Badalona da la vuelta a la ley Montoro y priorizará las inversiones al pago de la deuda
Badalona quiere quitarse el corsé de la austeridad que denuncian muchos ayuntamientos. El gobierno de la tercera ciudad más poblada de Catalunya ha anunciado que destinará la mayor parte de los 21 millones de euros de superávit que logró el año pasado a inversiones sociales en lugar de amortizar deuda bancaria, dando así la vuelta los criterios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en Ley de Racionalización y Sosteniblidad de las Administraciones Locales (LRSAL), más conocida como Ley Montoro.
“Las inversiones en necesidades sociales básicas son prioritarias a las amortizaciones de deuda”, asegura el tercer teniente de alcaldía y concejal de Badalona Democrática, Jose Téllez (Guanyem Badalona), encargado de la hacienda municipal desde que la unión de los concejales de Guanyem, ERC e ICV-EUiA echó de la alcaldía de la ciudad a Xavier García Albiol (PP).
El próximo paso de Badalona será enviar un documento al ministerio para que Hacienda apruebe las inversiones, que todavía están pendientes de concretar. “Trabajamos para que Montoro no pueda decirnos que 'no' alegando razones técnicas. Tendrá que ser un 'no' político”, vaticina Téllez, consciente de la batalla que Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid mantienen desde hace semanas.
Los criterios de austeridad impuestos por Hacienda desde 2012 marcan que el superávit municipal debe destinarse, en primer lugar, a las obligaciones con los acreedores pendientes de aplicar a cierre de ejercicio –que en el caso badalonense rondarán los tres millones de euros.
El importe restante debe destinarse a otras amortizaciones de deuda, y si sobra algo, se puede pedir permiso a Hacienda para realizar Inversiones Financieramente Sostenibles que no conlleven gasto añadido para su mantenimiento. Lo que plantea Badalona es variar el orden de estas dos últimas prioridades.
Además de la voluntad política de su equipo de gobierno, Badalona puede plantear esta interpretación de la ley Montoro porque goza de una buena salud financiera. El año pasado redujo su deuda un 9% hasta los 81,9 millones de euros. El endeudamiento representa un 50% de los ingresos ordinarios, por debajo del tope del 75% que fija la Ley de Haciendas Locales. Mientras la media de deuda por habitante de los ayuntamientos catalanes asciende a 600 euros, en Badalona ronda los 380.
“El Estado puede ir a Bruselas a decir que ha reducido el déficit pero es en buena medida gracias a los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano”, asevera Téllez. Las corporaciones locales ahorraron el año pasado 7.000 millones –con los que en principio no contaba Hacienda–, lo que ha facilitado al Estado cumplir con sus compromisos europeos.
Además, Badalona se ha sumado al frente municipal recogido en la Declaración de Valencia que exige a Hacienda que se deje sin efecto la Regla de Gasto, una norma que impone a los ayuntamientos un límite de gasto aunque no sean deficitarios. También reclama que los consistorios que obtengan superávit puedan disponer de él libremente para las inversiones que consideren oportunas. Téllez lo tiene claro: “Hay que derogar la Ley Montoro”. El Congreso, de momento, lo ha rechazado.
Para la consultora Iolanda Fresnillo, que participa en la Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, los criterios de austeridad de la LRSAL y la LEP permitieron “ordenar” las finanzas de determinados municipios en los momentos más críticos de la crisis, pero ahora son tan solo “un instrumento del PP para reducir la autonomía municipal”.
Fresnillo señala además que el coto a la gestión municipal por parte del Gobierno no se limita al ámbito financiero, y recuerda que el borrador de los Presupuestos incluye una disposición para impedir que los empleados de una concesionaria puedan incorporarse como trabajadores públicos cuando un Ayuntamiento plantee municipalizar un servicio.
“En última instancia estamos hablando de una concepción política sobre cómo tiene que ser la administración pública. La mayor parte de los ayuntamientos no plantean los proyectos faraónicos de antes de la crisis pero se encuentran con una austeridad impuesta que les quita autonomía y les hace más dependientes del Estado central”, razona Fresnillo.
