“Nos tienen que escuchar, nos deben oír”, gritaban unos doscientos cincuenta manifestantes a las puertas del Hospital Clínic de Barcelona el miércoles por la noche. Los ciudadanos han salido a la calle para dar un grito, un grito dirigido a los parlamentarios que durante esta semana debaten en un pleno monográfico de salud sobre el sistema sanitario vigente. Los usuarios y trabajadores, reunidos bajo el paraguas de la Marea Blanca Catalunya, decían basta, basta “a los proyectos privatizadores directos e indirectos”, en referencia, sobre todo, a los consorcios de Lleida o el del Hospital Clínic. Basta, también, a la instrucción 5/2015 del CatSalut, el marco que legaliza la posibilidad de prestar servicios privados en centros del SISCAT, el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya. El SISCAT, de hecho, engloba los proveedores del CatSalut, del ICS, pero también otras entidades públicas, benéficas o privadas, sin o con ánimo de lucro, y todo ello forma esta dualidad entre público y concertado que constituye el sistema sanitario catalán desde hace años.
“Una solución? Boi Ruiz dimisión! ”Exigían una vez más trabajadores y usuarios. Se querían hacer sentir, hacía 30 años que no se celebraba un monográfico de salud en el Parlament de Catalunya, su voz, consideraron desde la Marea Blanca que es esencial, y más, en un momento en que los problemas están a la vista de todos: los recortes iniciadas en 2011 han provocado el cierre de camas y el aumento de las listas de espera, o, incluso, el colapso de las urgencias, el debate de vacunación a raíz del caso de la difteria o los casos de corrupción que afectan a la Sanidad, como el de Innova centrado, sobre todo, en Reus.
La concentración evolucionaba en desfile, primero por la calle Compte d'Urgell donde un grupo de participantes caminaba con una bata verde, la que llevan los enfermos, ligados en un cuerda, que tiraba un señor vestido con americana y otro con un saco que simbolizaba estar lleno de dinero, para escenificar lo que para ellos es la derivación de enfermos de centros públicos a otros de gestión privada. De esta forma llegaban a las puertas del Hospital Sagrat Cor, gestionado por el grupo IDC Salud, una empresa privada con ánimo de lucro, al quien el CatSalut ha contratado algunos servicios.
En el manifiesto leído y firmado por las entidades adheridas a la Marea Blanca y otras del sector, también se pedía que se detenga el proyecto VISC+, el big data sanitario catalán que pretende ceder datos a médicos y científicos para la investigación sanitaria, y que a la larga podría suponer la cesión de estos datos a entes de carácter privado.
Sin duda uno de los puntos más repetidos fue el de los consorcios, y de hecho por eso, la concentración comenzaba a las puertas del Clínic. Este hospital, que desde el 2008, momento en que se traspasan las competencias del centro a la Generalitat, ha estado sin forma jurídica, se pretende convertir en consorcio. Un consorcio que según manifestantes supondría una privatización del servicio ya que el artículo 1.2 de los Estatutos prevé que se permita “la admisión de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro”.
El caso de Lleida que se pudo frenar tras la presión social, y a raíz del monográfico de salud en el Parlament, también reunía este miércoles a los usuarios y trabajadores de Marea Blanca en la plaza Ricard Vinyes de Lleida donde celebraban su propio “parlamento ciudadano ”.
“El consorcio sanitario se está imponiendo en la práctica, a escondidas”, explicaba a este diario uno de los asistentes y miembro de la plataforma. Aunque oficialmente está parado, asegura que las reformas en la estructura interna que se están haciendo apuntan a una implementación del sistema consorcial. Por ello exigen, no sólo frenar el consorcio, sino “retirarlo definitivamente”. “Las prácticas consorciales y las reformas llevan a una mayor privatización y poca transparencia”, decía este portavoz a Catalunya Plural. Entre 60 y 70 personas se reunían en la plaza para discutir sobre el modelo de sistema sanitario y hacer llegar su preocupación a los parlamentarios que hoy seguirán discutiendo sobre salud en el Parlament.
Con todo, las entidades unidas por Marea Blanca reclamaban un debate sobre el modelo sanitario abierto a todos y que garantice el derecho a la salud a toda la población de forma universal y equitativa.
Quim Arrufat y María José Lecha de la CUP se dejaron ver por allí para apoyar la marcha que acababa con un gesto en el que manifestantes tiraban billetes de doscientos euros, de papel, a las puertas del Hospital Sagrat Cor, gritando “nuestra salud es un derecho y no debe ser el negocio de nadie”.
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