El pasado mes de abril viajamos a la Frontera Sur (Nador, Melilla, Tánger, Ceuta) para conocer, de primera mano, la situación de racismo en la frontera. Visitamos asociaciones que trabajan por los derechos humanos a los dos lados de la frontera, nos entrevistamos con periodistas y abogadas, conseguimos testigos de personas que viven bloqueadas en la frontera. Y la conclusión a la qué llegamos es que, por mucho que Ceuta y Melilla pertenezcan a la UE, como territorios españoles que son, por mucho que Marruecos sea un país “amigo” con el cual el Estado español y la UE tienen trato preferente, todas las actuaciones que tienen que ver con los flujos migratorios que circulan constantemente por aquellos territorios, están regidas por la ley de la fuerza y la arbitrariedad.
La ciudad de Nador, a tocar con la frontera melillense, tiene una legislación de excepción que permite actuar con la máxima impunidad a las fuerzas de la orden. Las llamadas “fuerzas auxiliares” de la policía de Marruecos actúan de forma represiva contra las personas desplazadas, sin ningún tipo de control. Hay testigos que nos explican agresiones a personas devueltas «en caliente» para que no vuelvan a intentar saltar la valla, incendios y desmantelamientos de los asentamientos del Gurugú para obligar a quienes vivían a alejarse. Las personas negras no pueden salir de sus refugios por miedo a ser apaleadas por bandas armadas que actúan impunemente, ante los ojos de la misma policía.
Según el AMDH (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), Nador es una ciudad militarizada y los subsaharianos saben que si los detienen los encerrarán en un centro de internamiento para expulsarlos en autobuses o avión a otros países africanos, o a las puertas del desierto. Y estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 personas, entre hombres, mujeres y criaturas, muchas de las cuales tendrían derecho a acogerse a la protección internacional si se cumpliesen las leyes, sea porque huyen de territorios en conflicto, sea por motivo de persecución política, por orientación sexual, por violencia de género, en definitiva, por causas que la Convención de Ginebra contempla como susceptibles de demanda de asilo*.
Por la frontera de Beni Nzar, que separa el Nador melillense, también han pasado unos 5.000 sirios, según nos informa el portavoz de la AMDH. Se trata de personas que huyen de un país en guerra y, por lo tanto, se tendrían que poder acoger a la protección internacional subsidiaria, tal como marca la ley; pero si han conseguido cruzar este paso es porque la mayoría ha tenido que pagar miles de euros a traficantes, marroquíes y españoles. La cantidad de dinero que se mueven alrededor de la frontera (construcción de las vallas, control de la frontera, comercio “atípico” –que es como se denominan el pequeño contrabando- actividades mafiosas, sobornos a los vigilantes de frontera, etc.) es tan grande, que te das cuenta de las razones por las que nadie pone remedio a la situación: el negocio es el negocio y que la mercancía sean seres humanos es totalmente secundario.
Es por eso que muchas de las asociaciones basadas en Marruecos con activistas, a menudo de origen extranjero, tienen que trabajar de forma casi clandestina, si no quieren ser clausuradas o expulsadas del territorio marroquí. Los activistas marroquíes tienen dificultades para trabajar dado que son muy controlados por el régimen. Ni siquiera organismos internacionales, como ACNUR, pueden hacer gran cosa: su función es bien limitada y su efectividad, más que dudosa, depende exclusivamente de la voluntad de las personas que trabajan.
Tanto en Ceuta como en Melilla, las oficinas para poder pedir asilo y pedir información, son ya en territorio español, es decir, que sólo pueden acceder aquellas personas a quienes ya se ha permitido previamente cruzar la frontera. No hace falta decir que estas oficinas están vacías en todo momento. Y las que piden asilo en Melilla obtienen una “tarjeta roja” valida sólo para el espacio territorial de aquella ciudad: otra irregularidad administrativa que contraviene la legislación vigente.
Pero la situación de las mujeres y los menores no acompañados (MENAS) fueron las realidades que nos impactaron más. El relato de algunos miembros de organizaciones civiles, que nos piden no dar su nombre por miedo a represalias, nos explicaban que si una mujer quiere llegar a Europa lo tendrá que pagar con su cuerpo de una manera u otra. Violaciones, prostitución, maternidades interrumpidas o forzadas -porque pasar la frontera embarazada o con un bebé puede ser garantía de acogida- eran, según explicaban, las situaciones a las que se enfrentan.
Los menores no acompañados tampoco se salvan de esta vulneración constante de derechos humanos. Muchos se encuentran por la calle, vestidos con harapos, pidiendo comer... tanto en Marruecos como Ceuta. Según nos explicaron, en esta ciudad, no hay ningún albergue para personas sin recursos y muchas criaturas no están escolarizadas porque a la mayoría de personas procedentes del Marruecos se les niega el padrón, con todos los derechos vinculados como la sanidad, con el pretexto de la administración de evitar un supuesto «efecto llamada» y atendiendo a la presión de sectores sociales de «limpiar Ceuta».
Pero también encontramos gestos de solidaridad, no sólo de las asociaciones, que a menudo se juegan la piel, sino también de la población. Cómo en los alrededores de Nador, que proporciona agua, comida y electricidad (imprescindible para poder recargar los teléfonos móviles), a las personas de los asentamientos, donde no está cubierta ninguno de estas necesidades básicas.
Por suerte, si personas como José Palazón nos ayudaron en su momento a abrir los ojos sobre el que está pasando en la última frontera europea, cada vez son más las asociaciones que, como la nuestra, hemos decidido ir a comprobarlo para poder denunciar con conocimiento de causa. Nosotros tenemos todavía la voz que se niega a las personas desplazadas; y tenemos el deber de no callar si no queremos ser cómplices de tanta ignominia.
*A pesar de que la Convención de Ginebra (1951) no habla de forma explícita de orientación sexual o de violencia de género, se han informado positivamente muchas solicitudes por estas causas entendiendo que se trata de “pertenencia a un grupo social particular”.
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