La recaudación del impuesto de sucesiones cae cerca de 500 millones respecto a 2008

Junts pel Sí y la CUP han abierto el melón de los presupuestos con una rodaja habitual de la política fiscal catalana de los últimos años: el impuesto de sucesiones. El segundo tripartit y los dos gobiernos de Artur Mas (primero con el apoyo del PP, después a iniciativa de ERC) introdujeron varios cambios en el impuesto. El resultado ha sido una recaudación variable según el año, pero siempre menguante respecto a 2008, cuando se lograron ingresos récord por valor de 897 millones de euros (972 si se le suma el de donaciones, según el Idescat).

La cifra de 2015, todavía provisional, señala una caída en la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones de casi 500 millones respecto a 2008: según el seguimiento de las cuentas catalanas del ministerio de Hacienda, la recaudación total de ambos impuestos cuando se cierre el ejercicio rondará los 490 millones. Hasta noviembre, según los datos de ejecución presupuestaria de la Generalitat, se habían recaudado 447 millones de euros, superando la previsión inicial de la conselleria de Economía para todo el año (424 millones).

El debate político para instaurar un nuevo cambio en el impuesto de sucesiones en los presupuestos de 2016 ha empezado. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, puso sobre la mesa el pasado jueves una modificación del impuesto para recaudar más en una entrevista en el diario Ara. El mismo jueves por la noche, el flamante vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, rechazó la idea, y lo ha reiterado este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Subir el impuesto de sucesiones podría castigar muy duramente a familias con capacidad económica limitada”, ha asegurado Junqueras.

El técnico de hacienda de la Agència Tributària de Catalunya, Xavier Martinez, comparte que las franjas bajas y medias no deben pagar más. Sin embargo, señala que sí hay margen para que la Generalitat incremente la recaudación del impuesto. “Se tiene que conseguir que los grandes patrimonios no esquiven su pago”, afirma. En este sentido, Martinez recuerda que, a día de hoy, los mayores patrimonios se pueden constituir bajo el paraguas de una empresa, cosa que les permite eludir el pago del impuesto en un 95%.

300 millones más si pagan los ricos

En un informe, la Plataforma per una Fiscalitat Justa calcula que una modificación en la línea de reducir las bonificaciones para que se aplicaran tan solo a herencias inferiores a 200.000 euros, quedando exenta la vivienda habitual de hasta 500.000 euros, permitiría recaudar unos 300 millones más entre las clases más acomodadas.

Desde el sindicato CCOO llevan pidiendo esta modificación desde hace años. Alfons Labrador, el director de estudios de CCOO de Catalunya, considera que pese al incremento de la recaudación de más de 100 millones fruto de la última modificación del impuesto pactada por CiU y ERC, las personas ricas continúan no pagando o pagando muy poco por este impuesto. El motivo es el mantenimiento de las grandes bonificaciones para las herencias entre cónyuges y padres e hijos, incluso en familias de renta alta.

El pacto entre CiU y ERC permitió incrementar un poco la recaudación del impuesto, que cayó en plena crisis fruto de la primera reforma del tripartit, en 2009, profundizada en 2011 por CiU y PP. Así, según datos de 2014, el impuesto de sucesiones y donaciones a penas recaudó 348 millones, 600 millones menos que en 2008. “Evidentemente que mantenerlo como antes de la crisis no hubiera impedido los recortes, pero hubiera servido para moderarlos”, apunta Labrador.

Labrador cifra en 2.500 millones, aproximadamente, el montante que la Generalitat ha dejado de recaudar desde 2008 por las sucesivas modificaciones introducidas por los gobiernos del tripartit y de CiU. Asimismo, ve “ineludible” una reforma del impuesto para que aumente su equidad y su recaudación. “Es una cuestión de voluntad política”, remarca.

“La solución no es tanto subir el impuesto sino rediseñarlo desde cero”, valora Martinez. Pero aquí la Generalitat se encontraría con un impedimento legal, ya que pese a ser un tributo cedido y poder incidir en su progresividad, las características básicas del impuesto de sucesiones vienen determinadas por una normativa estatal que, según recuerda Martinez, “el Estado no ha tenido nunca interés en modificar”.

Al margen de la dificultad de su rediseño, Martinez considera que la Generalitat podría apostar por medidas “imaginativas” para que los grandes patrimonios pagaran más. Por ejemplo, aplicar a rajatabla la normativa base estatal, más gravosa que la autonómica (donde a lo largo de los años se han ido introduciendo varias bonificaciones), para las herencias de grandes patrimonios incluidas en la bonificación del 95% de la base del impuesto correspondiente a empresas de tenencia de bienes.

Otra posibilidad, añade Martinez, sería condicionar la bonificación a la creación de puestos de trabajo o a que los inmuebles, en el caso de las empresas inmobiliarias, se destinaran a alquiler social.

Subir los tipos, otra opción

¿Subir los tipos del impuesto comportaría una merma en la recaudación? Martinez considera que no. “El incremento de los tipos no representaría una bajada en la recaudación porque las personas, hasta fecha de hoy, no pueden escoger no morirse”, señala.

Sin embargo, el experto tributario matiza que la propensión a no declarar o a incurrir en fraude aumentaría con la subida de tipos. “No es por la vía de aumentar los tipos del impuesto por donde se tiene que conseguir la justicia impositiva en el impuesto de sucesiones”, afirma, y añade que lo más justo sería bajar los tipos, suavizar la tarifa y suprimir bonificaciones a los grandes patrimonios.

Con todo, Martinez señala que ni una reforma en el impuesto de sucesiones ni avanzar en la fiscalidad ambiental pondrá remedio de forma automática al problema de fondo: la falta de ingresos de la Generalitat. Para enmendar el mal estado de la tesorería catalana, Martinez considera que sería necesario un “control efectivo” de los principales impuestos que pagan los ciudadanos, el IRPF y el IVA.