La oposición de izquierdas se compromete a aprobar la Renta Garantizada como primera ley del nuevo Parlamento
Los partidos de izquierdas que están actualmente en la oposición en el Parlamento de Cataluña -CUP, EUiA, ICV y PSC y las formaciones Podemos, Proceso Constituyente y Barcelona en Común han anunciado, este jueves, su compromiso de que la Ley que regule la Renta Garantizada de Ciudadanía sea la primera que apruebe el Parlamento que surja de las elecciones del próximo 27 de septiembre. Lo han hecho con la lectura ante la sede del Parlamento de un comunicado después de que Diosdado Toledano, promotor de la iniciativa legislativa popular que recogió 121.191 firmas, lamentara que no se haya podido aprobar esta ley en el mandato que ahora termina.
Toledano ha responsabilizado al Gobierno de la Generalidad de que la Renta Garantizada de Ciudadanía no se haya aprobado antes de la disolución del Parlamento. Para él, el Gobierno de CiU no ha priorizado la aprobación de esta Renta y sólo a última hora se avino a acelerar los trámites de su debate, debido a las presiones de los impulsores de la ILP y de los partidos opositores. Estas prisas finales, sin embargo, no han sido suficientes para terminar el dictamen a tiempo. Por otra parte, no está nada claro que el dictamen que se hubiese aprobado pudiera satisfacer las aspiraciones de los promotores de la iniciativa, ya que las enmiendas de algunos grupos quedaban muy lejos del contenido de la ILP.
El Estatuto de Cataluña dice en su artículo 24.3 que “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada de Ciudadanía que les garantice una vida digna”. La Renta Garantizada de Ciudadanía que propone la ILP supone unos ingresos mínimos de 664 euros mensuales para todos los catalanes y catalanas, con doce pagas anuales.
La ILP llegó al Parlamento hace un año y medio. Una delegación de la comisión promotora entregó las firmas a su presidenta, Núria de Gispert, el 18 de diciembre de 2013 pero no fue hasta el 27 de marzo de 2014 que Diosdado Toledano y Sixte Garganté la pudieron defender ante el Pleno y comenzó su tramitación parlamentaria. Dieciséis meses después, sin embargo, no se ha podido concluir esa tramitación.
La declaración conjunta que han presentado los partidos y grupos políticos se titula “Una Cataluña sin pobreza es urgente, posible y necesaria” y les compromete no sólo a que sea la primera Ley que apruebe el nuevo Parlamento sino a “defender el contenido original de la propuesta”. Su texto recoge que “la gravísima insensibilidad social manifestada por el Gobierno de la Generalidad ha causado terribles daños y sufrimientos a cientos de miles de personas en Cataluña. Ha prevalecido su política de ajuste y austeridad, el rescate de los ricos y poderosos a costa del empobrecimiento de la mayoría”.
Lo han leído Laia Ortiz (Barcelona en Común), Quim Arrufat (CUP), Joan Mena (EUiA), Joan Herrera (ICV), Núria Parlón (PSC) y Josep Bel (Proceso Constituyente). ERC, que formó parte del grupo impulsor de la ILP, no se ha sumado a la declaración.
