El caso de Barnaclínic (un centro privado dentro de un centro público que comparte espacio físico y profesionales), los recortes en sanidad (más de 1.300 millones desde 2010) o las derivaciones de hospitales públicos a centros privados en los últimos años, entre otros, han propiciado el cuestionamiento desde distintos sectores del modelo sanitario catalán. Por ejemplo, se ha optado por descongestionar las listas de espera a través de las derivaciones de intervenciones quirúrgicas en centros privados, como ocurre con las derivaciones del Parc Taulí de Sabadell (hospital de gestión pública) en la Clínica del Vallès o el Hospital General de Cataluña (HGC), centros que son propiedad del grupo Quirón Salud pero que forman parte de la red de utilización pública y tienen conciertos con el Servicio Catalán de la Salud para la prestación de servicios. O con las derivaciones de varios centros públicos en el Hospital Sagrado Corazón, también propiedad de Quiron Salud.
El cuestionamiento o el debate sobre el sistema sanitario catalán, que se empieza a articular con la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) aprobada en 1990, ha perseguido al ex conseller Boi Ruiz hasta el último día en el cargo y persigue ahora a su sucesor, Toni Comín, que admitió en comparecencia parlamentaria la semana pasada que la diversidad de proveedores que integran el SISCAT -centros públicos y privados con y sin ánimo de lucro- “es un reto”.
¿Es la interacción público-privada en sanidad positiva para el interés público de los ciudadanos? ¿Cómo se ha de abordar esta relación? ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan? Estas son algunas de las preguntas que plantea un informe de la Fundación Víctor Grífols i Lucas presentado este martes en Barcelona. El informe, que se publica ahora porque desde la fundación consideran que en un contexto como el actual los recortes de los últimos años han reabierto el debate público-privado, es “indispensable” iniciar una reflexión y cuál debería ser la relación entre los elementos públicos y privados de la sanidad catalana.
“Deberíamos aprovechar la crisis para revisar qué es lo que necesita una reforma”, ha dicho la presidenta de la Fundación, Victoria Camps, en el acto de presentación. Según ella, el debate está cargado de ideología ya menudo se habla de privatización utilizando el término de manera confusa. “Hay que encontrar el equilibrio entre la equidad en el acceso y la eficiencia del dinero público”, ha remarcado Camps.
Para iniciar este debate, sin embargo, el informe advierte en las primeras páginas de la necesidad de dejar de lado prejuicios como los que afirman que “la gestión privada es eficiente mientras la pública no lo es ni puede serlo” o, por el contrario, el que dice que “la gestión privada no puede dejar anteponer el afán de lucro y el interés empresarial al servicio público”.
Una de las realidades que sí constata el informe, más allá de plantear reflexiones, es la necesidad de mayor transparencia en el sistema sanitario y su gestión. “Todos los conciertos deberían estar publicados en la web”, ha asegurado Guillem López Casanovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Aparte de una falta de transparencia, tanto López Casanovas como Camps han coincidido en subrayar que lo que más falla “en nuestra casa son sobre todo los controles internos y por ello tiene lugar la corrupción”, ha dicho Camps durante su intervención, problema lo que según ella hay que hacerle frente con más autorregulación por parte de los profesionales pero también con controles externos, auditorías.
También se apunta a mejorar las prácticas de concertación y en este sentido López Casanovas ha reivindicado la necesidad de adaptar urgentemente la directiva europea 2014/24 / UE sobre contratación de servicios sanitarios públicos sociales y sanitarios. Ya el pasado 11 de septiembre varias personas, entre las que el propio López Casanovas o el actual director del CatSalut David Elvira, hicieron un llamamiento para que así sea “de manera que sea garantía de que todas las entidades dependientes de la Generalitat, de ayuntamientos y / o del tercer sector, que trabajen con financiación pública, lo hagan con los niveles de cooperación e integración adecuados para el bienestar y cohesión social de la ciudadanía de Cataluña ”.
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