El Govern ve una “actuación irregular” de Acciona en ATLL pero no dice si volverá a ser pública
El informe de la Oficina Antifraude que destapó irregularidades en la facturación de Aigües Ter-Llobregat por parte de Acciona, una de las empresas que ganó la concesión, ha cogido al Govern con el paso cambiado. La intención del ejecutivo catalán era esperar a que el Tribunal Supremo tomara una decisión definitiva sobre el recurso que interpuso la Generalitat a la sentencia del TSJC que anuló toda la privatización. Pero el informe de Antifraude ha redoblado la presión de la oposición de izquierdas para que ATLL vuelva a ser pública. En sede parlamentaria, el conseller de Territorio, Josep Rull, ha reconocido este miércoles una “actuación irregular” de Acciona en ATLL, pero ha defendido el papel de sus antecesores ya que, a su juicio, el Gobierno fue “absolutamente diligente” una vez conoció las facturas cruzadas de Acciona en ATLL Concesionaria.
Antifraude concluyó, a partir de una denuncia de la CGT, que Acciona utilizó dos de sus filiales para facturar trabajos injustificados y que no contaban con la autorización de la Generalitat por valor de 13,3 millones de euros los años 2013 y 2014. Rull ha asegurado que el Govern lo detectó con una auditoría y que instó Acciona a que los detuviera, y que informó de ello a la Agencia Tributaria. Antifraude también ha transmitido su informa a la Fiscalía, cosa que no hizo el Govern.
“La empresa operadora no actuó de forma adecuada. En el momento que tocaba la Generalitat tomó decisiones como órgano de control”, ha defendido Rull. No obstante, el conseller no ha entrado en el fondo de la cuestión: si ATLL volverá a ser pública o no, tal y como le piden al PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP y se comprometió ERC en el mes de septiembre. El Govern tiene un mes para responder a Antifraude. Rull ha dicho que están ultimando la respuesta.
“Planteamos varios escenarios de actuación para hablar a fondo”, ha dicho Rull sobre si seguirá el consejo de Antifraude y anulará la privatización por causa imputable a Acciona. El consejero no ha concretado cuáles son estos escenarios. La magnitud de la carpeta ATLL ha obligado a intervenir al mismo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha asegurado que el Ejecutivo “no tiene las manos atadas” con nadie en este tema.
Toda la oposición ha pedido comparecencias de miembros del ejecutivo actual y los anteriores a raíz del informe de Antifraude. “Tenemos mucho interés en comparecer”, ha dicho Rull. La fracasada privatización de ATLL perseguirá el Govern Puigdemont como lo hizo con el de Mas.
El diputado del PSC, Jordi Terrades, ha recordado a Rull los escándalos que rodean la privatización más grande de la historia de la Generalitat, desde su génesis -una concesión mal hecha, tal y como sentenció el TSJC- a la fuga de inversores como el banco brasileño BTG Pactual o las conexiones holandesas de ATLL. Rull ha esgrimido las tensiones de tesorería que tenía la Generalidad cuando ATLL se privatizó en 2012. “No había FLA y, para los pagos de la Generalitat, o se tomaba esta decisión o no había recorrido”, dijo
“La calidad del servicio no se ha resentido, no ha habido impacto en el precio de los ciudadanos”, ha valorado Rull, al contrario que la Oficina Antifraude, que cree que las operaciones investigadas pueden haber servido a Acciona para incrementar las tarifas de agua. De hecho, para hacer ATLL más atractiva a los inversores, semanas antes de que se privatizara el consejo de administración de la empresa pública aprobó un incremento del 70% en el canon del precio del agua que suministraba a los ayuntamientos ya otras compañías de distribución. Desde que en 2012 se iniciara la privatización de ATLL, el precio del agua ha subido un 24%.
Con todo, Rull ha reiterado que el Gobierno mantendrá el recurso interpuesto en el Supremo por la sentencia del TSJC que anuló toda la privatización. Retirarlo sería el primer paso para ATLL volviera a manos públicas.
Expediente por las irregularidades
Interpelado por la diputada de Ciudadanos Marina Bravo, Rull ha explicado que el Govern ha abierto un expediente informativo para esclarecer “el impacto que han tenido” las irregularidades en la facturación de ATLL detectadas por Antifraude. El ejecutivo catalán quiere comprobar “si las razones que ofrece Antifraude son suficientes como para emprender acciones” para preservar el buen funcionamiento del organismo.
Sobre si el Govern emprenderá medidas si se confirma algún tipo de ilegalidad, Rull ha dicho: “Tenemos que mirar como tomamos las decisiones para hacerlo sin precipitarnos y de una manera sostenible”.
