El proyecto VISC+, de reutilización de datos personales para fines de investigación, el Big Data sanitario catalán, ha encontrado opositores desde sus inicios, cuando aún era una propuesta. El hecho de que se haya encontrado con opositores pero no ha impedido que haya salido adelante. Según un listado publicado por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS), el ente encargado de la ejecución del proyecto, a día de hoy hay hasta nueve centros de investigación y asistenciales públicos a los que ya se han cedido datos anonimizadas mediante la firma de convenios de cesión de información. De hecho, como avanzaba este diario, el proyecto se estaba desarrollando con normalidad incluso por el gobierno en funciones. En declaraciones a este medio, el director del AQuAS Josep Maria Argimon, explicó entonces que había proyectos que estaban ya en la fase de acceder a la información pero matizó que todavía se estaban firmando los convenios de cesión de información que ahora se han hecho públicos. De momento son nueve los centros que han accedido a los datos pero según ha podido saber Europa Press las peticiones registradas para acceder a datos ascienden a 137. Entre los centros a los que se les han concedido las peticiones diversas hay el IMIM (Fundación Instituto Municipal de Investigación Médica) o el CREAL (Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental).
El encargo del VISC+ se remonta al 2014, momento en el que a pesar de la intención del Departamento de Salud se logró detener su publicación gracias a las protestas que generó en la oposición y los colectivos que defienden la sanidad pública. Más concretamente, el mes de octubre de 2014, el Parlament de Catalunya aprobó una moción presentada por ICV-EUiA, en la que se pedía la paralización del proyecto y el inicio de un proceso de debate entre todos los agentes políticos y sociales, para redefinir el proyecto. La moción consiguió el apoyo de todos los grupos en la oposición, excepto la CUP Crida Constituent que, más allá de la paralización, exigía la retirada del proyecto. Finalmente, el encargo se publicó en el DOGC en abril de 2015 sin hacer referencia explícita a 'Visc+'.
Desde entonces, entes como el Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona han alertado de los peligros de vulneración de la intimidad y la confidencialidad de los datos personales si se hacen usos no deseados de la información almacenada en estas bases de datos sanitarios. También en esta línea se manifestó la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Por el contrario, varios científicos reclamaron en junio de 2015 que el acceso al big data sanitario se produjera de forma rápida.
Ante la última noticia, con el listado actualizado este miércoles, la diputada Eulalia Reguant ha calificado de “especialmente grave que el gobierno de la Generalitat, y concretamente el exconseller de Salud Boi Ruiz, hayan hecho caso omiso a un acuerdo parlamentario y hayan iniciado el desarrollo del proyecto”. Precisamente el VISC+ junto con el Consorci de Lleida han sido dos puntos importantes de debate en las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP los últimos meses.
Mientras que en la primera propuesta de Junts pel Sí no se hablaba del VISC+, la segunda propuesta presentada a la CUP recogía que se promovería “un programa público de Big Data sanitario que garantice que los únicos destinatarios de datos sanitarios del SISCAT sean los centros de búsqueda de titularidad pública o sin ánimo de lucro acreditados para investigación y que realicen proyectos avalados por un CEIC y se concreta que en ningún caso estará permitida la venta de datos sanitarios de los pacientes a empresas privadas, siendo la única entidad gestora del Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias”.
Para Reguant, “este interés especial en sacar adelante este proyecto demuestra una vez más los intereses de Boi Ruiz y sus compañeros de la sanidad privada, a fin de poder tener acceso a la información de los usuarios de la sanidad pública para su propio beneficio”. En este sentido la CUP insta ahora al nuevo conseller Toni Comín a la paralización “ipso facto” del proyecto y emplaza a las nuevas fuerzas en el Parlament a debatir sobre las consecuencias que tendría la aplicación de este proyecto para el sistema sanitario público y para el conjunto de la ciudadanía.
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