En Badalona, tercera ciudad de Cataluña en número de habitantes, nadie sabe con certeza quienes son los 204 parados que podrán trabajar durante unos meses en el plan de empleo que gestiona el Instituto Municipal de Promoción del Empleo (Impo), una empresa pública en la que el PP ostenta la mayoría. Esta falta de información preocupa a algunos sectores, sobre todo la izquierda social y política de la ciudad, que alertan de una posible situación de inequidad o directamente de enchufismo en las adjudicaciones de las plazas, y piden transparencia al alcalde, Xavier Garcia Albiol (PP).
Hasta ahora, según denuncian, no se han podido esclarecer las interioridades de las contrataciones previstas por el plano, lo que ha provocado que la Asamblea de parados, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona, CCOO y UGT y los partidos políticos PSC e ICV-EUiA se hayan puesto de acuerdo para pedir transparencia y, al mismo tiempo, apuntar las sospechas que hay en la ciudad sobre el uso partidista del dinero destinado a luchar contra el desempleo.
Los partidos políticos con presencia en el consistorio han pedido los datos de los beneficiarios a la dirección de la Impo y PP, pero la respuesta ha sido negativa. Los populares se escudan en la ley de privacidad de datos por no aportar la información que se les reclama, afirma Carles Sagués, jefe del grupo municipal de ICV en la ciudad.
¿Quiénes son los 204 badalonenses que durante unos meses podrán trabajar unas 4 horas diarias cobrando poco más de 520 euros al mes? Quién sabe... afirman en la ciudad, y los rumores corren como la pólvora alrededor de las identidades de los afortunados.
En cambio, en las poblaciones vecinas, también dentro del plan -está gestionado de manera municipal pero lo convoca el Área Metropolitana de Barcelona- no hay problema para hacer el seguimiento de los parados que se integran en los planes de empleo, asegura Felipe Barrera, secretario general de UGT en el Barcelonès Nord y miembro del consejo de administración de la empresa homóloga a la Impo en Santa Coloma Gramanet. Es el caso de esta población o de Sant Adrià de Besós. Y es que sindicatos y sociedad civil tienen claro que una cosa es poder fiscalizar la elección de los que tienen derecho a participar en planes de empleo y otra cosa es el chismorreo.
Badalona cuenta actualmente 23.184 personas en paro. De éstas, unas 17.000 lo son de larga duración y casi 9.000 no reciben ningún tipo de ayuda. Todo ello en una población de poco más de 220.000 habitantes, gobernada en minoría por el PP.
Denuncias de los parados
El representante de la asamblea de parados de Badalona, ante la falta de transparencia, afirma: “entendemos que a nosotros nos quisieron comprar” desde el ayuntamiento. El portavoz afirma que los líderes de la asamblea habían decidido no participar en la convocatoria entendiendo que podía haber otros parados con más necesidades. Pero que curiosamente habían recibido llamadas personales de directivos del Impo preguntando por qué no lo pedían.
Antonio Salguero, representante de la federación de asociaciones de vecinos de Badalona, es más explícito y asegura: “en mi barrio, Lloreda, nos conocemos todos. Todo el mundo ha visto que, al menos en dos ocasiones, personas que hacían campaña por el PP o que presumían de ser cercanos a Garcia Albiol, ahora han sido contratados”.
El PP y Garcia Albiol no es que sean entusiastas de los planes de empleo. Badalona no pone ni un euro extra, al contrario de lo que ocurre en poblaciones vecinas. Es más, Albiol, acusado de incitar a la xenofobia, ha endurecido los criterios para acceder a ellos: los demandantes deben llevar más de tres años censados en la población, lo que ha perjudicado algunos vecinos que a pesar de nacer en Badalona habían vivido un tiempo fuera de la ciudad.
La retribución que cobran los desconocidos parados de Badalona es también menor que la de los parados de las poblaciones de los alrededores. Ascensión Romero, de CCOO, afirma que el PP está ensayando en la ciudad la política de los minijobs. Reclama que el mínimo que debería recibir un parado con necesidades familiares son los 664 euros mensuales que se reclaman en la ILP de la renta mínima garantizada.
Para evitar las adjudicaciones a dedo o que haya personas que encadenen su inclusión en planes consecutivos, las entidades sociales badalonenses reclaman, además de transparencia, que el último trámite una vez pasados los filtros iniciales sea un sorteo.
Cargos de confianza
Desiré García, concejala del PSC, insiste en que se reclamará una reunión extraordinaria del consejo de Administración de la Impo para reclamar información. Recuerda que dos mociones aprobadas en el pleno de Badalona lo han exigido y no han sido tenidas en cuenta por el PP.
También hace memoria de extrañas coincidencias en estos programas: explica como un cargo de confianza del PP, que fue sustituido tras superar la tasa de alcoholemia mientras conducía, fue contratado en un plan contra el paro. “No sabemos si ahora también lo han cogido”, dice. Y recuerda que en la convocatoria anterior las contrataciones de parados no se limitaron a peones o personas con baja cualificación, sino que sorprenentmente se dio trabajo a dos personas en el área de protocolo municipal.