El movimiento libertario denuncia una “operación política” tras las detenciones del caso Pandora
Los movimientos libertarios denuncian una “operación política” detrás de las detenciones y los registros del caso Pandora, que este miércoles vivió un nuevo episodio con la detención de 9 personas más acusadas de pertenencia a organización “con fines terroristas”. En una rueda de prensa este jueves, los colectivos anarquistas y las entidades que los apoyan, han acusado los Mossos de actuar “contra las ideas y contra un movimiento político” con el objetivo de hundirles a fuerza de relacionarlos, aseguran, con el concepto “terrorismo” sin imputación de hechos concretos.
“Sólo se han llevado material político”, ha lamentado el portavoz del movimiento libertario, llamado Llibert. Entre las incautaciones se encontrarían libros, revistas, ordenadores, esprays y banderas. “La policía hace años que se esfuerza en vincular anarquismo y violencia, pues no: somos espacios de construcción y defensa del derecho a la vivienda, de los derechos laborales o contra la violencia sexista”, ha expuesto Llibert ante la prensa, acompañado de una treintena de personas.
El caso Pandora, en sus dos fases —ayer y el mes de diciembre pasado— acumula ya 20 detenciones. Los nueve detenidos de ayer —de colectivos como Acció Lilbertària, Procés EMBAT o Elissa— han sido trasladados a la Audiencia Nacional y está previsto que declaren mañana. En el caso de los 11 arrestados hace casi un año, siete de ellos pasaron por prisión preventiva durante un mes y medio, pero ahora se encuentran en libertad. La causa, según los abogados, lleva meses parada.
Los abogados defensores consideran que se ha “sobrepasado una línea roja” al querer utilizar herramientas del “excepcionalismo penal”, en referencia a la legislación antiterrorista contra movimientos sociales críticos. Durante la rueda de prensa, Andrés García, abogado de tres de los detenidos, emplazaba al Col·legi d’Advocats, jueces y fiscales a hacer una reflexión sobre “el uso extensivo” de estas herramientas penales y de la palabra “terrorista”.
En las detenciones del mes de diciembre desde la defensa ya se criticaba que las resoluciones judiciales no eran capaces de relacionar los hechos denunciados —como la colocación de un artefacto explosivo en la catedral de la Almudena en 2013 o atentados contra sucursales de bancos— con ninguno de los detenidos en concreto.
