La Generalitat cree que Montoro aplica el artículo 155 con la intervención de las finanzas catalanas
La escalada de tensión entre la Generalitat y el Estado a raíz de la aprobación de la declaración de inicio del proceso de independencia ha tenido este viernes la consecuencia esperada: la intervención de las finanzas de la Generalitat, ya sometidas a un riguroso control desde que el Govern tuvo que adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico en 2012. Incluso los políticos más soberanistas constataban, en privado, que no hacía falta activar el artículo 155 de la Constitución (que autoriza el Gobierno a adoptar las “medidas necesarias” para que una comunidad autónoma cumpla la ley) para presionar el independentismo. Sólo era necesario que Cristóbal Montoro decidiera atornillar por completo las finanzas catalanas. Esto ha pasado este viernes.
“Están haciendo un 155 encubierto”, ha afirmado el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, visiblemente contrariado, en el Telenotícies de TV3. Paradójicamente, Mas-Colell, a pesar de ser uno de los consejeros que más críticos se ha mostrado con la declaración independentista, ha sido el encargado de dar la cara después de la intervención de las finanzas catalanas.
Montoro ha conseguido poner fin a la autonomía financiera catalana introduciendo nuevas condiciones para hacer efectivo el pago del remanente del FLA de 2014 para Catalunya, que asciende a 3.034,38 millones de euros. El cambio cualitativo más importante es que, según las nuevas condiciones, el interventor general de la Generalitat deberá remitir a Hacienda un certificado de inicio y actualización mensual de la ejecución presupuestaria de la administración catalana, así como de las empresas y organismos públicos. Además, en este certificado del interventor deberá dejar constancia de que los actos sobre los que ha tenido conocimiento no son contrarios a la Constitución.
Otro cambio sustancial es la introducción de un buzón seguro en los ordenadores de los funcionarios catalanes para que, de forma anónima, los trabajadores públicos denuncien cualquier incumplimiento de la ley que vean.
Además, Hacienda intensifica controles ya existentes y contemplados en la normativa del FLA sobre las finanzas catalanas. Podrá vigilar telemáticamente las facturas –no será necesario, por tanto, ver a hombres de negro de Montoro entrando en la conselleria de Economía–, y se reserva poder aprobar cada nueva operación de endeudamiento de la Generalitat.
Una vez se acogió al FLA en 2012, la Generalitat ya tenía que enviar periódicamente Planes Económicos y Financieros a Hacienda, donde dejaba constancia del estado de sus ingresos y gastos. El último plan, fechado en julio pasado, indicaba que el año que viene el Govern prevé pedir más de 6.000 millones a Hacienda. Desde 2012, la Generalitat ha pagado 1.900 millones en intereses al Estado, y ha recibido cerca de 50.000 millones en el conjunto de los mecanismos de financiación implantados por el Estado.
Montoro ha apelado al “interés general” –una expresión que también aparece en el artículo 155 de la Constitución– para justificar las medidas, ya que, ha argumentado, el Estado debe asegurar que no se “desvíe” ni un euro a “veleidades independentistas”. Mas-Colell ha tirado de ironía: “Hemos conseguido que singularicen a Catalunya”, ha dicho, antes de recordar que la Generalitat no está haciendo “cosas contrarias a la Constitución”
“Es como si a alguien la estrangulan y luego le piden un certificado de buena salud, y además le dicen: 'si no tienes el certificado, sigo estrangulándote. Es absurdo”, ha expresado Mas-Colell. Escenario casi insostenible para Oriol Junqueras, al que todas las quinielas sitúan como sucesor de Mas-Colell en la conselleria de Economía.
