Hay excusas creíbles, excusas dudosas, excusas inverosímiles, excusas terribles y luego está lo que la constructora Teyco ha alegado sobre el presunto pago de comisiones a CDC. Esto es, que los cálculos manuscritos del 3% sobre el precio de obras adjudicadas por ayuntamientos gobernados por CDC son precisamente para asegurarse de que no se paga el 3% a CDC y así evitar suspicacias (o sospechas, según la expresión literal del comunicado). Bravo. Esto ya no es una excusa, esto es una acrobacia digna del Cirque du Soleil. Tan contorsionista, audaz y luminosa que sólo puede haber salido de la misma chistera de la calle Córcega que lleva tres años sacando conejos para mantener viva la llama sin perder el control del respetable. Artur Mas repitió la cantinela sin inmutarse en su comparecencia en el Parlament y lo ha vuelto a mencionar en una entrevista en La Vanguardia, a ver si a base de repetirlo la versión se convierte en hecho. A veces funciona.
A la pirueta argumental se suma la proliferación de teorías de la conspiración que han circulado estos días, basadas básicamente en dos hechos: el momento en el que se produce la operación policial y las denuncias del pasado que terminaron en nada. No digo que no haya habido episodios de guerra sucia urdidos desde algún turbio despacho de la Castellana, pero éstos suelen delatarse por su torpe confección. No parece que éste sea el caso. No es lo mismo un informe policial apócrifo filtrado a El Mundo que una operación de la Guardia Civil, ordenada por un juez con nombres y apellidos (el del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell), que incluye el registro simultáneo de varios edificios oficiales. Y menos si todo ello tiene un origen tan clar i català como la investigación abierta hace año y medio a raíz de una denuncia presentada por ERC y PSC en un municipio (Torredembarra). Definitivamente, cualquier parecido entre una y otra película es pura coincidencia.
En cuanto a la oportunidad, los problemas judiciales de CDC empiezan a ser tantos, y las citas electorales, tantas también, que es casi imposible que no coincidan. De hecho, entre el 9N y el 27S cualquier fecha en que se hubiera llevado a cabo esta operación policial habría tenido idéntica lectura victimista (otra de las especialidades de la casa gran). Y durante los próximos 18 meses, si JuntsPelSí gana las elecciones con mayoría holgada (como todo hace prever), y con la cantidad de jornadas solemnes que se avecinan, ya nos explicarán cuándo se habría podido realizar una operación de esta índole sin que fuese considerada un intento burdo de desestabilizar el procés. O sea que lo mejor sería que a partir de ahora el departamento de Justicia informe a los juzgados de los días del año en los que se pueden hacer registros y detenciones de buenos catalanes sin herir sensibilidades. Esto, por no insistir con argumentos ya escuchados, como que Rodrigo Rato fue detenido pocos días antes de las municipales y nadie habló entonces de guerra sucia contra el PP (habría sido hilarante).
Mal que pese a algunos, y en especial a Josep Rull (magistral en su papel de víctima al revelar que la Guardia Civil se había llevado “material sensible” sobre la estrategia electoral de JPS de cara al 27S), el caso Teyco, antes llamado caso Torredembarra, es creíble. Esto únicamente quiere decir que lo son los indicios hasta ahora conocidos, pero no que termine en condenas, ya que probar una trama de comisiones ilegales sin la colaboración de un arrepentido es tan difícil como conseguir que los ex presidentes del Gobierno se dediquen exclusivamente a disfrutar de su jubilación dorada. Además, aquí la víctima es la administración, que habitualmente no acusa porque está gobernada por el mismo presunto autor del crimen. En realidad, ni contando con un arrepentido hay garantía de nada, como se vio con el caso Adigsa, o años atrás con el caso Casinos. Y, antes de que me crucifiquen, subrayaré que las mayores muestras de impunidad se encuentran al otro lado del Ebro. Todo el mundo puede intuir de dónde sale la contabilidad en negro del PP, pero eso aún está por demostrar. Lo único que se puede afirmar con rotundidad es que el dinero de los sobres que cada mes y durante más de veinte años los tesoreros del PP estuvieron repartiendo entre su cúpula directiva no provenía de campañas de micromecenazgo.
En realidad, del caso Teyco sólo conocemos una parte ínfima, pero es suficiente para darle verosimilitud. Dicen que hay aquellas notas manuscritas (que deben ser auténticas porque lo reconoce la misma compañía), dicen que hay unos correos electrónicos entre un hijo Sumarroca y el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar (habrá que verlos), y dicen que hay pagos desproporcionados de ayuntamientos convergentes a la constructora que luego hacía generosos donativos a la fundación del partido. Donativos legales, por supuesto. Que no se me olvide. Pero es que decir que son legales es como decir en un asesinato que el arma del crimen tenía todos los permisos. O sea, como no decir nada. La supuesta ilegalidad no es el donativo, sino la procedencia del dinero que se dona. Es el circuito completo del dinero.
En el fondo, el caso Teyco es especialmente creíble porque no es una constructora cualquiera, sino que pertenece al imperio Sumarroca, y, de siempre, el triángulo Sumarroca-Convergencia-Generalidad (empresa-partido-administración) ha sido un sólido machihembrado. Sacando el polvo en el archivador he recuperado una pequeña perla que, modestamente, creo que lo ejemplifica bien. Se trata de un dossier de presentación sin fecha, aunque debe de ser de principios de los noventa, en el que (aparte de su lamentable redacción) llaman la atención dos aspectos. El primero es que, en la narración de su historia, se explica sin reparos que a partir del año 1980 la empresa pasa a especializarse en el sector público, cuando hasta esa fecha se había dedicado básicamente a la construcción de viviendas y a prestar servicios de construcción para otras compañías. La fecha no es casual: 1980 es el año que Jordi Pujol se convierte en presidente de la Generalitat.
El segundo elemento es aún más llamativo. En el detalle sobre la obra realizada la presencia de organismos, sedes y dependencias de la Generalitat es absolutamente abrumadora. Hay una página en la que de las 20 obras reseñadas (casi todo remodelaciones de edificios) 18 corresponden a la Generalitat: las diversas sedes de Catalunya Ràdio, la del Palau de la Generalitat y de diversas consejerías, la escuela de policía, pistas deportivas..., y más adelante aún encontramos hospitales y ambulatorios públicos, escuelas e institutos públicos, residencias de ancianos, centros cívicos, etc. Así eran aquellos tiempos. Que la constructora de Carles Sumarroca Coixet (y de sus hermanos), con carnet de militante número 24 de CDC, hiciera la mayor parte de obras de la Generalitat gobernada por CDC era tan normal que no era necesario ni disimular. La oposición lo criticaba con timidez, como quien no está libre de pecado para tirar ninguna piedra, y la prensa del momento cumplía con la misión de no molestar en exceso.
A partir de aquí, y aunque resulte agotador, por repetitivo, hay que completar el cuadro con todos los otros lazos (conocidos) que han unido y unen a las familias Sumarroca y Pujol, o a los negocios Sumarroca con los gobiernos Pujol. Es decir, todo aquello tantas veces escrito pero que no debe perderse de vista cuando hablamos sobre la poca o mucha credibilidad del caso Teyco. Aquello de que las respectivas señoras habían fundado Hidroplant; aquello de que uno de los hijos del ex muy honorable (Pere) trabaja desde hace 20 años o más para la consultoría ambiental de Sumarroca (Entorn); aquello de que otras empresas de Sumarroca (Emte, Proelec, Unitek, General Lab, etc.) han crecido exponencialmente al calor del gran cliente que es la administración pública catalana; aquello de que ahora mismo se investiga si Jordi Pujol Ferrusola cobró comisiones de Emte (entre otros) por trabajos no realizados; aquello de que Sumarroca, Alavedra y Prenafeta participaron en una empresa a principios de los noventa (Terasaki) en la que estuvo empleado el Júnior; aquello de que Sumarroca fue uno de los testaferros de lujo usados por Pujol para enmascarar que era el propietario real de El Correo Catalán; aquello de que otra firma de Sumarroca, la consultora sanitaria Codeh, rescató al exconseller Roma cuando éste tuvo que dimitir por corrupción; o aquello quizás sí más olvidado de que el secretario del consejo de Emte y Teyco era el mismo abogado que había sido jefe de los servicios jurídicos de Banca Catalana (y que también ocupaba puestos clave en la fundación editora del diario Avui y en la Fundación Enciclopedia Catalana, por citar dos entidades privadas amamantadas por el pujolismo).
Ni comulgo con eso que corre de “JuntsPel3%”, porque encuentro ridículo pretender que la ambición independentista se justifica exclusivamente en la voluntad de seguir controlando el circuito de las comisiones, ni obviamente comulgo con los que intentan hacer creer que el caso Teyco es una operación de Madrid para hacer descarrilar el procés. No es contra Catalunya, es contra los corruptos. Y, por supuesto, presunción de inocencia siempre, también para los Sumarroca y Pujol, pero si de lo que se trataba era de no levantar suspicacias deberían haber comenzado hace 35 años.
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