Profesores universitarios de todo el Estado llaman al boicot académico contra Israel
Uno de los ejes de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel es un promover un boicot académico contra las instituciones israelíes mientras no se garanticen los derechos humanos en Palestina. Para mostrar apoyo a esta demanda, un millar de españoles, la mitad de las cuales profesores e investigadores universitarios, han firmado un manifiesto que se presentará el próximo día 15 de mayo.
“Lo que pedimos es que se corten las relaciones institucionales con Israel, porque cada convenio es visto como un apoyo al estado de las cosas; cuanto más colabores con ellos más libertades les das para no cambiar nada de sus políticas”, asegura Aitor Carr, profesor de la Universitat de Barcelona y activista de BDS Cataluña.
La campaña, inspirada en la presión internacional que sufrió el régimen de apartheid sudafricano, fue impulsada en el año 2005 con una llamada internacional lanzada por organizaciones de la sociedad civil palestina, que reclamaban medidas coercitivas “hasta que Israel cumpla con el Derecho Internacional y los principios universales de los derechos humanos”.
El manifiesto, que firman personalidades como Josep Fontana, Arcadi Oliveres, Joan Subirats, Jordi Borja, Miren Etxezarreta, Antoni Domènech o Manuel Delgado y colectivos como la Asociación de Estudiantes Progresistas o el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, asegura que “el boicot académico nace como respuesta al apoyo institucional unánime de las universidades israelíes a las políticas de ocupación y apartheid contra la población palestina, que, entre otras cosas, se materializa en una estrecha cooperación con el ejército israelí y las políticas discriminatorias contra los estudiantes palestinos”.
El gobierno catalán apuesta por Israel
En el caso catalán, Carr denuncia que “mientras Europa en conjunto avanza hacia posiciones de mayor exigencia hacia Israel, el Gobierno de Cataluña y sus universidades vamos en la dirección opuesta, dándole un apoyo total y acrítico, sin ninguna contrapartida, e intentando hacernos creer la ficción que colaborar con las instituciones israelíes no tiene nada que ver con la situación de los palestinos”.
De hecho, el pasado noviembre, una comitiva del Gobierno encabezada por el Presidente de la Generalitat visitó Israel y, según informó la Generalitat, firmó cinco convenios con las cuatro grandes universidades de Israel y su agencia para la investigación y el desarrollo. Estos acuerdos se enmarcan en un programa de colaboración científica en el que el Gobierno invertirá un millón de euros hasta 2016. “La campaña Negocios Ocultos reclama transparencia sobre lo que se acordó allí con un viaje impulsado por la Generalitat, y no se sabe nada”, asegura el activista.
Crece la presión internacional
A nivel internacional, en cambio, la presión sobre Israel aumenta. Por ejemplo, se han quedado fuera del programa de investigación impulsado por la Unión Europa Horizon 2020, porque la normativa, aprobada en julio, no permite beneficiarse de su financiación a las instituciones que se encuentren en territorios ocupados.
Recientemente, Alemania ha sido el primer país en adoptar también como propia esta política de la UE. Desde la campaña BDS, Aitor Carr ve con buenos ojos esta iniciativa y revindica la necesidad de “pedir a las universidades y centros que hagan suya esta política europea de no colaborar con centros que estén en territorios ocupados”. “El acceso al espacio europeo es muy importante para Israel, y tiene un acceso preferente, pero mientras haya violaciones de los derechos humanos pedimos una moratoria de este acceso”, añade.
Campaña local
Un ejemplo de esta presión a las universidades es la campaña Complicidades que Matan, que llevan a cabo trabajadores de la Universitat de Vic (Barcelona) para denunciar los convenios con centros israelíes, que ya tiene cerca de 400 apoyos. “El objetivo de la campaña es que terminen los acuerdos que han establecido con la Universidad de Haifa y el instituto Technion, y a un nivel más profundo, el fin de la ocupación, el respeto a los derechos humanos y el derecho a retorno los refugiados palestinos”, explica Joan Coma, uno de sus impulsores.
Según Coma, “en el caso de Haifa hay acuerdos de colaboración en términos de programas académicos y de investigación y de intercambio de alumnos”. Por otra parte habría “los acuerdos con la facultad de medicina del instituto Technion, porque la UVic quiere presentar en un año o dos un nuevo grado en medicina, y pretende colaborar en términos médicos así como en dar una mejor imagen ante el ministerio para la aprobación del grado”, asegura.
Aunque el rector les ha convocado a una reunión después de su última acción informativa, el profesor asegura que es una campaña “difícil, porque está en un entorno en el que el Gobierno te dice que Israel es un referente, y es la secretaría de universidades la que les ha abierto las puertas para estos acuerdos ”, lamenta Coma. No obstante, está convencido de que “a la larga estos acuerdos acabarán cayendo, sobre todo por la presión internacional, que irá creciendo como ocurrió con Sudáfrica”, asegura.
