hacerlo antes, ya que Antoni Giró sigue en el cargo hasta que no llame la comunidad universitaria a las urnas. El rector defendió los despidos como respuesta a la delicada situación económica de la universidad, verdadera piedra de toque de este conflicto, hasta que la Generalitat le dejó solo.
La UPC es la universidad catalana con un déficit acumulado más alto, de 110 millones de euros. La siguen la UB con 66 millones, la UAB con 64 y, a mayor distancia, la UPF, con 7,9. En este contexto, los rectores piden a la Generalitat que deje de recortar. Ésta, por su parte, acumula lo que se conoce como una “deuda histórica” con las universidades, que la Secretaría de Universidades e Investigación cifra en 110 millones de euros y asegura que la pagará, pero pasados sus actuales problemas de tesorería.
La fuente principal de ingresos genéricos de las universidades catalanas son las aportaciones ordinarias de la Generalitat (en el caso de la UPC, en el presupuesto del 2013, son el 65% de los ingresos genéricos) y los precios de matrícula (el 24%). En cuanto a los gastos corrientes, el grueso va para las nóminas (76%), seguido de los gastos de funcionamiento (16%). Por otra parte están los ingresos específicos, pero estos tienen carácter finalista: la institución recibe un dinero para hacer una actividad o una inversión concretas, y no los puede utilizar para otra cosa.
La Generalitat no paga, pues, las nóminas de profesores, investigadores y personal de administración, sino que transfiere un dinero a las universidades, quien debe cubrir con él sus gastos salariales y de funcionamiento, más lo que consiguen por otros medios, que son, básicamente, los precios de matrícula. Hasta el año pasado, los presupuestos de la Generalidad establecían que el gasto de personal de los centros no debería representar más de un 90% de la aportación del Gobierno; pero la realidad es muy diferente, sobre todo después de los recortes de los dos últimos años: para 2013, en la UPC, este porcentaje es del 117%.
La UPC ha generado y genera déficit por un problema estructural: la financiación ordinaria que recibe es insuficiente para cubrir sus gastos corrientes, en particular el coste del personal. Una perspectiva de los últimos 11 años constata que el déficit fue mayor mientras las aportaciones estaban por debajo de la media de las transferencias de la Generalitat; se redujo sensiblemente cuando se superó este nivel de ingresos y se ha vuelto a disparar cuando la financiación pública ha bajado en picado.
La Ley de Universidades de Cataluña, que se aprobó en 2003, establecía un compromiso para incrementar la financiación del sistema universitario catalán, que se consideraba insuficiente desde principio de la década. Según lo establecido, en 2010, la aportación pública debería haber crecido un 30%, en términos reales, respecto a la de 2002 y, además, tenía que financiar un 50% del coste de 1.200 plazas de profesorado agregado y catedrático del Plan Sierra-Húnter. Este compromiso se cumplió con creces y la aportación de dinero creció más allá de esta cifra. Sin embargo, con la crisis, se ha vuelto al punto inicial y, descontado el IPC, la aportación de la Generalitat en 2013 ha caído al nivel del 2003.
El secretario de Universidades e Investigación, Antoni Castellà, afirmaba en unas declaraciones recientes en Catalunya Radio que el motivo de los problemas de la UPC era que mientras la aportación de la Generalitat se había doblado entre 2000 y 2010, el profesorado había crecido un 20% y el personal de administración un 40%, al tiempo que el número de estudiantes bajaba un 7%. No obstante, la situación de la UPC no difiere mucho de la del conjunto de universidades catalana. En esa misma década, el profesorado ha crecido mucho más (29%) y el PAS sólo un poco menos (35%) que en la UPC. El decrecimiento del número de estudiantes, por su parte, sí ha sido sensiblemente más bajo al conjunto de Cataluña (3%) que en la UPC, con lo que ello implica en cuanto a los ingresos por matrículas.
La UPC comienza a generar un déficit notable a principios de los 2000, en que se gasta un dinero del que no dispone aún, quizás confiando en el aumento de la financiación pública que establecería la Ley de Universidades. En los años de bonanza, entre 2007-2010, se reduce sustancialmente el ritmo con que se genera déficit, pero no se aprovecha para reducir el acumulado y, en cambio, se emprende una política de expansión en cuanto al crecimiento de la plantilla.
Esto va acompañado también por un aumento de los metros cuadrados edificados, costeado a menudo a base de préstamos del gobierno del Estado. Dos ejemplos son los 16'7 millones de euros destinados a la inacabado Campus del Besòs o los 8 millones para el edificio RDIT en Castelldefels, este sí construido, pero prácticamente vacío. Su amortización compromete fuertemente los presupuestos de la UPC en los próximos años. Los préstamos obtenidos en las convocatorias posteriores a 2005 dan una deuda de más de 41 millones de euros, la casi totalidad del cual se deberá devolver a partir del 2014. Otras universidades han esquivado este problema porque las ayudas se han gestionado a través de un ente que, de hecho, depende de la universidad, pero que al disponer de presupuesto propio, no afecta al cálculo del déficit de la entidad madre, como es el caso de la UB con el Parque Científico.
Un último hecho diferencial de la UPC es que, por razones históricas, tiene una gran dispersión geográfica, con escuelas en Barcelona, Terrassa, San Cugat, Manresa, Vilanova y Castelldefels. Esto conlleva una estructura compleja y más costosa. La universidad se ha quejado reiteradamente que el modelo de financiación de la Generalitat no tenía suficientemente en cuenta este factor.
Buscando alternativas
Ante esta situación, el rectorado y la Generalitat defendían los despidos como una fórmula para recortar los presupuestos. Después de que la comunidad universitaria haya frenado esta medida en los órganos colegiados y que el secretario de universidades admitiera que había alternativa, el Consejo de Gobierno de la UPC instaba el pasado 10 de marzo en que el gobierno adecuara la financiación de la UPC y tenga en cuenta “tenga en cuenta las características especiales de la actividad, la experimentalidad y la territorialidad”.
Una alternativa a los despidos, que plantea Antonio Raso, presidente de UPIC, asociación de trabajadores del centro, es la de las jubilaciones. De acuerdo con datos publicados por el Ministerio, 297 miembros del profesorado de la UPC tenían 60 o más años en el curso 2006-07. Esto significa del orden de 300 jubilaciones antes de 2018, lo que permitiría reducir la plantilla sin necesidad de despidos masivos. “Está claro que para que esta reducción no suponga una pérdida en el servicio que la UPC ofrece a la sociedad, debería ir asociada a una renovación del profesorado, mediante estabilización del PDI joven acreditado, y debería ir acompañada de una planificación que permitiera mantener una oferta de titulaciones suficiente, con medidas de incentivación de reconversión de profesorado de un área excedentaria a una deficitaria, por ejemplo ”, explica Ras.
No es la única solución que plantea el presidente de UPIC, sino que pone otras alternativas sobre la mesa cómo detener cualquier gasto a las obras del campus del Besòs, incrementar el retorno económico del Grupo UPC, un ente externo propiedad de la universidad al 100%, y una mejor utilización de los espacios. “Hay entidades del Grupo UPC que ocupan locales de alquiler, mientras que en los campus hay edificios que iban destinados a empresas y que, con la crisis, se han quedado medio vacíos”, lamenta el profesor.
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