La creación de un grupo de participación sobre tarifas del transporte público en el Ayuntamiento de Barcelona ha servido para poner sobre la mesa diversos condicionantes de nuestro modelo tarifario, así como la necesidad de hablar de este tema con regularidad, más allá del cambio de tarifas de cada fin de año, creando espacios participativos donde socializar y compartir criterios.
No debería escaparse que el hecho de que tres administraciones, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana, tengan que sentarse en una mesa cada año para negociar cuánto van a aportar al sistema de transporte público y cómo va a afectar eso a las tarifas es, cuando menos, un mal método para la financiación de un servicio básico, que registra alrededor de novecientos millones de viajes anuales. Un método que resultaría impensable, por ejemplo, en el caso de la sanidad o la educación.
El transporte público es uno de los pilares del estado del bienestar, y sin embargo nunca ha gozado de unas aportaciones suficientes por parte de las administraciones públicas ni de un marco financiero estable. Al igual que otros servicios básicos, ante una financiación pública insuficiente, arrastrada durante años, se ha visto abocado a depender en exceso de la deuda privada, sujeta actualmente a un plan de refinanciación draconiano en manos de las entidades financieras. El plan tiene como objetivo recuperar la financiación que no se aportó durante años, ya sea por la vía, ahora sí, de la aportación de las administraciones, o bien por la subida de las tarifas.
La política tarifaria no ha sido, ni mucho menos, ajena al avance de la agenda neoliberal de los últimos años, que han servido para profundizar en un modelo donde los usuarios cargan cada vez más con los costes del sistema, a partir de la tarifa que pagan cada vez que compran un título de transporte. De ninguna forma podemos dejar que esto siga pasando.
Recordemos que la mayor subida del transporte público se produjo en plena crisis y que la financiación del Estado al sistema ha pasado de 200 millones de euros en 2010 a poco más de 98 en los presupuestos de este año, aprobados el pasado viernes en el Consejo de Ministro. Revertir esta situación y esta estafa es todo un reto en términos de justicia social y ambiental.
La ley catalana de financiación del transporte público, un instrumento inexistente hasta ahora, y que ha sido aprobada durante la última legislatura y por unanimidad (lo que constituye, por sí mismo, una singularidad) es la oportunidad y el marco financiero necesario a partir del cual desarrollar una política tarifaria coherente y justa. Pero para que se haga realidad necesitamos, además del desarrollo de instrumentos legales, administraciones comprometidas y ciudadanía activa que acompañe la consecución de este compromiso.
Este año hemos congelado tarifas y avanzado en tarificación social. El impulso del gobierno municipal a estas medidas ha sido determinante. Pero no es suficiente. Hoy tenemos un acuerdo de mínimos, en el que hay que profundizar en los próximos años. La necesaria reducción de los niveles de contaminación en el área metropolitana de Barcelona y la mejora de la calidad de vida en nuestras ciudades se impone en la agenda. Para ello, si queremos que el transporte público sea un medio aún más utilizado en nuestras ciudades, y que tenga una oferta competitiva y de calidad, necesitamos, de forma ineludible, un marco tarifario atractivo para los usuarios y mejores tarifas sociales, es decir, intuitivas, sencillas y baratas.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
