En Catalunya hace tiempo que diversos colectivos, como la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Catalunya (Pasucat), reivindican una ley que garantice el acceso universal a la sanidad. A la espera de la nueva norma que debe blindar la universalidad de la sanidad en Catalunya -norma que anunció el conseller de Salud Toni Comín durante su primera comparecencia parlamentaria- el Servicio Catalán de la Salud y el Ayuntamiento de Barcelona han consensuado la creación de un comité de acceso a la atención sanitaria en la ciudad. El comité, que se creará en los próximos días, debe servir para facilitar y agilizar los procesos de empadronamiento a las familias y de obtención simultánea de la tarjeta sanitaria.
De momento, y de manera provisional hasta que Salud apruebe la nueva norma -que actualmente se encuentra en fase de redacción- el acceso a la sanidad pública en Catalunya está vinculado al hecho de estar empadronado, lo que supone una barrera administrativa para colectivos vulnerables que tienen dificultades para hacerlo porque difícilmente pueden acceder a un alquiler, por ejemplo. “¿Cuánta gente tiene el alquiler a su nombre?”, reflexionaba a Catalunya Plural hace casi un año el Espacio del Inmigrante. Mientras no haya la norma que debe garantizar la universalidad, los ayuntamientos pueden aplicar medidas para asegurar el empadronamiento de los más vulnerables. “Por parte del Ayuntamiento aceleraremos el proceso de empadronamiento y de obtención de la tarjeta sanitaria, estamos revisando ya posibilidades de mejora para hacer el empadronamiento más ágil y pediremos al Govern que no haya el requerimiento de haber estado empadronado más de tres meses”, explica a este diario la Comisionada de Salud en el consistorio, Gemma Tarafa.
Por otra parte, y como novedad además de la creación de este comité, el CatSalut y el Ayuntamiento de Barcelona, establecerán de manera conjunta medidas que eviten cualquier cobro a personas sin tarjeta sanitaria y sin recursos para la atención urgente. Aunque todavía no se han concretado cuáles serán estas medidas, Tarafa dice que trabajarán en la línea de hacer una campaña informativa en los centros de urgencia.
Y es que aunque el mismo decreto del PP prevé que los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a ser atendidos en urgencias la confusión entre profesionales sobre qué protocolo seguir ha generado en Catalunya casos de personas a las que se les ha cobrado por ser atendidas en urgencias. Esta es la situación en la que se encontró Yovel -y que denunció este diario hace unos meses- cuando tras ser atendido en urgencias del Hospital Clínic, integrado en la red de utilización pública, le cobraron 240 euros. Según ha comunicado el Departament de Salud se analizarán las incidencias ciudadanas por medio de un canal de comunicación con la sociedad civil.
En varias ocasiones los profesionales han manifestado la confusión sobre cuáles son las condiciones para acceder a la sanidad pública en Catalunya y diversas fuentes han explicado que los criterios aplicados hasta ahora por diferentes proveedores eran arbitrarios y homogéneos. En este sentido, una de las reivindicaciones que también han hecho diferentes plataformas al govern es la de una campaña informativa para los ciudadanos, para que conozcan cuáles son sus derechos, y también para los profesionales.
Según la comisionada de Salud, Gemma Tarafa, se trabajarán medidas para informar al personal sanitario y a los ciudadanos, por ejemplo, facilitando folletos o carteles informativos en diferentes idiomas en CUAP o CAP explicando al ciudadano que tiene derecho a ser atendido. Quien ya ha hecho una campaña informativa similar es el Ayuntamiento de Madrid. En diciembre el consistorio capitaneado por Manuela Carmena lanzó una campaña de información sobre los derechos de los inmigrantes en situación irregular en la sanidad pública madrileña.
Durante el mandato de Boi Ruiz el gobierno catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley del PP y promulgó dos instrucciones (la primera en 2012 y la segunda el pasado verano) que matizan la aplicación del decreto en Catalunya. La última instrucción, la 8/2015, derogaba la anterior y aunque ofrecía más garantías no las ofrecía todas. Además, “llegaba tarde” según la Pasucat.
La normativa actual incluye a las personas extranjeras en situación irregular con más de 3 meses de empadronamiento, las personas en situación de irregularidad sobrevenida (que no han podido renovar la residencia) así como también aquellos extranjeros en situación regular, bien sean ciudadanos de la UE, ascendientes reagrupados o personas extranjeras en situación regular. Además, la atención urgente, los menores, las embarazadas o en casos de salud pública, están garantizados en cualquier caso.
Con todo, la última instrucción impulsada por Boi Ruiz las últimas semanas de mandato sigue dejando al margen las personas que no pueden acceder al padrón, las que llevan menos de tres meses empadronadas y aquellos que no disponen de un documento de identidad.
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