El pasado viernes 20 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley para la Reforma del Código Penal. Estamos ante una nueva reforma de la Ley más veces modificada en la “democracia” del Estado Español a golpe de populismo punitivo. Entendemos el populismo punitivo como el conjunto de procesos de construcción de discursos populares, mediáticos y políticos que ensalzan el endurecimiento del Cógido Penal conduciendo a reformas endurecedoras de la legislación penal que suponen retrocesos en el sistema de derechos y libertades, a la vez que dan votos a sus promotores.
La presente reforma introduce penas y medidas que hace años se lograron desterrar del sistema penal del Estado español. Dos son las principales. El Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable para toda una serie de delitos graves. Lo que planteamos aquellos que nos oponemos a esta introducción de una cadena perpetua adaptada “formalmente” a los cánones establecidos por el Consejo de Europa es que se trata de una pena absolutamente contraria a los principios que deberían inspirar el sistema penal, ya que busca apartar indefinidamente a personas, en lugar de perseguir su reinserción. Asimismo, consideramos que es absolutamente retrógrado y contrario a los Derechos Humanos que un Estado se dote del poder de privar de libertad indefinidamente a una persona. Además de la introducción de dicha pena, el proyecto de Código Penal de Gallardón introduce la figura de la libertad vigilada, que permite que los jueces impongan un período que puede ir desde los 3 a los 5 años, prorrogables, en los que las personas, una vez hayan cumplido la pena, pueden verse sometidas a una serie de medidas de vigilancia y control. Medidas como podrían ser la prohibición de asistir a manifestaciones en el caso de un condenado por un delito contra el orden público. Esta figura, introducida en base a criterios inocuizadores propios de un sistema penal incapacitador, supondrá una restricción absoluta de derechos y libertades más allá del cumplimiento de una pena privativa de libertad.
Tras esta introducción pretendo centrarme en cuáles son las principales modificaciones del Código Penal que suponen una mayor criminalización de la pobreza y de la protesta, en pleno contexto de crisis y de auge de la conflictividad social.
En lo que respecta a la pobreza cabría destacar que esta reforma elimina las penas de faltas, multas que se imponían a las conductas más leves y que no generaban antecedentes penales. La mayor parte de acciones que con el Código anterior se sancionaban con falta, ahora pasaran a ser sancionadas con delitos leves. Esto upone que en la mayor parte de los casos las penas-multas serán mayores, y que además generarán antecedentes penales.
Cabe destacar que tras años de lucha por conseguir que la actividad conocida como el top manta dejara de ser un delito, con el proyecto del gobierno pasaría a estar sancionada como un delito leve con una pena de 1 a 6 meses de pena-multa o de 31 a 60 días de Trabajos en Beneficio para la Comunidad. Dicha medida, que supone desandar el camino andando -ya que tras años de lucha se logró despenalizar dicha actividad- supondrá muy probablemente que un mayor numero de manteros vuelvan a las prisiones al no poder pagar las sanciones económicas y que las condenas les generen antecedentes penales, lo que añadirá una dificultad enorme a su proceso de regularización, facilitando al mismo tiempo su expulsión.
En lo que respecta a los hurtos, es decir, a la actividad de sustraer alimentos en un supermercado, una cartera... sin que medie violencia ni intimidación, hay que subrayar que el gobierno ha introducido una peligrosa clausula que indica que si el juzgador considera, otorgándole un amplio margen de arbitrariedad, que la persona es un “profesional” podrá ser condenado a una pena de 1 a 3 años, sin importar el valor del objeto sustraido. Esta clausula, sin duda alguna, se ha introducido como resultado de años de campañas mediáticas populistas contra los peligrosos carteristas del metro, los peligrosos ladrones de cobre o los peligrosos ladrones de papel y cartones, generando una sanción absolutamente desproporcionada.
Entrando ya en cómo afectará la reforma a quienes participen en protestas sociales, conviene resaltar varios aspectos. En primer lugar, se introducen dos artículos dirigidos a sancionar las acciones de la PAH y otros movimientos sociales en entidades bancarias, ya que se sancionará con penas-multas a quienes entre en entidades privadas o públicas y alteren su funcionamiento, o a quienes no se vayan cuando llegue la hora del cierre. Por otro lado, define de una manera más amplia y arbitraria la conducta de atentado a la autoridad, y eleva desmesuradamente las penas de desórdenes públicos en el caso de que tengan lugar en una manifestación, con penas de 1 a 6 años. Asimismo, al desaparecer la falta de desobediencia o desórdenes leves, esta conducta pasa a ser también un delito leve. Por último, sanciona a aquellos que convoquen por internet movilizaciones en las que pudiera haber actos de violencia.
Este proyecto de reforma del Código Penal, que en las próximas semanas comenzará su tramitación parlamentaria, supone un grave retroceso para nuestro sistema de derechos y libertades. En este artículo tan sólo mencionamos alguno de los cambios más graves tras un primer y profundo análisis tras el cual muchos nos estamos quedando estupefactos, ya que conocemos las consecuencias que todo esto tendrá. Consecuencias que deberían analizar y tener en cuenta aquellos que en medios de comunicación, en tertulias de bar y en sus discursos políticos hablan de la prisión y del sistema penal en base a prejuicios y tópicos absolutamente lejanos a la realidad.
En las próximas semanas somos muchas las personas y colectivos que pensamos proponer actos y movilizaciones contra un proyecto de Código Penal propio de un sistema cada vez más autoritario que busca mantener el status quo y los privilegios de las élites políticas, financieras y empresariales. Por mucho que pretendan criminalizar la protesta cada vez seremos más las personas que estaremos ocupando entidades públicas y bancos para exigir la dación en pago o que no se privatice la sanidad y la educación; las que seguiremos saliendo a las calles de manera desobediente frente a un gobierno ilegítimo y las que seguiremos haciendo uso de las redes sociales para convocarnos en la protesta y en la crítica del mal gobierno.
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