El imposible reto de redactar el dictamen de la Comisión Pujol

Los representantes de los diferentes grupos políticos que han participado en los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el Fraude y la Evasión Fiscales y las Prácticas de Corrupción Política abordan, este viernes, la tarea de llegar a un dictamen final. Parece una misión imposible vistas las conclusiones aportadas por cada uno de estos grupos. Son textos muy diferentes, tanto en la dimensión como en el fondo. La extensión oscila entre los 14 folios aportados por el PSC y los 80 de las CUP. En el documento de CiU, destaca la ausencia de la palabra Pujol en los 28 folios de resumen.

Pero ¿cómo se puede redactar un documento conjunto a partir de los documentos de todos los partidos, teniendo en cuenta que no hay más coincidencia que la existencia de apartados de conclusiones y recomendaciones? Sea como sea, el dictamen deberá estar listo para el Pleno de la próxima semana, el último de este mandato si el presidente de la Generalitat acaba convocando elecciones para el próximo 27 de septiembre.

Las 28 páginas del texto de CDC han sido presentadas por el portavoz del grupo parlamentario, Jordi Turull, que todavía se refiere a él como grupo de CiU. Meritxell Borràs, que ha sido la portavoz de este grupo en la Comisión, ha sido nombrada consejera de Gobernación y no participará en la elaboración y votación del dictamen definitivo. Sin embargo, no habría hecho falta asistir a todas las sesiones de la Comisión para redactar ese texto, ya que se limita a hacer reflexiones genéricas sobre la corrupción política, destacar que el Parlamento aprobó en diciembre del año pasado una Ley de transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno, y recordar que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó, en febrero de 2013, 51 medidas en materia de transparencia y regeneración democrática.

Eso sí, afirma que “Cataluña no es un país corrupto” y critica que la Comisión ha asumido “funciones que no le tocaban”. Los medios de comunicación también se llevan algún rapapolvo “por no respetar el derecho al honor, a la intimidad y la dignidad de determinadas personas”.

Los Pujol, que no son ni mencionados en las conclusiones presentadas por Jordi Turull, son omnipresentes en las de los otros seis grupos. Hay una coincidencia generalizada en que el motivo por el cual se creó la Comisión -la confesión del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que tuvo dinero escondido 34 años en el extranjero- no ha quedado aclarado. Todos habrían querido que el expresidente hubiese levantado el secreto bancario de sus cuentas, para saber el origen del dinero ocultado a Hacienda durante tantos años. Ni él ni su mujer ni sus siete hijos han querido hacerlo, con lo cual esa incógnita ha quedado sin resolver.

Varios grupos coinciden en lamentar que entre los casos que no han desfilado por la Comisión esté el del Palau de la Música, que identifican con la financiación irregular de CDC. Pero hay más casos que no se han tratado. ERC menciona los de Adigsa, Pallerols o el Priorat. Este grupo y ICV coinciden en la necesidad de mantener viva la Comisión en el próximo período de sesiones.

Ciudadanos, en sus 21 páginas, incluye su tradicional reclamación de la realización de elecciones primarias en los partidos y acusa a ERC de obstruir determinadas tareas de la Comisión y a PP y PSC de taparse las vergüenzas unos a otros. Entre sus propuestas destaca la de prohibir las donaciones de las empresas a los partidos, idea compartida por las CUP, que aporta muchas más, algunas drásticas como la prohibición a los partidos de pedir créditos a los bancos. Isabel Vallet, en representación de las CUP, ha hecho un trabajo exhaustivo, que amplía su detalle de asuntos corruptos a la comunidad valenciana y las Baleares. De todas las aportaciones, la de Vallet es la que mejor encajaría con la edición en forma de manual sobre la corrupción. Inicia su trabajo con una cita de Xavier Vinader y lo cierra con otra del juez italiano Roberto Scarpinato.

En las 15 páginas presentadas por el PP destaca la acusación al presidente de la Generalitat actual, Artur Mas, de tener conocimiento, cuando era consejero del Gobierno, que su padre tenía dinero oculto en Liechtenstein y no denunciarlo. También lo acusan, como hacen otros grupos, de saber que los hijos del presidente Jordi Pujol se estaban enriqueciendo con sus tratos con la administración que gobernaban. A Jordi Pujol también le cae esta acusación desde la totalidad de los grupos, salvo el de CDC. El PP encuentra un hueco en sus conclusiones para negar que haya corrupción política en el caso que afecta a su ex-tesorero Luis Bárcenas.

ICV presenta 50 recomendaciones entre las que está la revisión de la financiación de los partidos políticos -que también es una medida compartida por otros grupos- y el PSC, 29. Los socialistas acaban su documento pidiendo que “Cataluña y sus ciudadanos se merecen conocer la verdad”.

La impresión más generalizada es que la Comisión no ha permitido descubrir demasiado verdades ocultas de la Cataluña de los últimos 30 años pero sí que ha servido como catarsis política y social y para concluir, en palabras del exfiscal José María Mena citadas por Isabel Vallet, que: “Nunca hubo oasis catalán. Hubo impunidad”.