Desde el año 2000, el día 18 de diciembre se celebra el dia Internacional del Migrante. Esta fecha conmemora la adopción de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares por la Asamblea General de Naciones Unidas (por cierto, una Convención no firmada por España).
Cada vez son más las organizaciones de inmigrantes y por la defensa de sus derechos que se han apropiado de esta fecha y la han dotado de un contenido cada vez más reivindicativo. El 18 de diciembre es una fecha para reivindicar los derechos de los inmigrantes, para denunciar las vulneraciones de derechos y para señalar los motivos que las producen.
La vulneración cotidiana de los derechos de las personas migrantes, produce muertes. Mañana 19 de diciembre hará un año de la muerte de Samba Martine. Samba llevaba tan solo tres meses en España, la encerraron en el Centro de Internamiento (CIE) de Aluche, en Madrid, donde no recibió la asistencia médica adecuada y murió ante la indiferencia de las autoridades. Algo parecido ocurrió el 6 de enero en el Centro de Internamiento de Zona Franca de Barcelona, donde murió el joven Idrisa Diallo. Estas muertes supusieron que la realidad de los CIE saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados guantánamos españoles: lugares de privación de libertad donde se encierra a los inmigrantes que deben ser expulsados y donde no es posible asegurar el respeto por sus derechos humanos más básicos.
La denuncia social y mediática de estos hechos apuntaron hacia las deficiencias en el funcionamiento de los CIE, su opacidad y la ausencia de la normativa prescrita legalmente para la regulación de su régimen interno. La aprobación del nuevo reglamento se presentó como solución al problema. Entidades sociales, partidos, sindicatos y medios de comunicación instaron al Gobierno a que en el menor plazo posible aprobara un reglamento sobre los CIE que permitiera la garantía de los derechos de los inmigrantes internados y que se acabara con la discrecionalidad imperante hasta el momento. El Gobierno español asumió ese compromiso y prometió que antes de Semana Santa se iba a disponer del mencionado reglamento. Tras un año de la muerte de Samba y de Idrissa, esta norma todavía no existe y el anteproyecto que se ha hecho público no augura demasiadas mejoras para la situación de los inmigrantes.
Es imperativo que el régimen interno de los CIE se regule con un reglamento garantista, que los jueces controlen su funcionamiento y que las entidades sociales tengan acceso a los CIE para monitorear las instituciones. El control judicial y la presencia de entidades sociales permitiría hacer los CIE algo más transparentes, denunciar las vulneraciones de derechos y así reducir los espacios de impunidad, pero el nuevo reglamento no va a facilitar esta función ni va a aportar las garantías necesarias. Tampoco va a hacer los CIE más legítimos o menos injustos. En los CIE se priva de derechos fundamentales a ciertas personas por un motivo tan aleatorio como es la nacionalidad. Esta discriminación surge del enfoque de las políticas migratorias contemporáneas, frecuentemente más relacionadas con cuestiones de seguridad que con cuestiones de derechos. Estas políticas se plasman en las directivas y reglamentos de la unión europea y en nuestro caso, en la Ley de Extranjería española.
Las leyes de extranjería españolas, desde la primera de 1985 (la LO 7/1985), han contribuido a fomentar la vulnerabilidad de los migrantes mediante la construcción legal y social de los llamados «inmigrantes irregulares», diferenciándolos de los «regulares» y dotándolos de distintos derechos dependiendo de esta situación. Con la ilegalización de toda migración que quede fuera de los requisitos administrativos exigidos por esta norma, se reduce el migrante a la condición de mera fuerza de trabajo, convirtiéndolo en destinatario idóneo de determinadas prácticas de control (como las conocidas redadas basadas en los perfiles étnicos), poniendo en entredicho sus derechos humanos y convirtiéndolo en objeto de discriminación.
Las políticas de control y selección de flujos migratorios encuentran su legitimación en la cada vez más habitual criminalización de las personas migrantes. Titulares incriminatorios en medios de comunicación, discursos xenófobos por parte de partidos políticos de extrema (y no tan extrema) derecha, redadas policiales que lo único que hacen es estigmatizar personas y barrios enteros... En definitiva, se trata de toda una maquinaria de orientalización (es decir, de construir al migrante como salvaje, ilegal, inintegrable, incluso terrorista potencial) para poner en marcha estrategias, discursos y herramientas de gobierno de la movilidad humana a nivel global.
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