Antifraude pide anular la mayor privatización de la Generalitat porque Acciona infló facturas
La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha dado este martes otro argumento al Govern para anular la mayor privatización de la historia de la Generalitat, Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Antifraude ha concluido que Acciona usó dos de sus filiales para facturar trabajos injustificados y que no contaban con la autorización de la Generalitat por valor de 13,3 millones de euros. En un extenso informe, la OAC aprecia “múltiples irregularidades” en los procesos de facturación de ATLL Concesionaria, la firma que se quedó con la gestión de la empresa pública.
El informe, que ha avanzado Crónica Global, tiene una conclusión fundamental: la anulación del contrato que privatizó ATLL debido a las irregularidades de Acciona, lo que permite evitar una cuantiosa indemnización a cargo de la Generalitat. En concreto, Antifraude insta a “iniciar el procedimiento de resolución del contrato por causa imputable a la sociedad concesionaria”. Otra consecuencia es que las operaciones investigadas pueden haber sido usadas por Acciona para incrementar las tarifas del agua, según Antifraude.
ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua “en alta” (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana. Abastece a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización, que ascendió a 1.000 millones de euros. Los primeros 300 se pagaron al momento en 2012 por el consorcio liderado por Acciona del que también formaban parte el banco BTG Pactual, que vendió su participación, y los fondos de inversión de la familias Rodés y Torreblanca. Los 700 millones restantes se deben abonar en un plazo de 50 años, lo que dura la concesión.
El informe de Antifraude apunta a que ATLL Concesionaria utilizó un mecanismo de facturas cruzadas con al menos dos filiales vinculadas al mismo grupo. Así, el organismo catalán no considera acreditados servicios por más de siete millones de euros prestados a la filial Empresa Operadora en 2013, ni los facturados por otra filial, Acciona Agua, en 2014, por casi cinco millones. La OAC aprecia “inexistencia de una corriente real de servicios presuntamente prestados”. Hay que señalar, además, que Empresa Operadora facturó a ATLL Concesionaria pese a que en los años investigados no tenía empleados.
Hay más irregularidades. Antifraude reseña que ATLL Concesionaria no informó a la Agencia Catalana del Agua de las operaciones ni justificó su realización “en condiciones de mercado”, lo que supone incumplir las condiciones fijadas en la privatización.
Sin embargo, este punto contrasta con la versión del sindicato CGT, que fue quien llevó el caso a Antifraude por subrogación de la plantilla. Desde el sindicato recuerdan que, pese a sus avisos a la Generalitat y las preguntas parlamentarias realizadas por la CUP durante la pasada legislatura, la respuesta del Govern siempre fue que no había irregularidades. “Al final nos hemos quedado cortos”, explica el secretario general de CGT, Ermengol Gassiot, ya que su denuncia las cifraba en 7,4 millones.
La OAC da una reprimenda a la Generalitat por su inoperancia en el consejo de administración de la concesionaria de ATLL: el representante de la Agencia Catalana del Agua acudió tan solo a 9 de las 17 reuniones del consejo celebradas entre finales del 2012 y el primer trimestre del 2015. De las cinco reuniones donde se acordaron las operaciones sospechas, la Generalitat estuvo presente sólo en dos. Estuviera presente en la reunión o no, ATLL Concesionaria debía informar a la Generalitat de todas las operaciones
Impacto en la tarifa del agua
La OAC señala que, como consecuencia de la imputación de los costos derivados de las irregularidades señaladas, ATLL Concesionaria puede incrementar “de manera injustificada” las revisiones anuales o quinquenales de las tarifas del agua. Cabe recordar que la factura del usuario medio acumula alzas del 25% en cuatro años, una parte importante imputable al propio proceso de privatización de ATLL, cuyo contrato concentraba los mayores beneficios para Acciona en los primeros años de concesión.
Además del precio del agua, las irregularidades afectan al pago de impuestos de las filiales afectadas y, en especial, al pliego de condiciones con las que se privatizó ATLL. Por todo esto, Antifraude ha remitido su informe a la Fiscalía, la Agencia Tributaria y las conselleries de Economía y de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, que deberán responder en 30 días. Además, varios grupos parlamentarios ya han solicitado la comparecencia urgente del conseller de Territorio, Josep Rull.
Por su lado, Acciona ha asegurado en un comunicado que su gestión “no ha supuesto ningún enriquecimiento injustificado de ATLL, ni de Acciona Agua, ni de ninguno de sus otros socios, ni ha provocado perjuicio económico o fiscal alguno para la Administración pública o para los intereses de los ciudadanos”. Para Acciona, las conclusiones del informe “bajo ningún concepto pueden dar lugar a la reversión del contrato de concesión” y las tilda de “absolutamente infundadas y desproporcionadas”.
Un nuevo fracaso
El caso denunciado inicialmente por el sindicato CGT es distinto al litigio que desde que se consumó la privatización de ATLL mantienen el consorcio liderado por Acciona -que ganó el concurso-, Agbar -la otro empresa que disputó ATLL- y la Generalitat, y que actualmente se encuentra en el Tribunal Supremo.
El pasado junio el TSJC anuló todo el concurso, en una sentencia que abría la puerta a la Generalitat a recuperar la gestión de ATLL, aunque pagando una indemnización que rondaría los 300 millones de euros y que se podría ampliar hasta los 600 si la empresa reclamara por lucro cesante. Los tribunales consideraron que la anulación procedía ya que la Generalitat hizo mal todo el contrato. Antifraude no valora este hecho, sino que las irregularidades de Acciona son tan graves que justifican el fin del contrato de concesión.
ATLL fue uno de los puntos de discusión entre Junts pel Sí y la CUP en las negociaciones post 27-S. Tanto ERC como los anticapitalistas quieren que ATLL vuelva a manos públicas, opción a la que se oponía CDC por el coste de las indemnizaciones. Hasta ahora el ejecutivo de Convergència se había parapetado en la indemnización que tendría que pagar al consorcio liderado por Acciona para impedir que ATLL volviese a manos públicas. El conseller Mas-Colell cifró esa cantidad en 326 millones de euros, pero ahora Antifraude abre a la puerta a que se haga sin coste. Este martes, la consellera Neus Munté ha tildado los hechos de “operaciones societarias” y no contestado si rescindirán el contrato.
