El agua catalana privatizada, pendiente del Supremo y de Montoro
El agua de la que dependen más de cuatro millones de catalanes está privatizada y en los tribunales. La Generalitat y Acciona recurrieron al Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior Justicia de Catalunya (TSJC) que el 23 de junio de 2015 anuló la mayor privatización de la historia de la Generalitat, Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Sobre las mesas del Supremo también está el recurso que Agbar presentó en marzo a otra sentencia del TSJC, en este caso la que tumbó: la empresa mixta que la filial de la multinacional francesa Suez y el Área Metropolitana de Barcelona habían constituido en 2012.
Por partes. El primer fallo que debería emitir el Supremo es el de ATLL. Si no hay un giro de 180 grados, el Alto Tribunal ratificará la anulación de la privatización. Y, de paso, confirmará judicialmente lo que toda la oposición le lleva repitiendo al Govern desde hace cuatro años: que la privatización de ATLL fue una chapuza ( y muy lucrativa para Acciona). La medida se consumó con el Govern en funciones y fue la salida escogida por Artur Mas para cuadrar las cuentas. Ingresó en el momento 298 millones y los 996 en los que se valoró el conjunto de la operación le sirvieron para rebajar el déficit público de 2012.
El TSJC sentenció que la Generalitat planteó el concurso para privatizar ATLL en “contradicción” con la ley de contratos del sector público incluso antes de que los consorcios que competían para quedarse con ATLL –encabezados por Acciona y Agbar, respectivamente– formulasen sus ofertas. En consecuencia, el concurso estuvo viciado desde su inicio, según el fallo judicial. ATLL gestiona el servicio de agua 'en alta', es decir, el que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales y del que dependen 4,5 millones de catalanes.
La sentencia supuso un auténtico varapalo a la gestión de la privatización por parte del Govern de Mas, que siempre ha defendido que actuó correctamente con ATLL. Pero a quien le tocará gestionar sus consecuencias judiciales será al Ejecutivo de Puigdemont y, en especial, a ERC y al vicepresident y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.
Economía ya ha hecho cuentas: en su última comparecencia parlamentaria a finales de julio el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, cifró en 400 millones de euros la cantidad que la Generalitat tendría que abonar a Acciona si el Supremo sigue lo sentenciado por el TSJC. Quien también está pendiente del agua catalana es el Ministerio de Hacienda. El diario La VanguardiaVanguardia avanzó esta semana que el ministerio de Cristóbal Montoro quiere conocer el impacto en las cuentas catalanas del desenlace judicial de ATLL. En el Parlament, Aragonès indicó que, al igual que hizo con los de 2016, no incluiría ninguna partida sobre la resolución de ATLL en el proyecto de presupuestos para 2017, sino que se abordaría durante la ejecución de las cuentas.
Y es que las consecuencias del fallo del Supremo tendrían efecto en el déficit de la Generalitat. Aragonès explicó que hay en juego 0,55 puntos de déficit público. Si hay que terminar sumándolo al de 2016, Montoro y la Comisión Europea podrían dar una vuelta de tuerca a las ya intervenidas finanzas catalanas porque la Generalitat superaría, de largo, el 0,7% de déficit contemplado para este año. “Habría un déficit muy por encima de lo impuesto y se podrían activar los mecanismos de la ley de estabilidad presupuestaria”, advirtió Aragonès.
Con todo, fuentes del sector apuntan que una vez se pronuncie el Supremo, Acciona y la Generalitat tienen todos los números para volver a los tribunales. Pero en este caso no irían juntas contra Agbar, sino que se enfrentarían por la cuantía que el Govern tendría que pagar al grupo de la familia Entrecanales para cumplir con una sentencia que anulara la concesión.
Colau y Agbar, enfrentados
La otra empresa de agua sobre la que tiene que pronunciarse el Supremo es la que lleva el agua a los hogares de 23 municipios de Barcelona y su área metropolitana desde 2012. Agbar domina su accionariado (70%), que completan Criteria–La Caixa (15%) y el Área Metropolitana de Barcelona (15%). En este caso, la empresa mixta suministra el agua a casi 3 millones de catalanes de Barcelona, L'Hospitalet o Badalona.
El TJSC censuró la actuación de la AMB, que en el momento de crear la empresa mixta lideraban CiU y PSC. Ambos partidos decidieron entregar a Agbar el suministro de agua sin concurso público de por medio, lo que provocó que tres compañías competidoras de Agbar recurrieran la adjudicación. Pero el TSJC fue más allá y cuestionó que Agbar tuviera contratos de suministro en vigor con varios municipios –lleva décadas actuando como “concesionario tácito”, según el fallo. También puso en duda la valoración de activos de la empresa mixta –algunos son de la administración y no de Agbar, remarca la sentencia.
A diferencia de la Generalitat con ATLL, el AMB –ahora liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero con el PSC en la vicepresidencia, igual que la pasada legislatura– optó por no recurrir el fallo del TSJC. Pero, en este caso, también se prevé otro largo recorrido judicial que enfrente a Agbar y a la administración una vez el Supremo se haya pronunciado. La mixta tenía que reportar ingresos millonarios a Agbar durante los 35 años que dura la concesión, ahora puesta en duda por los tribunales.
Y es que Barcelona en Comú tiene en la municipalización del agua una de las medidas estrella de su programa electoral. “Municipalizar el agua es imprescindible para recuperar el control público sobre la economía”, declaró en febrero de 2015 en una entrevista con Catalunya Plural el ahora primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello.
