El Parlament aprobará este jueves la ley de emergencia habitacional. Una nueva ley que debe servir para superar la suspensión parcial de la ley 24/2015, dictaminada en junio de este año por el Tribunal Constitucional.
Hacía falta recuperar urgentemente las herramientas para detener desahucios y atender las emergencias habitacionales; y la Generalitat lo ha tramitado con la rapidez prometida.
Es cierto que el texto actual supone avances significativos. Así, recupera la expropiación del usufructo de los pisos vacíos (curiosamente ya prevista en la Ley 2007 del Derecho a la Vivienda y suprimida en 2011 por CIU a través de la ley Ómnibus), y consolida el deber de realojamiento de los grandes propietarios de pisos vacíos, como paso previo al desahucio de personas vulnerables. Sin embargo, no resuelve problemáticas acuciantes denunciadas por ayuntamientos metropolitanos y entidades sociales.
Poco antes de que se produjera la suspensión cautelar de la ley 24/2015, el Ayuntamiento de Barcelona hizo público un informe sobre el mercado del alquiler en la ciudad. En este documento, se alerta del continuo incremento de los precios del alquiler, documentando cómo durante 2015 el precio del alquiler aumentó un 6'6% más que durante el mismo periodo de 2014, situándose en una media de 727 euros mes.
Además, del análisis de los precios del alquiler por zonas, se extrae la conclusión de que los barrios con niveles de renta más baja son los que más esfuerzo económico deben realizar para hacer frente al pago del alquiler, por encima del 25% de su renta. Al mismo tiempo, el informe constata que si bien la tendencia se refiere a las grandes ciudades del Estado, Barcelona es la que tiene los alquileres más caros y donde más crecen. Además, al tener una mayor proporción de viviendas de alquiler, el 30% del total frente al 24% de Palma de Mallorca o el 20% de Madrid, la subida tiene mayor impacto social.
Desde entonces el Consistorio ha alertado en numerosas ocasiones sobre esta situación: la raíz del problema de los procesos de desalojo está en el desmesurado incremento del alquiler. Para enfrentarse a ello se han puesto en marcha toda una serie de medidas contra la nueva burbuja inmobiliaria, que incluye desde la sanción a inmuebles turísticos ilegales y la de bancos que concentran pisos vacíos –en este caso pueden llegar hasta los 300.000 euros– hasta la promoción de vivienda pública de alquiler y el programa de movilización de inmuebles vacíos que, bajo el lema “Tú tienes la llave”, garantiza el cobro del alquiler y ofrece ayudas a la rehabilitación hasta los 15.000 euros a los pequeños propietarios que pongan su vivienda a disposición de la bolsa de alquiler.
Paralelamente, se está realizando un censo de pisos vacíos y se ha empezado a elaborar un índice de precios que ayude a orientar el alquiler en función de las características del piso, su estado de conservación y su ubicación.
Pero la subida indiscriminada en el precio de los alquileres requiere respuestas normativas de ámbito autonómico y estatal. El Ayuntamiento de Barcelona ha insistido en la necesidad de que la futura ley de emergencia habitacional introduzca la posibilidad de sancionar los “alquileres abusivos” que imponen los grandes propietarios de inmuebles vacíos. Introducir este concepto sería un avance tan grande como imprescindible.
Ante la negativa del Govern a dar el paso, el Ayuntamiento organizó hace pocas semanas un encuentro entre alcaldesas y alcaldes metropolitanos para reivindicar que se les escuche, ya que son las administraciones locales las que deben enfrentarse diariamente a desalojos y a problemáticas relacionadas con la burbuja inmobiliaria del alquiler; y las que cargan con el esfuerzo de resolver el problema aportando viviendas y recursos sociales.
Por tanto, la ley que se aprobará este 22 de diciembre es insuficiente. Es una lástima que Junts pel Sí no haya querido aprovechar la nueva ley de emergencia habitacional para poner freno a la burbuja inmobiliaria del alquiler. Y la dotación presupuestaria de la norma, 14 millones de euros, tampoco está a la altura de la situación de exclusión residencial.
Aun así, las reivindicaciones han tenido fruto: la Generalitat se ha comprometido a regular los alquileres abusivos de aquí a nueve meses. Desde Barcelona continuaremos presionando para que el compromiso se haga efectivo en este plazo; para que se cuente en todo momento con los ayuntamientos, ya que al fin y al cabo somos los que antes detectamos las necesidades de la ciudadanía; y para disponer de una regulación del mercado de alquiler que afronte realmente el problema y aclare las reglas del juego entre propietarios e inquilinos, anteponiendo el derecho a la vivienda.
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