El Parlament debate si mantener el concierto a colegios que segregan por sexo
La financiación de las escuelas concertadas que segregan en función del sexo de sus alumnos volverá a ser objeto de debate este miércoles en el Parlament de Catalunya. El grupo de Catalunya Sí que es Pot ha presentado una propuesta para modificar la Ley de Educación de Catalunya, vigente desde 2009, con el objetivo de introducir un nuevo requisito para los centros educativos que quieren acceder al concierto: que sean mixtos. Así, las 16 escuelas que aplican esta separación entre niños y niñas quedarían excluidas de la subvención pública.
La separación por sexos es un modelo “totalmente contradictorio con la misma ley catalana, donde se establece que la coeducación y la igualdad entre hombres y mujeres forman parte de los principios básicos de nuestro sistema”, argumentan desde CSQEP. Por ello piden que se les retire la parte de financiación pública que les corresponde como centros concertados.
El conjunto de estos centros percibe de la Generalitat unos 30 millones de euros anuales en concepto del concierto, según reveló recientemente Crític, una cifra fruto de un cálculo que tiene en cuenta el número de unidades y los alumnos. La gran mayoría de ellas, además, están vinculadas a la orden religiosa Opus Dei.
En el debate parlamentario, la propuesta de modificación de ley deberá superar dos enmiendas a la totalidad que han presentado Junts pel Sí y el PP, respectivamente. Si alguna de las enmiendas prospera, la iniciativa quedaría sin efecto. En caso contrario, la propuesta vería luz verde y pasaría a debatirse en la comisión de Educación de la Cámara catalana.
La gran incógnita sobre la votación recaerá en JxSí. De CSQEP, PSC y la CUP se espera que apoyen la modificación de la ley, pero en el seno de la coalición independentista hay divergencia de posicionamientos. CiU ha sido históricamente favorable a concertar estos centros –la consellera de Ensenyament, Meritxell Ruiz, confirmó en su primera intervención parlamentaria que mantendría estas subvenciones–, pero ERC se ha mostrado en más de una ocasión en contra.
Los desequilibrios que esta cuestión genera en JxSí los han intentado explotar recientemente otros partidos, como el propio PP, que presentó una moción en febrero instando a mantener los conciertos educativos de todos los centros, incluidos los de élite. En aquella ocasión JxSí se opuso al texto al considerar que esto la LEC ya lo garantiza.
Así pues, la de mañana no será la primera ocasión en que algunos partidos intentan abrir el debate sobre las escuelas que segregan por sexo en sede parlamentaria. Primero ICV-EUiA y después el PSC, en 2013 y 2014, respectivamente, intentaron enmendar la LEC en este sentido, pero en ambos casos el Parlament obstaculizó las iniciativas con los votos de CiU y del PP. ERC se mostró entonces favorable a revisar los conciertos de estos centros.
La barrera que suponen la LOMCE y los conciertos actuales
Incluso si la propuesta de modificación de la ley catalana prospera y se empieza a estudiar en comisión parlamentaria, su futuro es ciertamente dudoso, puesto que la LOMCE, vigente desde 2013, blinda el derecho de estos centros a percibir el concierto. En los últimos años la justicia ha obligado a diferentes administraciones, como la Junta de Andalucía, a abonar a varios de estos centros el dinero de conciertos que se negaba a pagar. El TC avaló al inicio del 2016 este blindaje.
Otra barrera con que chicaría la iniciativa política contra el concierto a colegios que separan por sexo es con la vigencia de los convenios actuales. Los conciertos en toda Catalunya se renovaron en 2014, de la mano de la entonces consellera Irene Rigau, por un período de seis años, es decir, que estarán vigentes hasta el 2020. La misma renovación se ha llevado a cabo durante años sin inconvenientes, tanto con el gobierno de Jordi Pujol como con el tripartit.
Fue precisamente en época del tripartit cuando se aprobó la ley de educación catalana, que contempla la subvención con dinero público de estas escuelas. PSC, CiU y ERC la dieron por buena, pero ICV-EUiA se desmarcó justamente en este punto. Ahora los socialistas afirman que fue “un error” permitir la financiación pública de estos centros, mientras que los republicanos defienden que el modelo segregado nunca ha sido el suyo, pero que priorizaron el consenso para sacar adelante la ley.
