La entidad financiera nacionalizada Catalunya Banc -conocida por su marca CatalunyaCaixa- estudia aplicar la movilidad geográfica forzosa a sus trabajadores de fuera de Cataluña. También pretende aplicar a la plantilla medidas de reducción de jornada y sueldo: una reducción del 15% del salario de todos los empleados. Esto lo ha comunicado la dirección a los representantes sindicales en la reunión mantenida este lunes, unas negociaciones que se centran en el ERE que afecta a la plantilla de la entidad, y que prevé despedir antes de octubre a 2.453 personas, el 30% del conjunto de empleados.
La dirección de CatalunyaCaixa va mostrando, poco a poco, los elementos del ERE que piensan presentar una vez terminado el periodo de negociación previa fijado por el convenio colectivo. Estas revelaciones suponen un endurecimiento importante de las condiciones del expediente y de la situación para los trabajadores que queden en la empresa, según han declarado a catalunyaplural.cat fuentes sindicales.
Contra lo que había pasado en las últimas reconversiones bancarias, CatalunyaCaixa está decidida a no aplicar reducciones de personal a partir de prejubilaciones de personas mayores de 50 años. Por lo tanto, ¿qué pasa con los trabajadores que tienen más de 50 años y que están ubicados fuera de Cataluña, donde la Unión Europea quiere limitar las operaciones de la antigua caja? La respuesta parece obvia: se les obliga a trasladarse al Principado catalán, donde antes se habrá despedido otros empleados para que ellos puedan ocupar su puesto.
Estas ampliaciones de la plataforma empresarial tienen indignados a los negociadores de la parte sindical y también a la plantilla. Más aún si van acompañadas por otras iniciativas que poco tendrían que ver con un ERE, cómo es aplicar la movilidad geográfica a la plantilla -pasando el límite actual de 25 kilómetros a 100 kilómetros-, reducciones de jornada y sueldo, y por ejemplo la obligatoriedad de realizar horarios partidos en la sede central y en las sedes de las filiales. “Es el abuso por el abuso”, comenta Montse Delgado, de CCOO.
En el caso de los 2.453 despidos, sin embargo, la dirección ha admitido que se podría reducir el número siempre que fructifiquen las operaciones de venta de filiales o de parte de la red de oficinas.
Los sindicatos planean ya las respuestas que se llevarán a cabo, en forma de movilizaciones, a partir de septiembre. Empezarán gradualmente con acciones en la calle y, si no cambian los términos del ERE, podrían finalizar con huelgas en la red de oficinas.